Cinco jueces, sancionados por Estados Unidos o la Unión Europea, y otros dos cuyas resoluciones han sido calificadas de cuestionables, han sido beneficiados por la Junta de Disciplina Judicial —el órgano responsable de vigilar y corregir la conducta de jueces, magistrados y trabajadores del Organismo Judicial en el país. Esta Junta ha archivado al menos 110 denuncias en contra de los togados, sin que se impulsara un solo proceso sancionatorio por sus acciones.
Los jueces, señalados por decisiones que favorecieron a personajes vinculados a la corrupción o señalados directamente por obstaculizar la justicia, han sido objeto de sanciones internacionales, pero dentro del sistema judicial guatemalteco han recibido un trato diametralmente opuesto: las denuncias por supuestas faltas éticas o administrativas han terminado enterradas en los archivos de la Junta.
La Hora solicitó, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, datos sobre estas denuncias. La Junta de Disciplina Judicial entregó solo parte de la información requerida.
110 DENUNCIAS INFRUCTUOSAS
Se solicitó el registro de todas las denuncias presentadas contra los jueces Mynor Moto, Geisler Pérez, Víctor Cruz, Fredy Orellana, Jimi Bremer, Abelina Cruz y Pedro Laynez, así como el detalle de cada caso: el nombre de la persona o institución que interpuso la queja, la fecha de presentación, el motivo señalado, la decisión de la Junta, si el juez fue sancionado o no, el tipo de sanción en caso de haberse impuesto y si esta fue cumplida.
Sin embargo, la Junta de Disciplina se negó a proporcionar la información completa. Solo indicó que son 110 las denuncias archivadas contra estos togados, y 6 están en trámite.
La Ley de la Carrera Judicial establece el procedimiento para iniciar una queja o denuncia contra jueces o magistrados. La normativa clasifica las faltas en tres categorías: leves, graves y gravísimas. Estas van desde incumplir el horario de trabajo hasta recibir sobornos a cambio de resoluciones judiciales, uno de los puntos más altos de gravedad.
El mismo marco legal define las sanciones aplicables: una amonestación escrita para las faltas leves; suspensión de hasta 20 días sin goce de salario para las graves; suspensión de 21 a 90 días para las gravísimas, y, en el extremo, la destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial.
La presidenta de este órgano, la magistrada Beyla Estrada Barrientos, junto a los vocales Dora Fuentes López y Leonel Sáenz Bojórquez, son los responsables de corregir las conductas de jueces y magistrados, y decidir si una denuncia merece ser tramitada o rechazada.
A ninguno de estos siete jueces se le ha aplicado sanción alguna por decisión de la Junta de Disciplina Judicial.
SIETE JUECES INTOCABLES
Estos siete jueces han salido indemnes del sistema correctivo del Organismo Judicial. Uno ha sido vetado en hasta 43 países por sus resoluciones consideradas antidemocráticas, otro ha enfrentado dos órdenes de captura e incluso una togada ha beneficiado, en poco más de un año al frente de su juzgado, a una veintena de personajes vinculados a redes de corrupción.
Este es el ranking, de mayor a menor, de los jueces con veto internacional o que han protagonizado controversias en los últimos años y que, según los registros de la Junta de Disciplina, acumulan el mayor número de denuncias.
MYNOR MOTO
Mynor Mauricio Moto Morataya es juez del Juzgado Tercero Penal desde 2023, tras ser reintegrado por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Su retorno al cargo fue posible luego de que se anularan dos órdenes de captura en su contra, vinculadas a los casos de presunta corrupción Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento de Chimaltenango.
De los siete jueces sobre los que se solicitó información, Moto es el que más denuncias acumula: 35 expedientes en su contra por supuestas acciones contrarias a su cargo, además de una denuncia que aún está en trámite.
GEISLER PÉREZ
Geisler Smaille Pérez Domínguez busca actualmente reincorporarse como juez del Organismo Judicial a través de un proceso oficial. Fue juez de primera instancia y, posteriormente, magistrado de Salas de Apelaciones, su último cargo antes de abandonar la judicatura.
Pérez está sancionado por la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo señala de “socavar los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de Comisiones Paralelas 2020, diseñado para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
Ante la Junta de Disciplina acumula 21 denuncias, todas archivadas.
VÍCTOR CRUZ
Víctor Manuel Cruz Rivera, juez A del Juzgado Décimo Penal, ha emitido resoluciones cuestionadas como el cierre del proceso contra la exmagistrada Blanca Stalling y el seguimiento del caso de criminalización contra estudiantes por la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En 2019, el extinto diario elPeriódico reveló una denuncia que lo señalaba de supuestamente recibir cinco millones de quetzales a cambio de girar la primera orden de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana; el Ministerio Público, dirigido por María Consuelo Porras, desestimó la acusación.
Cruz también fue sancionado por Estados Unidos al ser incluido en la Lista Engel, que lo acusa de “entorpecer investigaciones de corrupción”.
Tiene 20 denuncias rechazadas por la Junta de Disciplina, y una más aún en trámite.
FREDY ORELLANA
Fredy Raúl Orellana Letona, juez del Juzgado Séptimo Penal, integra la lista negra de 43 países que le prohíben el ingreso por su papel durante las elecciones generales de 2023, que dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo. Sus resoluciones fueron clave en el intento de golpe de Estado denunciado por la comunidad internacional.
Orellana envió a juicio al periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora; a la exfiscal Virginia Laparra, considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional; y giró orden de captura contra el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval. Los tres han denunciado criminalización, respaldados por organizaciones internacionales.
Además, ordenó la cancelación del partido Movimiento Semilla —con el que Arévalo ganó la presidencia— aplicando una norma ajena a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, resolución señalada como ilegal.
EE. UU. sostiene que Orellana “socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
Acumula 12 denuncias rechazadas por la Junta de Disciplina, mientras una más sigue pendiente.
PEDRO LAYNEZ
Pedro Rodolfo Laynez Cruz, juez del Juzgado Cuarto Penal, no figura en listas internacionales de sanciones, pero su nombre ha aparecido en resoluciones controvertidas.
Fue señalado por su actuación en el caso de la muerte de Floridalma Roque, una mujer que falleció tras someterse a una cirugía estética con el médico Kevin Malouf, quien, tras un procedimiento supuestamente mal ejecutado, la habría descuartizado para ocultar el cuerpo.
Laynez modificó el delito imputado a Malouf por uno de menor gravedad. También dictó falta de mérito al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en un proceso de presunta corrupción y resolvió en el mismo sentido en un caso que involucraba a la esposa del expresidente Jimmy Morales.
Todas las 11 denuncias presentadas en su contra fueron rechazadas por la Junta de Disciplina.
JIMI BREMER
Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez B del Juzgado Décimo Penal, tuvo a su cargo un segundo proceso contra el periodista Zamora y, dentro de esa carpeta, ordenó investigar a periodistas de elPeriódico por su cobertura del caso, avalando que “tergiversaban” la información.
También ordenó la captura de la exmandataria de la CICIG Claudia González, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, del exjuez exiliado Carlos Ruano y del fiscal Eduardo Pantaleón, quien posteriormente demostró su inocencia.
Bremer fue sancionado por EE. UU., medida adoptada por otros 37 países, bajo el señalamiento de “socavar procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
Ante la Junta de Disciplina acumula 7 denuncias desestimadas y mantiene una en trámite.
ABELINA CRUZ
Abelina Cruz Toscano, jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D, no figura en listas de sanciones internacionales, pero es una de las juezas más conocidas por resolver a favor de políticos señalados.
Desde que asumió el cargo y por medio de sus fallos resolvió que más de una veintena de ellos no enfrenten juicio o sean siquiera ligados a proceso. Entre los beneficiados por sus resoluciones figuran Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y dos de sus hermanos.
Ante la Junta de Disciplina acumula 4 denuncias rechazadas y mantiene 2 en trámite.
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