Pocas veces en la historia se ha visto un mandato popular claro como el que recibió en las urnas Bernardo Arévalo en agosto pasado; la ciudadanía, harta del robo persistente de los recursos públicos y del deterioro que ello ha causado al país, votó por un candidato que se centró en cuestionar ese modelo de corrupción. Como gran paradoja, debemos decir que así como fue de claro ese mensaje de los guatemaltecos ha sido la resistencia a admitirlo en un empecinamiento absoluto del Ministerio Público, con Consuelo Porras y Ángel Pineda a la cabeza, quienes no están dispuestos a investigar ninguno de los casos en los que resulten implicados Giammattei, Martínez y su muy amplia compañía.
Han ido saliendo a luz detalles de acciones cuestionables, como el chorro de dinero que se gastó en el Micivi durante diciembre y la primera quincena de enero, la cantidad de plazas otorgadas como parte de las componendas entre los actores de ese absoluto control del Estado para generar tanto negocios como impunidad. Los megaproyectos deben ser fiscalizados y lo mismo pasará con compras como las del Aeropuerto La Aurora y tantas otras dependencias del Estado que durante los últimos años cayeron en abandono porque los funcionarios únicamente se preocuparon por hacer negocios.
Pero todo el mandato, y el esfuerzo que debe hacer el gobierno para romper ese entramado de corrupción, se ve cuesta arriba porque sin un órgano de investigación penal que proceda a tramitar con profesionalismo y legalidad las denuncias que vayan surgiendo, imposible actuar para buscar la verdad y sentar los precedentes necesarios para enderezar el rumbo del país. Ninguno de los funcionarios del gobierno anterior tiene alguna pena porque todos saben que mientras sus protectores estén al frente del Ministerio Público no tendrán que enfrentar la justicia ni rendir cuentas por los abusos cometidos y el enriquecimiento alcanzado.
No se trata de péndulos, se trata de justicia y se trata incluso de abrir vías para aquellos que quieren salirse de la arena de la corrupción y que están dispuestos a hacer lo necesario para que se fortalezca el Estado de Derecho y la institucionalidad.
El Ministerio Público seguirá ocupado en procesar en el marco de la Ley Contra la Delincuencia Organizada a quienes se le dé la gana, contando con la complicidad de jueces que declararán la muerte civil de personas jurídicas simplemente porque se les ronca la gana, ya que el régimen de legalidad fue destruido para garantizar impunidad a los ladrones y castigo a los que los critican.
La situación es mucho más seria de lo que parece porque, al final, resulta siendo una burla a la voluntad de la ciudadanía guatemalteca expresada en las urnas; no pudieron anular las elecciones y concretar el Golpe de Estado contra la nueva autoridad electa, pero siguen teniendo el poder de frenar las investigaciones tan necesarias, colocando a Guatemala en una crítica situación.
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