El MP está en un callejón sin salida, según analistas, por viaje con fines partidista a EE. UU.

El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, se encuentra en un callejón sin salida, según analistas consultados por La Hora, para justificar el viaje que dos de sus secretarios realizaron en enero pasado a EE. UU. en el marco de la toma de posesión del presidente Donald Trump con fines partidistas. Incluso, apuntan a una posible responsabilidad penal o administrativa aunque justifiquen tres posibles salidas.

Erick Schaeffer, primer subsecretario general, y Eduardo Mejía Calito, secretario de asuntos internacionales, viajaron a Washington la semana del 16 al 21 de enero pasado, según fotos difundidas en las cuentas institucionales del MP, en donde su mayor logro se centró en asistir a un evento público que Trump ofreció en el estadio Capital One Arena tras asumir el poder, además de un recorrido en las afueras de las oficinas de congresistas exclusivamente republicanos.

Pese a que las actividades partidistas que realizaron en EE. UU. no encajan dentro de las funciones del MP—promover la acción penal y dirigir la investigación de delitos de acción pública—persiste otra incógnita: ¿quién financió los boletos de avión, los viáticos y la entrada al evento al que asistieron?

Los registros de viajes internacionales del MP correspondientes a enero no reportan movimientos, y la institución sigue sin responder. Ni a través de la Ley de Acceso a la Información Pública ni mediante su equipo de comunicación social ha aclarado el origen del financiamiento. Según los expertos consultados, esto compromete su independencia, así como la transparencia del ente investigador. 

ANSIADA LLEGADA DE TRUMP

Porras está doblemente sancionada y vetada por EE. UU. desde 2021 por «socavar y obstruir investigaciones de corrupción» en el país centroamericano. Para 2023, 41 naciones del mundo más le prohibieron su ingreso al tildarla como un personaje antidemocrático por intentar llevar a cabo un golpe de Estado ese mismo año para que el actual presidente Bernardo Arévalo no asumiera la silla presidencial. 

Las sanciones estadounidenses fueron impuestas durante la administración del expresidente Joe Biden. Con la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado, expresó su confianza en que la situación cambiaría a partir del 20 de enero. La expectativa persiste dentro del MP, aunque el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, descartó cualquier revisión inmediata del tema durante su reciente visita a Guatemala.

El MP confirmó a varios medios de comunicación que Porras había sido invitada por el Partido Republicano de Florida a un evento tras la investidura de Trump. Al pie de la carta se leía que dicha invitación no había sido autorizada por ningún candidato del Partido Republicano, ni provenía del equipo oficial del presidente estadounidense.

En noviembre pasado se conoció que el Partido Republicano de Florida estaba organizando paquetes exclusivos para asistir a un evento tras la toma de posesión de Trump, ofreciendo dos niveles de contribución: Oro, con un costo de 15 mil dólares y Plata por 10 mil dólares. Cada paquete incluía beneficios diferentes, dependiendo de la categoría. 

Porras no viajó debido a su veto por parte de EE. UU., y en su lugar asistieron Schaeffer y Mejía Calito. El MP tampoco reveló quién financió los boletos de ambos funcionarios para acceder a una zona más exclusiva del Capital One Arena, donde presenciaron—aunque desde una ubicación lejana—el discurso de Trump y el espectáculo.

La Hora presentó una solicitud formal de información para conocer quién financió el viaje a Washington de los dos delegados del MP. Sin embargo, la respuesta oficial remitió a un sitio web donde no figura ningún desembolso del erario en enero. La administración de Porras se niega a proporcionar la información, mientras que el secretario general del MP, Ángel Pineda—también sancionado—no respondió mensajes a su teléfono.

PROCEDIMIENTO PARA VIAJES INTERNACIONALES

Mynor Melgar, ex secretario general del MP durante la administración de Claudia Paz y Paz, explicó que, para que un funcionario del MP salga del país en misión oficial, se requiere un nombramiento formal, generalmente emitido por la autoridad superior.

A partir de este documento, la Dirección Financiera se encarga del cálculo y entrega de los viáticos correspondientes, mientras que el Departamento de Compras gestiona la adquisición de los boletos aéreos.

Según Melgar, ese era el procedimiento establecido y, en principio, debería seguir aplicándose para las comisiones al extranjero. Al regresar, los funcionarios deben liquidar los viáticos, lo que implica acreditar que cumplieron con el nombramiento y presentar un informe escrito sobre la diligencia realizada en el extranjero.

En algunos casos, cuando un evento como un seminario o foro cubre los costos de movilización, alimentación y hospedaje, el MP solo otorga una cantidad de dinero para gastos menores, como transporte local, indicó. Sin embargo, en todos los escenarios, debe documentarse quién cubrió los gastos. «No es posible hacer viajes al extranjero sin que se documente si se usaron fondos propios o de alguna otra fuente», puntualizó Melgar.

«Es claro que esa documentación está ahí en los registros del MP porque de lo contrario existiría un hallazgo de la Contraloría General de Cuentas y de la auditoria interna», subrayó.

UN CALLEJÓN SIN SALIDA

Para Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, el MP se encuentra en un callejón sin salida en donde toda respuesta o justificación que dé podría tener una responsabilidad penal, civil o administrativa detrás. Los escenarios de quién pagó el boleto de avión se dividen en tres opciones: a, b y c. 

JUSTIFICACIÓN A

«Si el MP no está reportando los gastos, como ustedes publicaron, o no está documentado el desembolso de esos boletos de avión hay una sospecha de que un particular está pagando», dijo Ortiz de la opción A y aseguró que si lo financió un externo se compromete la independencia del MP porque «se busca un interés propio, podría haber muchas razones para recibir un beneficio a cambio», sostuvo. 

El Código Penal define como delito el cohecho pasivo (soborno) cuando «un funcionario o empleado público recibe dádiva o presente (regalo), o acepta ofrecimiento o promesa por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo, o por abstenerse de un acto que debiera practicar». Ortiz apunta a que, si lo pagó un externo, se pudo incurrir en la posible comisión de dicho delito.

JUSTIFICACIÓN B

El escenario b contempla la posibilidad de que el MP afirme haber autorizado la compra de los boletos. El constitucionalista señaló que la participación de funcionarios del MP en actividades políticas no encuadra dentro de sus funciones y entonces habría una responsabilidad de la persona que autorizó los viáticos, boletos y cualquier otro gasto. 

«Un político, por ejemplo: un diputado, un ministro puede ir a donde se le dé la gana con Javier Milei o Elon Musk, están en su derecho de participar. Si hablamos de un trabajador de la justicia hay códigos que los rigen, porque se supone que son apolíticos. 

Melgar recordó que la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 154, establece que «los funcionarios son depositarios de la autoridad y no pueden ejercer funciones distintas a las que les asigna la ley».

También apuntó que el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP refiere la «prohibición de participar en actividades de carácter público». Además, el artículo 10 del Código de Ética de la institución instruye al personal del MP a actuar en todo momento de acuerdo al interés social o colectivo sobre cualquier otra interés, entre ellos el «partidista».

JUSTIFICACIÓN C

La opción c, el MP podría argumentar que Schaeffer y Mejía financiaron por cuenta propia sus boletos, estadía y viáticos. «¿Qué hace usted cómo funcionario del MP usando dinero de su bolsa para una función pública? Eso tampoco se podría. No se puede tomar un avión costeado por los mismos secretarios y reunirse con un presidente extranjero», subrayó ante la posibilidad. 

«Ninguna de las respuestas a estas opciones los deja libres. Aquí alguien tiene que ir a la cárcel», concluyó Ortiz y preocupó que ninguna autoridad «haya puesto atención o denunciado el hecho».

En ello coincide el ex secretario general del MP, «un particular no puede pagar una comisión oficial, pues vulnera la objetividad que exige la ley en el actuar del MP» dijo Melgar.

MP GUARDA SILENCIO

La Hora consultó al secretario general del MP, Ángel Pineda, a través de un mensaje de WhatsApp sobre quién financió los boletos y por qué no figura esa información en el apartado de viajes internacionales. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. La misma consulta fue enviada a Juan Luis Pantaleón, asesor de Porras y exjefe de la Unidad de Información y Prensa, pero tampoco respondió.

Gustavo García Fong, analista del área jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explicó que «la función principal de las oficinas de acceso a la información pública es llevar un control de todas las actividades realizadas por la institución para cuando un ciudadano lo requiera». Sin embargo, este no es el caso del MP.

Respecto a la falta de transparencia sobre el financiamiento de los boletos de viaje, García Fong se mostró reservado. «No tengo todos los elementos para poder dar una opinión».

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