El Organismo Judicial (OJ) mantiene silencio sobre el estado de las denuncias disciplinarias que pesan contra el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana, señalado en 2023 como uno de los operadores centrales del intento de golpe de Estado contra la transición presidencial y que podrían abrir la puerta para su expulsión —al menos por 10 años— de dicha institución.
La Hora solicitó al secretario de Comunicación, Moisés Jerez, información básica sobre el trámite interno: si el juez ya fue entrevistado, si la Supervisión General ha recabado documentos clave o si el expediente ha avanzado hacia la Junta de Disciplina Judicial. No hubo respuesta. Ni una sola línea.
El silencio contrasta con la magnitud del caso. Desde el 27 de octubre —cuando empezaron a salir a flote cuatro nuevas denuncias administrativas por la resolución del 24 de octubre, en la que Orellana declaró la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla— han transcurrido más de 40 días.
La Ley de la Carrera Judicial establece plazos estrictos: el Supervisor General de Tribunales dispone de diez días para un informe inicial y una única prórroga de ocho días. El periodo para recabar información, entrevistar al juez y reconstruir los hechos está ya al límite. Y aun así, el OJ se niega a aclarar si esos pasos siquiera ocurrieron.
LAS CONSULTAS
La Hora consultó al secretario Jerez sobre puntos específicos:
– si el Supervisor General, Harold Ortiz, ya citó al juez Orellana;
– si la Supervisión obtuvo copias certificadas de las resoluciones señaladas como faltas gravísimas;
– si la Junta de Disciplina Judicial ya abrió un expediente formal;
– y si existe algún informe en curso o concluido.
La respuesta fue siempre la misma: silencio, es decir, ninguna respuesta.
El mutismo institucional abre interrogantes sobre un proceso que, por ley, debe ser estrictamente administrativo, documentado y sujeto a plazos. Este medio publicó sobre el rol de la Supervisión General como una especie de “Ministerio Público interno”: sin su informe, no hay caso; sin caso, la Junta de Disciplina no puede calificar la conducta ni imponer sanciones, que van desde una suspensión de 90 días sin salario hasta la destitución e inhabilitación por diez años.
RESPONSABILIDADES DE ORTIZ
La responsabilidad de activar el mecanismo disciplinario recae hoy en Harold Estuardo Ortiz Pérez, Supervisor General de Tribunales. Su papel es decisivo: debe reconstruir la secuencia de hechos del 24 de octubre, adjuntar pruebas documentales, evaluar si las denuncias —presentadas por el Colegio de Abogados y Notarios, la Presidencia, diputados de Semilla y una instrucción del presidente en funciones de la Corte Suprema— tienen sustento, y trasladar sus conclusiones a la Junta de Disciplina Judicial.
Ortiz es quien tiene en sus manos el futuro del juez Fredy Orellana.
Harold Ortiz y su rol clave como Supervisor General en las denuncias contra el juez Fredy Orellana
PROTECCIÓN
De acuerdo con expedientes obtenidos anteriormente por La Hora, la Junta de Disciplina Judicial ha protegido a Orellana en 12 de 13 denuncias previas, ninguna de las cuales avanzó hacia una investigación formal. Su resolución del 24 de octubre —calificada por el Gobierno como un nuevo intento de golpe de Estado— provocó que el juez volviera a transformarse en un foco de denuncia nacional e internacional.
Las cuatro nuevas quejas sostienen que Orellana actuó contra un fallo firme de la Corte de Constitucionalidad, reabrió un proceso cerrado y aplicó figuras jurídicas sin sustento, incurriendo en conductas que podrían constituir una falta gravísima o incluso el delito de prevaricato, según abogados consultados.
La supervisión técnica que debe proveer Ortiz es indispensable para que la Junta de Disciplina —integrada por las magistradas Beyla Estrada y Dora Fuentes, y por el magistrado Leonel Sáenz— pueda calificar los hechos. Sin ese informe, el órgano disciplinario no puede avanzar, ni suspender, ni recomendar la destitución del juez a la Corte Suprema de Justicia.
Expertos en derecho consultados por esta redacción ya han analizado las acciones del juez Orellana y coincidido en que son constitutivas de faltas gravísimas, contempladas en la Ley de la Carrera Judicial, y su sanción podría llegar a ser de 90 días de suspensión sin goce de salario o la aclamada destitución e inhabilitación por al menos 10 años.
El problema es que nadie sabe si ese informe existe, si está en elaboración o si nunca se inició. El OJ se niega a confirmarlo.
Que Orellana continúe al frente del Juzgado Séptimo Penal dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. Pero mientras la Supervisión General y la Junta de Disciplina trabajan —o no— a puertas cerradas, el Organismo Judicial ha elegido una postura de silencio.
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