Este 26 de diciembre, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la liberación de la ex fiscal anticorrupción, Virginia Laparra, en un plazo de cinco días y de esa cuenta podrá salir de prisión luego de permanecer 1 año y 10 meses privada de libertad.
Los procesos contra la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) son considerados una persecución política derivado de su trabajo contra las mafias y redes políticas del país centroamericano. Incluso Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia en 2022.
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CESE DE ENCARCELAMIENTO
El fallo de la recién electa Corte Suprema ordena al Tribunal Octavo de Sentencia Penal, quien la condenó en diciembre pasado, que otorgue una medida sustitutiva a Laparra para el “cese de su encarcelamiento”.
Laparra enfrenta un segundo proceso penal, en donde ya le fue otorgada una medida sustitutiva. Por lo tanto, podrá abandonar el centro carcelario Mariscal Zavala, ubicado en la ciudad de Guatemala.
“Se ordena al Tribunal Octavo que ejecute el presente auto, conforme a lo aquí considerado, dentro del plazo de cinco días, una vez recibidas las actuaciones, siempre y cuando no esté privada de su libertad en otro proceso, a cargo del mismo Tribunal o de otro órgano jurisdiccional de materia penal o especializado”, sostiene la resolución.
NUEVA CSJ FALLÓ A FAVOR
La antigua Cámara Penal no entró a conocer la solicitud de Laparra cuando estuvo liderada por Josué Felipe Baquiax y los ahora exmagistrados vocales Delia Dávila y José Antonio Pineda Barales, quienes entregaron el cargo en noviembre, luego de que el Congreso de la República eligiera nuevos magistrados de la CSJ.
Sin embargo, la recién electa Corte Suprema otorgó la libertad a Laparra. La Cámara Penal ahora es presidida por Gustavo Morales y los magistrados vocales Jorge Tucux, René Girón y Benicia Contreras.
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SOBRE LAPARRA
El Ministerio Público (MP) dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, inició una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunciara a Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y ahora presidente del Mecanismo contra la Tortura en Guatemala, por supuestas irregularidades en la gestión de un caso.
Castellanos explicó durante el juicio que se desarrolló en contra de Laparra, que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad, por considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.
De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza Oly González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. La sentencia fue señalada de forma nacional e internacional como «sin fundamento legal».
El pasado 4 de enero, Laparra fue ligada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial de un caso, cuando fungía como titular de la FECI en Quetzaltenango.
La denuncia también fue interpuesta por Castellanos, y por ese caso le fue concedida una medida sustitutiva consistente en arresto domiciliario.
El presidente del Mecanismo contra la Tortura en Guatemala fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos al incluirlo en la Lista Engel, que reúne a supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, El Salvador y Honduras.
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