Por Ana Báez |
Madrid (EFE).- “Queremos justicia para las mujeres mayas”, asegura la activista mexicana Fabiola May Canul, coordinadora y una de las once integrantes del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (CADIN), organización que trabaja en el estado de Yucatán en la prevención y la atención a las víctimas de la violencia de género.
May Canul recogió recientemente para CADIN en Madrid el Premio Bartolomé de las Casas, que otorga la Secretaría española de Estado de Cooperación Internacional y la Casa de América a quienes trabajan por el entendimiento y la concordia con los pueblos indígenas de América.
Actualmente la organización civil, fundada en 1997, trabaja en un proyecto en ocho municipios de Yucatán destinados a informar y capacitar a las mujeres sobre sus derechos y cómo defenderlos.
Desde 2016 forma parte del proyecto Red de Promotoras Mayas de Justicia, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia comunitaria de las mujeres que viven violencia en ese estado de México.
“La problemática más visible es el acceso a la Justicia, hay muchas mujeres mayas que viven violencia y la mayoría decide no denunciar”, explica la mexicana en una entrevista con EFE.
La falta de intérpretes, un obstáculo para las mayas
May Canul detalla los principales obstáculos dentro del proceso judicial: la dependencia económica con la pareja, el no saber leer ni escribir y la falta de certificación de intérpretes son las razones que desmotivan a la víctima para emitir una denuncia.
“Hay mujeres que sí denuncian”, señala, pero reconoce que “las fiscalías les dan muchas vueltas, pues son muchas horas las que esperan y se enfrentan al obstáculo de no contar con un intérprete y traductor en lengua maya”.
May Canul llegó a CADIN hace 14 años buscando un trabajo, pero también para “llenar ese vacío” que tenía desde que abandonó sus estudios por “situaciones económicas y de violencia”.
“Nosotras buscamos reuniones con las autoridades nacionales e internacionales, canalizamos casos de violencia, sumamos esfuerzos para dar a conocer las leyes, los derechos de las mujeres, pero también aprendemos esto para saber cómo cambiar las cosas que no funcionan”, añade.
La activista obtuvo su certificado como intérprete en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), pero en las fiscalías de Yucatán le prohíben ejercer su profesión y solo le dejan ir de acompañante.
“Yo he sido intérprete en el área de salud, porque en el de Justicia no te dejan”, señala y explica que en CADIN hay otras tres intérpretes a quienes en las instituciones de justicia se les dice que sus documentos “no son válidos”.
La “discriminación” de las autoridades
La yucateca denuncia la conducta “discriminatoria” de las autoridades y su falta de respuesta, no solo en lo referente a la lengua también frente a otros muchos obstáculos que encuentran en el camino.
“Nosotras no podemos quedarnos con esas negativas”, asegura May Canul, y por eso desde CADIN han logrado “alianzas” con el Congreso mexicano, las universidades de la región y la organización feminista Equis Justicia para las mujeres.
Además de las colaboraciones externas, la líder destaca que “aprende todo el tiempo de sus compañeras del centro”, porque trabajar como mujer el tema de la violencia en las comunidades indígenas “no es fácil”.
“Te catalogan como la mujer que separa familias, piensan que solo estás perdiendo el tiempo o que si trabajas en CADIN no debes vivir violencia y, si es así, es una vergüenza vivirla, cuando nadie está exenta a ella”, agrega.
A pesar de las dificultades, May Canul afirma que “le llena lo que hace”, porque hay mujeres en su comunidad que no denuncian, pero “ya conocen sus derechos y saben poner límites a la violencia”.
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