Son dos investigaciones del Ministerio Público (MP) en las que figura el nombre del sancionado expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, señalados de enriquecerse ilícitamente, pero que a la fecha se mantienen sin avances. El ente investigador no ha presentado antejuicio en contra de Giammattei, quien goza de inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, para así iniciar una pesquisa formal.
En el caso de Martínez, quien no goza de ningún fuero, aún no ha sido citado a primera declaración ni existe una orden de aprehensión en su contra.
La Hora consultó con analistas sobre los beneficios que ambos han recibido por parte del MP de María Consuelo Porras y apuntan a qué la justicia debe ser pronta y cumplida, sin excepción alguna para todos los guatemaltecos.
DOS INVESTIGACIONES
El pasado 7 de junio, un medio de comunicación afín dio a conocer que el MP había recibido una denuncia en contra de Giammattei y Martínez en abril pasado. Tras meses de asegurar que no constaban denuncias en contra de los exfuncionarios, el ente investigador confirmó la existencia de una. La Hora después reveló una segunda investigación. Ambas están asignadas a la Fiscalía contra la Corrupción.
«La justicia debe ser pronta y cumplida, porque si no no hay un Estado de derecho (…) Es importante tener un sistema judicial donde todos seamos iguales ante la ley», refiere María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), al ser consultada sobre los dos casos antes descritos.
Aceña asegura no tener la bitácora de los casos para poder opinar sobre los tiempos con los que el MP ha diligenciado las investigaciones y asegura que en otros países existen herramientas para poder fiscalizar los casos. «Aún no tenemos eso en Guatemala, es otro déficit», refirió.
«Queremos que la justicia sea igual para todos y especialmente en los temas de corrupción. La gente ya está harta, pero resulta que después de toda la que se ha dado en todos los años no hay ni un caso y se supone que el Ministerio Público tienen un proceso para analizar y en poco tiempo tener resultados. Hay que exigir entonces que los presenten y digan en qué etapa están», concluyó.
OLVIDO DEPENDE DE VARIOS FACTORES
— ¿Considera que la población olvida a Martínez y Giammattei por la indiferencia del MP en tramitar sus casos? — «El olvido depende de muchísimos factores y no solo de que el Ministerio Público le baje el perfil a las investigaciones o qué simplemente no haga investigaciones», explicó Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, a este diario.
Ibarra indicó que la población se encuentra muy preocupada de su sobrevivencia diaria, como obtener ingresos, y de esa cuenta la opinión pública que forman segmentos de población que tienen mejores condiciones económicas y sociales van ocupándose en otros asuntos. «No los olvidan, ponen su atención en otros asuntos. Lo vimos en las manifestaciones de 2015 (con la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti)».
La experta recuerda que las movilizaciones de 2015 se dieron en un contexto de mayor libre expresión, a diferencia del gobierno de Giammattei, en donde hubo represión policial a los manifestantes. «El olvido no se da solo porque Consuelo Porras lo esté protegiendo. Es evidente que el MP no tiene ningún interés en activar casos contra Giammattei, Martínez u otros gobernantes».
Para Ibarra el panorama de investigar al expresidente no se ve cercano y sostuvo que en todo caso emprenderá acciones si es que busca reelegirse como fiscal general para un tercer período al frente del ente persecutor, cuando necesite limpiar su imagen. «Ahora su cruzada es contra el binomio presidencial de Bernardo Arévalo, Karin Herrera y del partido Movimiento Semilla», subrayó.
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¿DOBLE RASERO?
La ofensiva de la fiscal general contra funcionarios del gobierno central se mantiene. Son cuatro funcionarios y dos exfuncionarios de Arévalo a quien el MP tiene en la mira y varias solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente pesan. En paralelo, las investigaciones contra Giammattei y Martínez se mantienen sin avances.
«Desde la perspectiva externa, podría decir que no se ve que el Ministerio Público, al igual que lo ha hecho en otros casos, informe mediáticamente sobre el avance de los casos que se dice se han presentado contra las citadas personas, lo que hace suponer que la investigación la podrían estar haciendo sin algún interés en querer esclarecer los hechos denunciados o quizá con la intención de desestimar los casos», destacó Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Para el profesional del derecho, el no informar sobre los casos y no presentar avances en la investigación «no solo los beneficia a ellos, sino que afecta al pueblo de Guatemala, porque no se le da una respuesta clara a través de la investigación realizada, de que pasó en esos casos».
«Por otro lado, mediáticamente, tampoco se ha apreciado que el Ministerio Público haya o esté investigando hechos delictivos que pudiesen haberse cometido por funcionarios de la administración pasada o antepasada y que tengan en su conocimiento ya sea por denuncia o de oficio», refirió sobre los gobiernos de Giammattei y Jimmy Morales.
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