Un 14 de agosto de 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entonces dirigida por Marco Livio Díaz, hizo pública una estructura de supuesta defraudación y evasión fiscal en Guatemala, a la que llamó B410, pues se componía de 410 empresas que entre 2021 y 2023, habrían defraudado al fisco por más de Q300 millones, mientras realizaban negocios millonarios con el Estado durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
Ese día, el entonces superintendente Díaz detalló que el 75 por ciento de esas sociedades fueron constituidas por el mismo abogado y que todas compartían un único representante legal, además de domicilios fiscales inexistentes, documentos adulterados y una mínima carga tributaria pese a una facturación multimillonaria, afirmaron.
Según la SAT, las empresas facturaron Q5 mil 730 millones entre 2021 y 2023, pero pagaron apenas Q26.2 millones en impuestos, menos del 0.01%, lo que evidenciaba una supuesta defraudación tributaria estimada inicialmente en Q300 millones, con indicios de que el monto real podría superar los Q800 millones.
SAT denuncia una estructura llamada “B410” y señala masiva defraudación
LA DENUNCIA DE LA SAT
Los contratistas que habrían estado vinculados a esta supuesta estructura se convirtieron en proveedoras de instituciones como la PNC, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Cultura, Conap y varias municipalidades, según la SAT, pese a carecer de infraestructura real para operar.
Ese 14 de agosto, la SAT presentó la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera, el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas y la PGN, e informó que los contribuyentes serían desactivados del sistema tributario.
Dos días más tarde, el MP llevó a cabo los primeros allanamientos en diferentes zonas de la capital, que estuvieron a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.
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MP VIRÓ HACIA DENUNCIANTE EN LUGAR DE DENUNCIADOS
Tres meses después, La Hora publicó la nota “Tres meses después de que SAT presenta caso B410, MP enfila baterías contra Superintendente”, en la que se reveló que, mientras no había avances contra las empresas denunciadas, la FECI, dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, había iniciado una investigación contra el propio jefe de la SAT.
En dicha nota se hace ver que la investigación indagaba supuestos actos de intermediación, extorsión y tráfico de influencias, con base en declaraciones de algunos implicados en el caso B410.
Díaz rechazó los señalamientos, los calificó de infundados y presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para tener acceso a la investigación y evitar órdenes de captura en su contra.
Tres meses después de que SAT presenta caso B410, MP enfila baterías contra Superintendente
PRIMERAS CAPTURAS DEL CASO
Fue hasta el 16 de diciembre de 2024 que el MP reportó la captura de las dos primeras personas vinculadas al caso. Ellos fueron David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales.
Barrera es abogado y notario, y era señalado de lavado de dinero, además de ser identificado como fundador, administrador o representante legal de al menos 210 de las 410 empresas investigadas.
El MP detalló que supuestamente se dedicaba a constituir sociedades anónimas para luego venderlas, muchas de las cuales nunca actualizaron su información fiscal.
Mientras que, Ayala Morales, era representante legal de PCS Construcciones. Fue acusado de defraudación tributaria y declaró que su “mayor error” fue haber comprado materiales a empresas vinculadas al B410 para ejecutar obras adjudicadas por municipalidades.
TODO APUNTABA A PAREJA DE GIAMMATTEI, MIGUEL MARTÍNEZ
La Hora publicó investigaciones que vinculaban a la estructura B410 con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del expresidente Giammattei.
El 13 de mayo de 2025, la nota titulada “Pese a que Miguelito siempre negó vínculo: la casa, la sociedad y el abogado del caso B410” reveló que una vivienda donde residía la familia de Martínez estaba registrada a nombre de una sociedad anónima representada por Barrera y con la misma dirección fiscal inexistente señalada por la SAT: la 33 calle “C” 10-16, colonia Bamvi, zona 7.
La propiedad acabó siendo inmovilizada por orden judicial ante sospechas de haber sido adquirida con fondos de origen ilícito, mientras que Martínez negó toda relación con el caso.
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ABOGADO ES DEJADO EN LIBERTAD
El 10 de junio de 2025, Barrera fue dejado en libertad, luego de que la Sala Tercera de Apelaciones Penal, presidida por Alejandro Prado, otorgara medidas sustitutivas al abogado, permitiéndole recuperar su libertad tras ser procesado por lavado de dinero, según detalló la nota “Sala de Alejos y Cía. otorga libertad al abogado David Barrera vinculado al caso B410”.
Barrera fue beneficiado con arresto domiciliario, arraigo, control biométrico y una caución económica de Q30 mil, mientras se espera que el Juzgado de Lavado de Dinero programe la audiencia de etapa intermedia para definir si enfrentará juicio.
MP DICE QUE «CONTINÚA INVESTIGACIÓN»
La Hora consultó al Ministerio Público para conocer sobre el caso y cómo avanza en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos. La entidad dijo que sí existen avances dentro del caso.
Indicó que la investigación continúa “por el fraude cometido en contra del Hospital General San Juan de Dios”, e informaron que existen siete órdenes de aprehensión vigentes.
Además, el MP añadió que durante 2025, seis contribuyentes solventaron su situación ante la SAT con el pago de impuestos defraudados, por lo que “se les concedió la Suspensión Condicional de la Persecución Penal por un periodo de prueba de dos años».
Por otra parte, la Fiscalía respondió que existen acusaciones contra varios de los señalados dentro del caso, entre ellos representantes de PCS Constructores S.A., y los procesados en etapa intermedia Alba Duque Girón, Eder Medardo López y David Barrera.
“A la presente fecha, se han recuperado Q50 millones 423 mil 440.79 en favor del Estado de Guatemala”, afirmó la entidad.
Según la institución, aún se desarrollan auditorías tributarias y gubernamentales y un análisis financiero, para determinar si hay más vinculados.
Pese a que Miguelito siempre negó vínculo: la casa, la sociedad y el abogado del caso B410
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