El juez de Extinción de Dominio, Jaime Delmar González, ordenó la devolución de un edificio vinculado al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, inmueble que albergaba la sede de la Alerta Alba Keneth. Tras cinco años bajo medidas cautelares, el juez, recientemente designado al juzgado, dejó sin efecto las restricciones sobre la propiedad, que ahora vuelve a estar en manos de la empresa Agropecuaria El Florido, S.A., vinculada a Sinibaldi.
Sinibaldi ha conseguido salir airoso en más de una ocasión. Permaneció prófugo durante cuatro años y se entregó en 2020, enfrentando cinco casos de corrupción en su contra. Tras tres años en prisión preventiva, recuperó su libertad, pasando menos tiempo encarcelado que como fugitivo. Ha logrado el cierre de los procesos en su contra, aunque algunas resoluciones aún están pendientes de quedar en firme.
Ahora, el beneficio más reciente para la empresa vinculada a Sinibaldi se centra en la devolución del edificio que anteriormente funcionó como la casa de campaña del desaparecido Partido Patriota, el cual llevó al poder al expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina. Desde 2019, el inmueble había sido utilizado como sede de la Unidad de Alerta Alba Keneth de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El levantamiento de las medidas cautelares, que mantenían el edificio bajo control de la PGN, fue solicitado por el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, sancionada por 42 países debido a sus acciones corruptas y antidemocráticas.
El bien inmueble, aunque volvió a manos de la firma vinculada a Sinibaldi, aún está pendiente de que el juez González emita una sentencia para determinar si fue obtenido de forma ilícita o no.
A FAVOR DE EMPRESA DE SINIBALDI
La audiencia se llevó a cabo el 30 de septiembre y 4 de octubre de 2024, en el nivel 13 del edificio de Torre de Tribunales. La diligencia estuvo a cargo del juez Jaime Delmar González, quien resolvió a favor de la compañía de Sinibaldi sin reparos, a diferencia de su antecesor, el juez Marco Antonio Villeda. Este último se opuso a levantar medidas cautelares sobre bienes del exministro en mayo pasado, según reportó Prensa Comunitaria.
El juez Villeda fue removido del Juzgado de Extinción de Dominio, tras 13 años al frente, por decisión de la Corte Suprema de Justicia presidida por Oscar Cruz. Durante su gestión, el juez ordenó el despojo de bienes vinculados al crimen organizado y a exfuncionarios que adquirieron bienes señalados de actividades ilícitas. Su trabajo puso contra las cuerdas a las fortunas de Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, Manuel Baldizón o el narcotraficante “Guayo Cano”.
Sin embargo, con la llegada del juez González, las dinámicas han cambiado, aseguran fuentes judiciales. Recientemente, resolvió que el exmagistrado Eddy Orellana conserve un apartamento valorado en Q2.9 millones, el cual le fue regalado por el abogado Sergio López Villatoro, conocido como «el Rey del Tenis», a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2014. Una fuente interna de la Fiscalía afirmó que las pruebas presentadas eran contundentes.
El fallo a favor de Agropecuaria El Florido, S.A. levantó las medidas cautelares sobre un edificio de grandes proporciones, adquirido en 2014 por Agropecuaria El Florido, S.A., una entidad vinculada al exministro. La propiedad se encuentra bajo investigación del MP y dichas medidas precautorias buscaban evitar que los bienes fueran ocultados, vendidos, gravados o transferidos.
Tras la decisión del juez González, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) instruyó a la PGN, responsable de la Unidad de Alerta Alba Kenneth, a entregar el edificio el 13 de enero de 2025. Así sucedió, según documentos oficiales a los que tuvo acceso La Hora.
EMPRESA VINCULADA AL «SIPI»
El edificio fue sometido a medidas cautelares en 2019, tras una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En aquel entonces revelaron el caso Construcción y Corrupción, señalando la existencia de una estructura criminal supuestamente liderada por Sinibaldi que se dedicaba a recibir sobornos a cambio de adjudicar obras dentro del ministerio que encabezaba.
Según las autoridades que presentaron el caso, a partir de múltiples denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Sinibaldi, alias «Sipi», como lo llamaba la exvicepresidenta Baldetti, se solicitó una serie de allanamientos en los que se halló documentación relacionada con diversas operaciones de negocios en Guatemala y otros países.
Según la investigación algunos de los sitios allanados, en particular bodegas, eran utilizados para resguardar documentación financiera. Las autoridades señalaban que existía manipulación de registros contables para simular actividades comerciales que generaban un importante volumen de dinero.
Derivado de estos hallazgos, se conformó un equipo de expertos financieros para reconstruir las operaciones y transacciones identificadas. Y ese análisis, según la pesquisa, permitió establecer el perfil financiero de las empresas, socios, clientes y, sobre todo, el engranaje operativo que las movía, lo que abrió nuevas líneas de investigación.
De esa cuenta, la FECI identificó posibles empresas de cartón que, mediante la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias provenientes de sobornos. Entre estas, se detectó que Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A., y Agropecuaria El Florido S.A. que según los investigadores estaban vinculadas a Sinibaldi y eran manejadas por una red de operadores.
CASO BAJO RESERVA
La Hora consultó a la Oficina de Información y Prensa del MP sobre los motivos para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares del edificio. Sin embargo, no brindaron respuesta, amparándose en que el caso se encuentra bajo investigación e invocando el artículo 314 del Código Procesal Penal, uno de sus argumentos más utilizados cuando evitan responder sobre un tema.
Además, informaron que la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó la reserva del caso, y el juez González aceptó dicha petición. De esa cuenta, ninguna de las partes involucradas en el caso puede brindar información.
EDIFICIO REGRESA EN MEJORES CONDICIONES, SEGÚN AUTORIDADES
La revocatoria del uso provisional del edificio se realizó a las 9:00 horas del 13 de enero pasado, según consta en el acta. La PGN entregó el inmueble de tres niveles, que cuenta con varios ambientes divididos con tablayeso, sanitarios, parqueo, dos depósitos para cisterna y un tanque hidroneumático.
Además, cuenta con luminarias, piso cerámico, ventanas cableado eléctrico, toma corrientes y apagadores. El edificio fue remodelado por la institución estatal durante los años en que la unidad operó en el lugar.
«Se encuentra en mejores condiciones que las que presentaba al momento de otorgarse el uso provisional a la institución. Cuenta con servicio de agua, el cual está pagado hasta el mes de noviembre de 2024», se lee en las observaciones del acta emitida por la Senabed.
La Unidad de Alerta Alba Keneth es el espacio encargado de recibir y analizar denuncias relacionadas con casos de niñez y adolescencia víctima de maltrato. Además, coordina y da seguimiento a las acciones de búsqueda, localización y resguardo de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o sustraídos.
Desde diciembre, tras ser notificados de la entrega del edificio, la unidad fue trasladada a la sede central de la PGN, ubicada en la zona 13 de la capital.
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