El 20 de diciembre de 2024, el Estado guatemalteco ejecutó uno de los operativos más grandes de protección a la niñez de los últimos años: el rescate de 160 niños, niñas y adolescentes de la secta Lev Tahor. La intervención, precedida por años de denuncias sin avances, abrió un proceso judicial de gran escala que, más de un año después, ha concluido con la reubicación de 159 menores y la confirmación de un fallecimiento asociado a las condiciones de salud en las que vivían.
Lev Tahor es una secta judía ultraortodoxo fundada en la década de 1980 por Shlomo Helbrans. A lo largo de los años, sus integrantes se han desplazado por distintos países —entre ellos Estados Unidos, Canadá y México— tras investigaciones por maltrato infantil, matrimonios forzados y abusos sexuales. Sus miembros sostienen que son víctimas de persecución religiosa; las autoridades de esos países han documentado prácticas que consideran delitos.
Detrás de la cifra del rescate hay un entramado de expedientes, pruebas de ADN, audiencias y decisiones judiciales caso por caso. También, en paralelo, una historia individual que atravesó todo el proceso: la de Shie Blum, un rabino de Nueva York que viajó al menos 45 veces a Guatemala para recuperar a 17 de sus sobrinos y sobrinos nietos.
Las cifras oficiales permiten dimensionar el alcance del caso. El universo vinculado a la agrupación asciende a 232 niños, niñas y adolescentes, con registros que incluyen 103 hombres y 100 mujeres, además de otros casos sin clasificación detallada.
El proceso estuvo marcado por dificultades desde el inicio. Al menos 29 menores tenían nombres inventados, lo que obligó a reconstruir identidades mediante peritajes y pruebas biológicas, de acuerdo con autoridades. Se documentaron, además, tres nacimientos fuera de la secta, un caso con alerta Alba-Keneth activa y un menor que murió tras el rescate, según registros oficiales.
Más que un operativo, el caso derivó en un proceso de identificación y restitución.
DE LAS AUDIENCIAS A LA REUBICACIÓN
En marzo de 2025, el sistema de justicia abrió la fase decisiva del caso con más de un centenar de audiencias destinadas a definir la situación del centenar de menores que permanecían bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
En total, se desarrollaron 169 audiencias, en las que los jueces evaluaron si los niños podían regresar con sus padres o si debían ser entregados a un recurso familiar idóneo, en algunos casos fuera del país.
El proceso incorporó peritajes culturales, una herramienta poco frecuente en la práctica judicial guatemalteca, para analizar las dinámicas internas de Lev Tahor y su impacto en los menores.
Las decisiones no se limitaron a establecer parentescos. También incluyeron evaluaciones sobre el entorno al que regresarían los niños, en particular cuando los padres continuaban vinculados a la secta.
El cierre del proceso derivó en la reubicación de 159 menores en distintos núcleos familiares.
UN CASO QUE AVANZÓ TRAS AÑOS DE INACCIÓN
El expediente que desembocó en el rescate se construyó sobre omisiones. Entre 2018 y 2021, el Ministerio Público, que dirige María Consuelo Porras, recibió al menos seis denuncias relacionadas con abusos dentro de Lev Tahor que no tuvieron resultados.
El caso se activó hasta noviembre de 2024, cuando cuatro menores escaparon de la comunidad y denunciaron hechos que posteriormente fueron respaldados por un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que documentó indicios de abuso sexual.
A partir de ese momento, la Procuraduría General de la Nación (PGN), que dirige Julio Saavedra, en conjunto de la Fiscalía contra la Trata de Personas impulsó el operativo que derivó en el rescate masivo de niños y adolescentes que fueron vulnerados de sus derechos durante años.
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Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, encabezó la respuesta institucional de la PGN. Desde esa dependencia impulsó la activación de los procedimientos de protección, coordinó el operativo interinstitucional y dio seguimiento a los casos a partir de las múltiples denuncias que durmieron en el MP sobre abusos contra menores dentro de Lev Tahor, que incluían desde maltrato hasta violencia sexual.
CONTROL, ABUSOS Y MATRIMONIOS FORZADOS
El control dentro de Lev Tahor no se explica solo por las condiciones materiales o las restricciones externas, sino por una estructura de creencias que, según Shie Blum, termina por anular cualquier disenso.
Su vínculo con el grupo es personal. Su hermana fue captada por la secta años atrás. Sus hijos crecieron dentro de la comunidad y formaron nuevas familias. Parte de ellos estaba en Guatemala cuando comenzaron las acciones legales.
Blum, en entrevista con La Hora, describe un proceso de aislamiento progresivo. Los miembros de la secta rompen vínculos con el exterior, dejan de tener contacto con otras formas de vida y son educados bajo una única narrativa: que el mundo fuera de la comunidad es peligroso, corrupto o hostil.
Ese esquema se refuerza con prácticas cotidianas. Los niños, según su testimonio, son obligados a confesar faltas —reales o no— frente a otros miembros, lo que consolida dinámicas de control y obediencia. Al mismo tiempo, se limita el acceso a educación formal, lo que reduce la posibilidad de cuestionar el entorno.
En ese contexto, la reproducción se convierte en un elemento central. Blum sostiene que los matrimonios a edades tempranas no solo responden a una práctica religiosa, sino a una lógica de crecimiento del grupo. “Mientras más hijos tienen, más crece la comunidad”, explicó a este medio.
“Vivían como animales”, afirma. “Había hasta 300 personas con dos o cuatro baños que funcionaban y cuatro duchas”. Blum describe espacios improvisados, separados por plásticos en una gran galera, sin privacidad. “No tenían educación. Nada. Ni siquiera educación religiosa”, añadió.
El testimonio de Blum coincide con las denuncias que durante años circularon sin avance en el sistema de justicia. “Casaban a las niñas a los 12 o 13 años”, sostiene. “Y si el hombre no podía consumar la relación, intervenían para que pasara”.
También señala separación de menores de sus padres, partos sin atención médica y muertes asociadas a la falta de tratamiento. “Había gente que se moría porque no los llevaban al hospital”, afirmó.
45 VIAJES Y UNA DISPUTA LEGAL PROPIA
Frente a ese contexto, Blum emprendió una estrategia individual. Viajó de forma recurrente a Guatemala para participar en audiencias y gestionar la recuperación de sus familiares.
Un juzgado le otorgó el abrigo provisional de 17 menores —sus sobrinos y sobrinos nietos—, que actualmente están bajo su cuidado.
Su caso se resolvió dentro del mismo proceso que definió la situación del resto de niños, pero con una dinámica distinta: la acreditación de vínculos familiares directos y condiciones para el resguardo fuera del entorno de la secta.
UN SISTEMA DE JUSTICIA “CÓMPLICE”
Durante la entrevista, Blum también lanzó acusaciones contra el sistema judicial guatemalteco. Su situación no se aleja a lo que organizaciones internacionales han alertado sobre una “dictadura judicial” que responde con una especie de justicia a la carta.
El rabino asegura que hubo retrasos injustificados en audiencias y sostiene que algunos jueces actuaron de manera irregular. “Hay corrupción”, afirma. “Han retrasado decisiones que afectan a los niños”.
Sus señalamientos no han sido confirmados por autoridades, pero reflejan las tensiones que atravesó el caso desde su judicialización. El volumen de audiencias —169 para 130 menores— y la necesidad de resolver cada situación de forma individual evidenciaron la presión sobre el sistema.
CIERRE SIN PRECEDENTE
El caso Lev Tahor concluyó con la reubicación de prácticamente la totalidad de los menores rescatados, un resultado inédito frente a antecedentes en otros países donde la secta había operado.
El proceso, sin embargo, no se limitó al rescate. Supuso reconstruir identidades, establecer vínculos familiares y definir, en cada caso, un entorno de resguardo.
Para Blum, el resultado es parcial pero significativo. “Ahora tienen una oportunidad”, dice.
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