Más de 100 profesionales miembros de la comunidad científica de Guatemala firmaron un comunicado en el cual condenan la desestabilización del proceso electoral y piden la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.
“Como comunidad científica nos hemos articulado alrededor de la defensa de la democracia y la esperanza. Hoy nos unimos para exigir el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 25 de junio del 2023”, expresa el escrito.
De esta cuenta, exigen que se respete el Estado de derecho y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), por lo que exhortaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a mantenerse firme ante los “espurios actores públicos que pretenden atentar contra su autonomía”.
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En esta línea, condenaron la intervención de cualquier sector, público o privado, que intente desestabilizar el proceso electoral, debilitando aún más la “frágil democracia” y solicitaron la renuncia del jefe de la FECI, así como de las fiscales Leonor Morales Lazo y Cinthia Monterroso, además de la dimisión de la Fiscal General y el juez Orellana.
A su vez, rechazaron categóricamente las acciones, que califican de ilegales, por parte del Organismo Judicial (OJ), el cual consideran que, “busca amedrentar y perseguir políticamente a cualquier opositor con fines partidistas, contrario a la separación e independencia de poderes y de las previsiones del Estado de derecho”.
PIDEN APOYO
De la misma forma, los científicos exigieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) cumplir con su deber de proteger el orden constitucional, y garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas, entre ellos el de elegir representantes.
Al presidente Alejandro Giammattei y al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, pidieron manifestarse públicamente, ejercer sus funciones de manera digna y velar por el Estado Constitucional de Derecho y la democracia.
En el texto, los profesionales de distintas disciplinas solicitan a sociedad civil unirse el próximo 24 de julio al “paro nacional”, con el fin de demandar un proceso electoral independiente y transparente. “Es nuestro deber como profesionales denunciar cualquier acto autoritario, antidemocrático y corrupto”, concluyeron.
El documento lo firmaron un total de 134 profesionales.
EL CASO CONTRA SEMILLA
Por la tarde del pasado 12 de julio, el TSE informó que oficializaría los resultados electorales de la segunda vuelta electoral por la Presidencia entre Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sin embargo, previo a ello, el jefe de la FECI, dio a conocer que el juez Orellana suspendió provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
Posteriormente, el TSE oficializó los resultados electorales, y con ello, llamó a la segunda vuelta electoral, pero el anuncio de Curruchiche creó incertidumbre sobre el desarrollo del proceso electoral, por lo que Semilla interpuso un amparo ante la alta Corte.
Por la mañana del 13 de julio, la Fiscalía allanó las oficinas del Registro de Ciudadanos, de donde extrajo documentación del Movimiento Semilla, mientras que, por la tarde de ese mismo día, el Tribunal Constitucional amparó a la agrupación política, con lo cual resolvió dejar en suspenso la orden del juez Orellana.
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Pese a la orden de la CC, la FECI continuó los operativos sobre la investigación contra Semilla, buscando ejecutar una orden de aprehensión contra la subdirectora Registro de Ciudadanos, Eleonora Noemí Castillo Pinzón, así como contra Cinthya Alejandra Rojas y Jaime Gabriel Gudiel, integrante y exintegrante de Semilla, además, de realizar un allanamiento en la sede del partido político.
Por ello, el TSE interpuso un amparo ante la alta Corte, con lo cual buscaba que los Ministro de Gobernación, Finanzas y Defensa, así como la Fiscal General, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el PDH y el Procurador General de la Nación (PGN) se limitaran a emitir resoluciones que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral, pero el Tribunal Constitucional rechazó esta acción, ya que recordó que amparó el 13 de julio a Semilla.
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