El nombramiento como ministro de Cameron supone la vuelta a la primera línea de la política para el que fuera primer ministro de Reino Unido entre 2010 y 2016. Cabe recordar que, durante la campaña de reelección de 2015, Cameron prometió que celebraría un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, erigiéndose como la cabeza visible de la opción propermanencia. Tras la victoria de los pro-Brexit, Cameron dimitió como primer ministro británico.
El regreso de Cameron ha sido interpretado como un movimiento de Sunak para tratar de seducir al electorado británico tras la mala situación en las encuestas de los ‘tories’, que se sitúan hasta 20 puntos por detrás de los laboristas de cara a las próximas elecciones, que tendrán que celebrarse antes de enero de 2025. El antiguo primer ministro es visto como una figura más cercana al centroderecha que algunos de sus compañeros de gabinete.
Cabe señalar que, durante su mandato como primer ministro, Cameron mostró cierta proximidad con China, una postura que ha ido modulando conforme el Partido Conservador ha adoptado una retórica más agresiva respecto a Pekín. En 2020, Cameron participó en los esfuerzos para crear un fondo de inversión entre el Reino Unido y China, pero la iniciativa no prosperó.
BRAVERMAN, FUERA
La otra gran noticia de la reorganización del Ejecutivo de Sunak es el despido de Suella Braverman como ministra del Interior, cartera que ocupará James Cleverly, anterior ministro de Asuntos Exteriores.
“Ha sido el mayor privilegio de mi vida servir como ministra del Interior. Tendré más que decir a su debido tiempo”, ha indicado Braverman en un comunicado. Según informan fuentes británicas, la noticia no cogió por sorpresa a Braverman, que ya se esperaba que Sunak le pidiera renunciar al cargo como finalmente ha ocurrido.
La posición de Braverman como ministra del Interior estaba bajo presión desde la semana pasada, cuando escribió un artículo en ‘The Times’ no autorizado por Downing Street en el que criticaba duramente a la Policía Metropolitana de Londres por su desempeño en las manifestaciones en apoyo de Palestina. En el artículo, Braverman descalificaba la actuación de los agentes de la ley y de su “doble rasero” al permitir esta manifestación y por supuestamente actuar con más dureza contra los grupos de ultraderecha que intentaron reventarlas.
Asimismo, la ya exministra del Interior criticó con dureza a las “turbas propalestinas” y aseguró que las marchas “no son simplemente un grito de ayuda a favor de Gaza”, sino manifestaciones muy similares a las “que nos hemos acostumbrado a ver en Irlanda del Norte”. Braverman también defendió a los ‘hooligans’, de quienes dijo que se les vigila con más dureza “en comparación con los grupos minoritarios con conexiones políticas a los que favorece la izquierda”.
El tiempo de Braverman como ministra del Interior ha sido turbulento. La política, elegida como ministra por Liz Truss antes de su dimisión, renunció al cargo menos de dos meses después de su nombramiento, reconociendo en el proceso la violación de ciertos códigos ministeriales. Según diarios británicos como ‘The Guardian’, en realidad la dimisión de Braverman era una respuesta al paquete de medidas anunciado por el canciller de Finanzas, Jeremy Hunt, tras la crisis del ‘minipresupuesto’. Braverman fue nombrada de nuevo ministra del Interior tras el ascenso al poder de Rishi Sunak.
Alineada con el sector más ultra del Partido Conservador, Braverman ha sido protagonista de algunas de las polémicas más crudas del Ejecutivo británico durante el mandato de Sunak. La exministra emprendió desde el comienzo de su mandato una cruzada personal contra la inmigración en Reino Unido, a la cual llegó a describir como una “invasión”.
Durante su tiempo como ministra del Interior, Braverman promovió la Ley de Inmigración Ilegal que permitía al Gobierno, entre otros, prohibir la solicitud de asilo a los migrantes que lleguen por el canal de la Mancha o el uso del barco ‘Bibby Stockholm’ para alojar a estas personas. Bajo el liderazgo de Truss, Braverman promovió la Ley de Orden Público, la cual otorga a la policía británica poderes para adoptar un enfoque más “proactivo” frente a las protestas populares e impondrá penas de hasta un año de cárcel para aquellos manifestantes que “interfieran” con infraestructuras como aeropuertos o refinerías de petróleo.
