La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) concentra al menos nueve investigaciones que hacen mención del nombre del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez. La misma unidad que ya desestimó dos denuncias de presunta corrupción en contra del exmandatario, ahora realiza las averiguaciones para así dar el primer paso para investigar a Giammattei: solicitar el retiro de su inmunidad.
Giammattei y Martínez fueron sancionados por EE. UU. en diciembre y enero pasado respectivamente por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”. Pese a ello, la Fiscalía guatemalteca los libró de dos denuncias penales a través de la desestimación de las mismas que los apuntalaban de supuestamente enriquecerse ilícitamente con la ayuda de funcionarios públicos.
El MP, que dirige María Consuelo Porras, ha sido señalado por diversas organizaciones nacionales e internacionales de ser inoperante en el combate de la corrupción y, en cambio, mantener una persecución selectiva contra operadores de justicia, activistas y periodistas que han develado el accionar reñido con la ley de varios jueces y fiscales para favorecer a diferentes actores pro sistema.
NUEVE MENCIONES, CERO AVANCES
El pasado 23 de octubre, La Hora dio a conocer que el MP cuenta con nueve casos en donde se hace “mención” del nombre de Giammattei y Martínez de ser copartícipes en actos delictivos. Si bien, no se trata de investigaciones directas, ambos estarían implicados. Un mes después, el secretario general del MP y mano derecha de Porras, Ángel Pineda, confirmó en una conferencia de prensa las pesquisas.
La Fiscalía contra la Corrupción, que lidera Raúl Figueroa, ha beneficiado al expresidente Giammattei en dos ocasiones. La primera fue la desestimación del caso Alfombra Mágica, en donde se le señalaba de presuntamente recibir una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
El segundo beneficio más reciente fue la desestimación de la denuncia que el excandidato a la presidencia, Roberto Arzú, presentó contra el exmandatario, Martínez, particulares y exfuncionarios de su gobierno por supuestamente conformar «una supuesta estructura destinada a saquear al Estado y enriquecerse de manera ilícita a través de contrataciones de obras públicas y servicios».
Los nueve casos están relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos y de esa cuenta el secretario general dijo que el artículo 10 de la ley contra dicho ilícito, no permite dar información de los expedientes. Cabe destacar que la reserva de los casos, se ha convertido en la norma del MP para desarrollar investigaciones que incluso no encuadran en dicha ley con el fin de tramitar los procesos bajo la sombra, según distintos ex operadores de justicia.
En la Fiscalía Contra la Corrupción también labora el esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres. Ambos sancionados por el departamento de Estado de EE. UU. En el caso de la jefa del MP, también cuenta con 41 sanciones más por sus acciones antidemocráticas condenadas por la comunidad internacional de fraguar un intento de golpe de Estado para que el presidente Bernardo Arévalo no asumiera.
Durante su mandato, el expresidente Giammattei calificó a Porras como su “amiga” y salió en su defensa tras ser sancionada en 2023 por segunda vez por el gobierno estadounidense. Pese a los señalamientos, el exmandatario la eligió para permanecer al frente del MP por un segundo período consecutivo.
En septiembre de 2021, EE. UU. incluyó a Porras en su lista de “actores corruptos y no democráticos” después de que esta despidiera a Juan Francisco Sandoval, quien se desempeñaba al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y que había sido reconocido como un “Campeón Anticorrupción” por desarticular redes de corrupción incrustadas en el Estado.
LOS INDICIOS QUE PORRAS NO VE
Martínez fue sancionado el 1 de diciembre de 2023 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. con la Ley Global Magnitsky bajo señalamientos de aceptar sobornos a cambio de favorecer a contratistas del Estado. En consecuencia, todos los activos le fueron congelados y está vetado del país estadounidense.
«En 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco», precisó Washington.
Pese a los indicios, el MP, meses atrás, indicó a La Hora que no investigará a Martínez en el caso por el opaco contrato de la compra millonaria de vacunas Sputnik-V al Fondo de Inversión Directa de Rusia hasta que EE. UU. presente una denuncia formal.
El pasado 17 de enero, a tres días de dejar la banda presidencial, un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. confirmaba que disponen de “información fidedigna” que indica que el exmandatario “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato”.
La Fiscalía contra la Corrupción para 2021 tenía al menos una docena de casos en contra de Giammattei y personas afines a su Gobierno que no avanzaron. Lo anterior fue revelado por el exjefe de dicha Fiscalía, Stuardo Campo, en una entrevista con La Hora. Campo es considerado víctima de una persecución política a manos del MP de Porras por investigar al exmandatario y a la fecha guarda prisión por dos cuestionado casos.
Además, La Hora y otros medios de comunicación han señalado empresas que incrementaron sus ingresos por contratos con el Estado durante la gestión de Giammattei y que tienen vínculos con Martínez. Ese es el caso de la farmacéutica La Botica, una sociedad anónima que solo en lo que va de 2024 ha obtenido 242 millones de quetzales en licitaciones.
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