El Ejecutivo de Bernardo Arévalo prepara nuevas denuncias y acciones legales contra el juez penal Fredy Orellana, a quien el presidente señaló el domingo último de encabezar, junto con la fiscal general María Consuelo Porras, un nuevo intento de golpe de Estado a través de una resolución judicial que, según el mandatario, vulnera la Constitución y amenazan el orden democrático.
Consultada por La Hora, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que se “activarán varias vías legales, y no únicamente la vía administrativa”. De acuerdo con la respuesta oficial, ya existen “procesos disciplinarios ante el Organismo Judicial y varias querellas contra el juez Orellana”, y se dispone de “abundante evidencia sobre la falta deliberada del juez a cumplir con la Constitución, repetidas resoluciones que tergiversan las disposiciones constitucionales y el claro incumplimiento del amparo otorgado en 2023 por la Corte de Constitucionalidad que garantizó los resultados de las elecciones”.
Ante la repregunta sobre si el Ejecutivo ya había presentado una nueva denuncia administrativa derivada de la última resolución del juez, la Secretaría respondió que “sí se van a presentar quejas adicionales” y que “se conocen el estado de las denuncias”. Según añadió, “hay dos de las quejas que están en amparos” y se continúa “trabajando” en los mecanismos que se impulsarán en los próximos días.
El pronunciamiento se da luego de que Arévalo, en un mensaje a la nación transmitido el 25 de octubre, hiciera un llamado público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destituir de inmediato a Orellana, a quien acusó de “violar el orden constitucional” y de ser una “amenaza directa a la democracia”. “Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a su inmediata destitución”, dijo entonces el presidente.
CORTE SUPREMA EN SILENCIO
Desde ese discurso, la CSJ no ha emitido postura pública sobre el requerimiento del mandatario. Consultado por La Hora, el secretario de Comunicación Social del tribunal, Moisés Jerez, no respondió a las preguntas enviadas acerca de si el pleno de magistrados abordará el asunto en su próxima sesión ordinaria o si se convocará a una reunión extraordinaria para discutirlo.
El silencio institucional coincide con un momento de parálisis interna. Desde el 12 de octubre, cuando concluyó el mandato del expresidente de la Corte, Teódulo Cifuentes Maldonado, los 13 magistrados no han logrado consensuar la elección de un nuevo presidente. El magistrado Carlos Lucero ocupa el cargo de forma interina, con atribuciones limitadas, lo que ha frenado la discusión de asuntos sensibles y de alto impacto político.
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HISTORIAL DE ORELLANA
Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo Penal A, es considerado uno de los jueces más poderosos y controvertidos del país. En 2023 ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla, en plena campaña electoral, una decisión que generó una crisis institucional y provocó la condena de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea y otros 40 países lo incluyeron en sus listas de actores corruptos o antidemocráticos por sus resoluciones judiciales.
Orellana también fue el juez que envió a juicio al periodista José Rubén Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, y a la exfiscal Virginia Laparra, considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Además, giró órdenes de captura contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval y otros operadores de justicia exiliados.
Según un reportaje de este medio, Orellana acumula al menos 13 denuncias administrativas ante la Junta de Disciplina Judicial. Doce de ellas fueron archivadas y una permanece en trámite sin avances conocidos. La Junta, presidida por la magistrada Beyla Estrada Barrientos, no ha impuesto sanciones contra el juez ni contra otros siete operadores judiciales señalados por favorecer intereses políticos o por presunto abuso de poder.
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SOBRE LA DESTITUCIÓN
La Ley de la Carrera Judicial establece que la destitución solo puede efectuarse por decisión de la Corte Suprema, y únicamente tras una recomendación de la Junta de Disciplina Judicial.
El artículo 47 de la ley señala que las sanciones disciplinarias —que van desde amonestaciones hasta la destitución— deben imponerse luego de un proceso formal. Entre las faltas gravísimas que pueden motivar una destitución figuran la manipulación de resoluciones, la interferencia en funciones de otros poderes del Estado o la emisión de decisiones contrarias a la Constitución.
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Según la Secretaría de Comunicación Social, “las quejas adicionales se están trabajando” y se presentarán en los próximos días. No detallaron si serán planteadas por el Ejecutivo directamente o por funcionarios específicos.
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