El Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, los registros públicos revelan que la misma institución no ha mostrado avances en más de 200 denuncias presentadas por el actual Ejecutivo contra la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
La contradicción vuelve a poner en el centro del debate el papel del MP, acusado de actuar con sesgo político y de usar su poder para desgastar a la administración de Arévalo, mientras archiva o desestima expedientes que comprometen a la anterior gestión del sancionado exmandatario.
Dejando bastantes dudas, el MP presenta caso de supuesta corrupción por convenio de UNOPS
OFENSIVA SELECTIVA
El pasado 21 de octubre, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció que el MP tiene “24 investigaciones abiertas en los ministerios” del actual gobierno.
“Este caso de corrupción e impunidad que se le presenta al pueblo, quiero manifestarles que no es el único que se conoce en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Tenemos al momento 24 investigaciones abiertas en los ministerios… en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, en el Ministerio de Educación. Y que en su momento serán reveladas al pueblo de Guatemala”, declaró Curruchiche durante una conferencia de prensa en la sede del MP.
El anuncio se dio en el marco del llamado caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, en el que el MP solicitó retirar el antejuicio del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, por presuntas irregularidades en un convenio firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
El fiscal incluyó entre los señalados al propio presidente Arévalo, a su hermano Martín Arévalo, y a varios ministros y asesores de confianza, aunque no solicitó el retiro de la inmunidad presidencial. El caso marca la primera ocasión en que el MP de Porras apunta directamente a un mandatario en funciones, algo que no ocurrió con Giammattei ni con su antecesor, Jimmy Morales, ambos aliados de la fiscal general.
Durante la conferencia, La Hora consultó a Curruchiche sobre las críticas que señalan un pacto de impunidad entre la fiscal Porras, Giammattei y Morales para evitar investigaciones contra ellos, a cambio de mantenerla en el cargo. El fiscal evitó responder.
VIDEO: Curruchiche no responde sobre favoritismo en el MP ni sobre casos como las vacunas Sputnik
Esa misma mañana, Arévalo aseguró que el ente investigador se ha convertido en promotor de la corrupción y la impunidad en el país y calificó de “ridículas” e “irresponsables” las acusaciones que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha fabricado en los últimos meses en un caso que lo señalaría.
LENTITUD PARA OTROS
Mientras el MP acelera investigaciones contra el actual gobierno, las denuncias promovidas por el Ejecutivo de Arévalo contra la administración de Giammattei siguen sin mayor avance.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), desde enero de 2024 el Ejecutivo ha presentado un total de 350 denuncias y querellas penales. Solo en ese año, el primero del gobierno de Arévalo, se interpusieron más de 200 denuncias contra la administración de Giammattei. De las 150 restantes, la mayoría también se dirigían a funcionarios del gobierno anterior, aunque la CNC desconoce el número exacto.
Sin embargo, el ente investigador ha desestimado o archivado 81 de esos casos, según el tablero de la CNC, y mantiene paralizadas la mayoría de las denuncias restantes.
Los expedientes, según la CNC, apuntan a posibles delitos de corrupción administrativa, malversación de fondos, sobrevaloración de contratos y uso indebido de recursos públicos en instituciones como el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, entre otros.
En el portal público de la Comisión, denominado “Los expedientes de la corrupción”, se detalla que 63 denuncias fueron desestimadas y 18 archivadas. En total, 81 expedientes cerrados sin que el MP haya presentado acusaciones formales. Mientras tanto, el MP solo ha logrado una primera declaración relacionada con los centenares de denuncias y una condena, desde que se realizaron dichas denuncias.
MP ha puesto fin al 30% de las denuncias penales presentadas por el gobierno de Arévalo
El comisionado Julio Flores, jefe de la CNC, advirtió el pasado 4 de julio en un reportaje de La Hora que “la desestimación y archivo constituye impunidad”.
NUEVA PUNTA DE LANZA
El caso presentado por la FECI el martes supuso el primer intento del MP por vincular al presidente Arévalo con un presunto entramado de corrupción. Aunque en 2023, Porras y Curruchiche encabezaron la ofensiva para cancelar al partido Movimiento Semilla —que llevó a Arévalo a la presidencia— en plena segunda vuelta electoral. Aquella acción, considerada un intento de golpe de Estado, generó una condena internacional sin precedentes y profundizó la desconfianza ciudadana hacia el MP.
Según Curruchiche, ahora el convenio entre el Ministerio de Salud y la UNOPS fue “lesivo para los intereses del Estado”, e incluso insinuó que el mandatario “se benefició del apoyo de entes internacionales” como la OEA, la ONU, el Partido Demócrata de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes meses atrás condenaron el intento de golpe de Estado fraguado por el MP.
Curruchiche afirmó que el acuerdo habría permitido la compra de medicamentos de mala calidad y con sobreprecio, y que el presidente habría mantenido vínculos con Gustavo Alejos para facilitar negocios farmacéuticos.
Desde 2021, tanto Porras como Curruchiche han sido objeto de sanciones internacionales, el primero fue EE. UU., por obstruir investigaciones de corrupción y perseguir a operadores de justicia, jueces y fiscales que participaron en casos de alto impacto.
El caso UNOPS se convierte así en un episodio sin precedentes recientes. Es la primera vez que el MP, bajo Porras, señala directamente a un presidente en funciones. Ni Morales, quien la nombró en 2018, ni Giammattei, que la reeligió pese a la sanción internacional, enfrentaron investigaciones del ente investigador.
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