La jueza Abelina Cruz, señalada por favorecer a políticos y contratistas acusados de corrupción, resolvió mantener en prisión a Juan Arturo Jegerlehner, exabogado y exconcuño del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. En 2018, Jegerlehner reveló el presunto entramado ilegal en el que participó junto a Sinibaldi, del que también se benefició, y que derivó en el caso Construcción y Corrupción.
La decisión de mantenerlo en la cárcel fue resuelta por Cruz el pasado 8 de abril, durante una audiencia celebrada a puerta cerrada. Semanas antes, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), impulsó la revocatoria del arresto domiciliario concedido a Jegerlehner, tras presentar un oficio a la jueza con una publicación de la red social X de que este supuestamente había comprado un boleto de avión, insinuando un intento de fuga.
Jegerlehner fue colaborador eficaz de la antigua FECI, cuando la unidad era dirigida por Juan Francisco Sandoval. Esta figura legal permite que una persona sindicada proporcione información sobre un delito en el que participó como autor, coautor o partícipe. En su declaración, Jegerlehner confesó su rol en el entramado de corrupción y fue beneficiado, conforme a la ley, con no ir a prisión.

Entonces, la antecesora de Cruz, la jueza Erika Aifán, le impuso una multa de 100 mil quetzales, en concepto de donación a dos organizaciones, y la elaboración de un ensayo sobre la ética de los profesionales del Derecho en el ejercicio de sus funciones. Aifán y Sandoval se encuentran actualmente exiliados en Washington, tras ser perseguidos penalmente por el MP, dirigido por María Consuelo Porras, a causa de su labor en la lucha contra la corrupción, según han denunciado ambos.
LA JUGADA POR MANTENERLO EN PRISIÓN
Sin embargo, el panorama cambió para Jegerlehner con el regreso de Sinibaldi a Guatemala, tras permanecer este cuatro años prófugo. El exministro de Comunicaciones allanó el camino para recuperar su libertad y, como parte de su estrategia legal, logró anular los acuerdos de colaboración eficaz relacionados con el caso, incluido el de Jegerlehner. Una Sala de Apelaciones le dio la razón y, a partir de esa resolución, se reactivó la persecución penal contra su exabogado.
Con el caso nuevamente activado en su contra, Jegerlehner intentó acogerse a una salida similar a la de 2018: se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos. Para el 17 de mayo de 2024, la jueza Cruz lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión conmutables por los delitos de obstaculización a la acción penal y asociación ilícita, es decir, que obtuvo su libertad mediante el pago de 20 quetzales por cada día de condena.

En esa misma audiencia, la FECI añadió la imputación por supuesto lavado de dinero, aunque en 2018 este delito no se le había señalado. Sin embargo, Cruz le dictó falta de mérito, al considerar que no existían elementos suficientes para procesarlo por ese delito. La Fiscalía impugnó la decisión ante la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que resolvió a favor del MP y ordenó que se investigara al acusado por el presunto lavado de dinero.
Además, la Sala ordenó su reingreso a prisión. Jegerlehner volvió a la cárcel el 25 de enero de 2025 y, tras poco más de un mes, consiguió que la jueza Erika Cruz le otorgara arresto domiciliario el 10 de marzo. Sin embargo, apenas un día después, terceras personas pusieron en marcha un plan que derivó en la revocatoria del beneficio.
Ese 11 de marzo, un hombre identificado como Roberto Pérez contactó a una agencia de viajes para reservar un vuelo a nombre de Jegerlehner. El exabogado de Sinibaldi aún no había recuperado su libertad cuando, entre la una y las dos de la tarde de ese martes, dicha persona con un número de Venezuela hablaba en su nombre. Según el registro del Sistema Penitenciario, Jegerlehner salió de prisión a las 21.06 horas de ese mismo día.
Para el 17 de marzo, la cuenta en X denominada 5to Poder La Verdad Sin Miedo publicó que Jegerlehner planeaba fugarse del país y que tenía previsto viajar el 31 de marzo desde El Salvador con destino final en Panamá. La publicación incluía una fotografía y un supuesto boleto de avión a nombre del exabogado de Sinibaldi.

Curruchiche no dejó pasar por alto la publicación. Desde la FECI remitió un informe a la jueza Cruz, en el que advertía sobre un peligro de fuga de Jegerlehner, basándose en el contenido difundido en la red social X. La togada convocó a audiencia para el 24 de marzo, citando tanto al sindicado como al MP. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, decidió revocar el beneficio de arresto domiciliario a Jegerlehner.
La defensa del testigo clave solicitó una investigación sumaria para esclarecer la compra del boleto de avión, y la jueza accedió. El pasado 8 de abril se celebró la audiencia de revisión de medidas sustitutivas. Durante la diligencia, la abogada argumentó que el 11 de marzo —fecha en la que supuestamente se reservó el pasaje— Jegerlehner se encontraba recluido en prisión, por lo que no era posible sostener la tesis de un intento de fuga.

Los argumentos presentados por la defensa no convencieron a Cruz. La misma jueza que en abril de 2024 cerró el caso contra Sinibaldi, ahora decidió mantener al delator del exministro en el centro de detención Mariscal Zavala, una prisión que en los últimos años ha albergado a figuras clave en la lucha contra la corrupción, como el exfiscal Stuardo Campo o la exmandataria de la CICIG, Claudia González.
PATRÓN SE REPITE EN OTRO CASO
El caso de Jegerlehner no es un hecho aislado. El pasado 31 de marzo, se repitió un patrón similar con los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), actualmente suspendidos por una resolución tachada de ilegal. Los togados denunciaron que, al igual que en el caso del exabogado de Sinibaldi, se intentaba revocarles el arresto domiciliario a partir de una publicación en la red social X que los acusaba de planear una fuga del país.
La maniobra proviene de terceros y se apoya en información falsa, según los magistrados. La cuenta misma cuenta de X —que se presenta como un medio de comunicación, aunque se dedica a difundir desinformación— publicó imágenes de supuestos boletos de avión a nombre de Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, con una escala en El Salvador y destino final en Panamá.

Los cuatro magistrados fueron ligados a proceso el 14 de marzo por la presunta sobrevaloración en la compra de un sistema informático. Ellos han denunciado el caso como parte de una persecución política en su contra, derivada de su negativa a avalar las acciones del MP durante el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2023 e impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
SALA PUEDE DAR LIBERTAD
El fallo de la jueza Cruz aún puede ser revocado si la defensa de Jegerlehner presenta una apelación.
La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por la magistrada Miriam Regina Brolo Salazar y los vocales Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada, será la encargada de conocer el recurso.
Esta instancia deberá decidir si respalda la resolución de la juzgadora o, por el contrario, la anula. La decisión también puede ser impugnada por la FECI y lo mismo por parte de Jegerlehner hasta que la Corte de Constitucionalidad emita una sentencia final.
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