El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de María Consuelo Porras, negó públicamente el salario que supuestamente perciben la fiscal general y cuatro integrantes de su círculo más cercano, según una publicación de un usuario de X, todos ellos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y conductas antidemocráticas.
La desmentida se emitió a través de la cuenta oficial del Departamento de Información y Prensa del MP en X (antes Twitter), donde se calificó de falsa una publicación que circuló en esa misma plataforma. «La desinformación únicamente busca manipular y engañar», señaló el mensaje institucional.
Pese a las críticas recibidas por la opacidad con la que gestiona el despacho de Porras, el MP continúa sin rendir cuentas sobre los salarios de su alta jerarquía, así como de su demás personal. Es, de hecho, la única institución del Estado que se niega a publicar y actualizar mensualmente el detalle de sus nóminas, como establece la normativa de transparencia vigente.
SUPUESTOS SALARIOS
Según la publicación que el MP salió a desmentir, Porras percibiría un salario mensual de 120 mil quetzales. Su secretario general y principal colaborador, Ángel Pineda, recibiría 90 mil quetzales. Este ha sido uno de los defensores más activos de Porras, y ha salido en reiteradas ocasiones ante los medios para justificar la actuación de la institución frente a las críticas por su presunta instrumentalización contra quienes exponen la corrupción.
En tanto, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche —figura clave en varios procesos señalados a nivel internacional como casos de persecución política—, devengaría también un salario de 90 mil quetzales. Bajo su mando se impulsó, entre otros, un caso que fue calificado como un intento de evitar que Bernardo Arévalo asumiera la Presidencia tras su victoria electoral.
La agente fiscal de la FECI, Leonor Morales Lazo, responsable del caso penal contra el partido Movimiento Semilla, percibiría un salario mensual de 80 mil quetzales. Por su parte, la fiscal regional Cinthia Monterroso, quien en el pasado formó parte de la FECI y lideró el proceso judicial contra el periodista José Rubén Zamora —fundador del desaparecido diario elPeriódico—, devengaría un salario de 70 mil quetzales.
Hablando de salarios leoninos de estos HDP… @MPguatemala pic.twitter.com/JRXc4pFdB9
— El Revolucionario Gt (@LarRRytO) April 28, 2025
MP DICE FALSO SIN ACLARAR SUELDOS
El MP niega que los salarios divulgados correspondan a los que realmente perciben la fiscal general y su círculo de confianza. La Hora consultó a Moisés Ortiz, portavoz de la institución, y le remitió la publicación difundida por el Departamento de Información y Prensa del MP, solicitando además que desde esa misma cuenta se detallaran los salarios de los cinco funcionarios señalados.
La solicitud, sin embargo, no fue atendida. «La consulta es un tema de naturaleza administrativa, por lo cual no puedo apoyarte al respecto. La vía adecuada para dicha solicitud es a través de la Oficina de Información Pública», se limitó a responder Ortiz.
En agosto pasado, este medio solicitó formalmente los salarios de los cinco funcionarios y de otros colaboradores cercanos a Porras, pero la Oficina de Información Pública, a la que remitió Ortiz, también rechazó la petición.
La institución alegó que revelar esos datos «podría causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada con los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia».
Ante la falta de respuestas, se realizó una serie de cuestionamientos a Ortiz. «¿Cómo la ciudadanía puede confiar en una institución que se niega sistemáticamente a transparentar el uso de los recursos públicos?».
Además, se le señaló que el MP es, actualmente, el único organismo del Estado que mantiene en reserva la información sobre los sueldos de sus funcionarios. «Rechaza las cifras que circulan en redes sociales, pero se resiste a proporcionar los datos oficiales. ¿Cómo esperan, entonces, generar credibilidad en una ciudadanía que, según múltiples encuestas, ya la percibe como una de las entidades más cuestionadas del país?».
Al cierre de la edición de este trabajo no se obtuvo una respuesta por parte del MP, de obtenerla se actualizará esta publicación.
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