Comisión del OJ aún no autoriza uso de elevadores en la Torre de Tribunales, pese a necesidad urgente

Cinco años después de iniciada su renovación, dos de los cuatro elevadores de la Torre de Tribunales fueron entregados el pasado 21 de febrero. Sin embargo, la Comisión Receptora del Organismo Judicial (OJ) aún no autoriza su uso. Mientras tanto, el edificio —que recibe diariamente a unas 10 mil personas que acuden a juzgados, tribunales y salas de apelación en la ciudad capital— funciona con un solo ascensor operativo, insuficiente frente al volumen de usuarios y las necesidades urgentes de accesibilidad a 18 niveles.

El cambio de los elevadores ha estado marcado por retrasos desde 2020, cuando la entonces presidenta del OJ, Silvia Valdés —sancionada por Estados Unidos—, firmó un primer contrato por 10.6 millones de quetzales. Sin embargo, en 2023, tras una publicación de La Hora que evidenció demoras en la ejecución, el OJ rescindió el acuerdo. Argumentó que la entonces empresa contratada había incumplido por completo las obligaciones establecidas.

Así, en noviembre de ese mismo año, el OJ volvió a licitar el proyecto y adjudicó el contrato a la empresa Elevadores Otis S.A. por 10.7 millones de quetzales. Bajo la presidencia de Teódulo Cifuentes, la compañía entregó los primeros dos elevadores a finales de febrero último. Cifuentes heredó una de las problemáticas más urgentes de ese edificio: un equipamiento de traslado deficiente que afecta tanto al personal como a los miles de ciudadanos que acuden cada día.

PROBLEMA HEREDADO 

La Hora consultó al área de comunicación social del Organismo Judicial si existe una fecha próxima para que la Comisión Receptora emita el dictamen tras evaluar los dos elevadores. En respuesta, el OJ indicó que «el proyecto se encuentra en la fase de recepción, y la comisión receptora está trabajando diligentemente para garantizar que se cumplan todos los requisitos y estándares establecidos». No obstante, evitó precisar una fecha, pese a la urgencia de la situación.

Añadió que, una vez completado el proceso, «los ascensores estarán listos para ser puestos en funcionamiento». Aseguró también que existe un compromiso con «la calidad y la seguridad» de los servicios, y agradeció «la comprensión y paciencia en este proceso».

En declaraciones pasadas, el presidente del OJ explicó que «a partir de la entrega que hace la empresa, se entrega a su vez a la comisión receptora porque son ellos los que están realizando su trabajo y en su momento dentro del plazo legal deben rendir su informe y así recibirlos oficialmente».

Según establece la ley, la Comisión Receptora tiene 90 días hábiles para emitir su dictamen técnico, requisito indispensable para que los ascensores puedan entrar en funcionamiento.

UN ELEVADOR EN FUNCIONAMIENTO

Los ascensores recorren 18 plantas de la Torre de Tribunales, desde el sótano 2 —donde permanecen las carceletas y los acusados custodiados por agentes penitenciarios— hasta el piso 15, donde los jueces de Mayor Riesgo dictan sentencia en casos que han salpicado a políticos, empresarios y estructuras del crimen organizado.

Sin embargo, de los cuatro elevadores, solo uno funciona a la fecha. Es operado manualmente por el ascensorista que esté de turno, que al abrir las puertas aparece sentado, controlando el ingreso de pequeños grupos de personas. A su lado, un teléfono blanco de cable suena sin descanso: trabajadores del OJ y abogados que conocen la extensión marcan con la esperanza de que les den prioridad para detenerse en ciertos niveles.

—¿Cuántas llamadas recibe en promedio? ¿Más de 50? —preguntó La Hora.

—No lo sé, pero seguro son más de 100 al día —respondió el ascensorista, esbozando una sonrisa, mientras un hombre de traje sastre observaba la escena con asombro.

Tal cual escena de tránsito en hora pico. Desde las siete de la mañana, la fila para subir al único elevador de la Torre de Tribunales puede tomar al menos 20 minutos. La escena se repite por la tarde: hacia las tres, cuando comienza la salida del personal, los trabajadores empiezan a marcar el teléfono blanco para que se detenga en su nivel.

La otra opción para quienes necesitan llegar a cualquiera de los niveles es recurrir a las escaleras. Jueces, magistrados, secretarios, guardias, reos, abogados y ciudadanos —incluso con alguna discapacidad física— optan por esta vía, una alternativa que, aunque agotadora, se ha vuelto casi obligatoria ante la falta de ascensores.

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