Durante el 2025, se adjudicaron Q4 mil 132.15 millones para el mejoramiento de caminos rurales en distintos puntos del país, y las entidades que más asignaron fondos para esos trabajos fueron las municipalidades, según datos que arroja una herramienta tecnológica utilizada por La Hora y que se alimenta de información publicada en Guatecompras.
De acuerdo con lo recopilado, entre enero y diciembre se concedieron 3 mil 803 contratos, tanto para la intervención directa de las rutas como para la compra de materiales, renta de maquinaria y otros rubros relacionados.
Las cifras muestran un incremento en el gasto para la conectividad vial en el área rural, en comparación con 2023 y 2024, pues registros oficiales indican que en ese lapso hubo un promedio de 2 mil 49 eventos, para los cuales se asignó una media de Q1 mil 865 millones por año.
Pese al alza, analistas hicieron ver que las inversiones no necesariamente repercutieron en el bienestar de la población durante el pasado ejercicio fiscal.
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EL CONTRASTE
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), manifestó que, si bien Guatecompras reporta más de Q4 mil millones adjudicados para el mejoramiento y atención de caminos rurales, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se registra que el avance alcanzado al final del año no llegó al 50%.
Esto quiere decir que aunque se haya comprometido la citada cifra, lo que se desembolsó al final del año no fue la totalidad y tampoco se terminaron todas las obras, explicó el experto.
Según los datos en el SNIP, un total de 2 mil 225 proyectos ya tenían un monto asignado para finales de noviembre y, en conjunto, llevaban ejecutado Q1 mil 836.2 millones, que equivalen a un avance financiero de aproximadamente el 42%. Entretanto, al analizar los trabajos que se concluyeron, el porcentaje cerró en 6.29%, es decir que el 93.71% seguía en ejecución.
«Lo que esto significa es que la población no recibió los beneficios esperados, ya que eso ocurrirá hasta que se terminen de ejecutar las obras», expresó Lavarreda.
LOS QUE MÁS ADJUDICARON
La información recabada en Guatecompras permitió establecer el top 10 de las entidades que más destinaron recursos para el mejoramiento de caminos rurales el año pasado; nueve de ellas son municipalidades y la otra es el Fondo Social de Solidaridad (FSS), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Tal como se aprecia en la tabla anterior, los enlistados asignaron entre Q39 millones y Q60 millones en diferentes cantidades de proyectos.
San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, fue el que más dinero destinó para la conectividad vial entre comunidades, con Q60.11 millones para 10 obras. Le siguieron San Juan Sacatepéquez, en Guatemala, con Q56.49 millones para 22 intervenciones, y el FSS, con Q56.22 millones para 3 proyectos.
Cobán y San Juan Chamelco, también en Alta Verapaz; la cabecera departamental de Jalapa, Chichicastenango y San Pedro Jocopilas, en Quiché, completan la lista de las 10 municipalidades con más contratos adjudicados para caminos rurales.
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CUESTIONAN FISCALIZACIÓN
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, coincidió con Lavarreda en que «no se trata solo de invertir en caminos rurales», e hizo ver que «se debe garantizar que las obras efectivamente se ejecuten y que, además, cumplan con los términos pactados y sean de calidad». Empero, remarcó que «esa vigilancia es la que hace falta».
«Tenemos la ausencia de un Congreso realmente serio, que haga una fiscalización para saber si con todos esos fondos (que se adjudicaron) se están desarrollando esos caminos», dijo el analista.
También recordó que los citados proyectos suelen ejecutarse con recursos de los consejos de desarrollo, a los cuales se les ha incrementado la asignación anual mediante aportes extraordinarios «y se les está permitiendo arrastrar dinero que dejaron sin usar» en los períodos pasados.
«No hay que olvidar que ahí intervienen los alcaldes, los diputados, los gobernadores, y por eso es que la fiscalización se queda corta», expresó el entrevistado.
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DUDAS SOBRE IMPACTO SOCIAL
Tanto Marroquín como Lavarreda hicieron hincapié en el rol de los congresistas en el otorgamiento de fondos para proyectos a cargo de los consejos de desarrollo y la obra pública en general, pues consideran no ha habido una adecuada planificación ni priorización.
«Uno de los aspectos que se tendría que ver es si en los departamentos donde se ha invertido la mayor cantidad de recursos hay variables como el dinamismo económico o reducción de la pobreza, por ejemplo», manifestó el director de Acción Ciudadana.
Por su parte, el integrante del CIEN calificó como «el principal desafío» el establecimiento de una «adecuada planificación, que permita contar con un banco de proyectos evaluados y priorizados, para que se asignen recursos sobre aquellos que tengan una rentabilidad social positiva». Según dijo, esto atañe también al Ejecutivo.
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