La alianza oficialista, que se opone a los resultados electorales de la segunda vuelta, se apresura para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean investigados por el Ministerio Público (MP), por supuestas anomalías en la compra del sistema informático que transmitió los datos preliminares el 25 de junio y 20 de agosto.
Este lunes, la comisión pesquisidora escuchará al representante legal de la empresa DATASYS, S. A., donde espera que profundicen sobre el costo del servicio brindado al Estado, como las auditorías que realizaron previo, durante y después de los comicios.
Asimismo, una hora después se espera que los magistrados titulares se presenten ante los diputados para aclarar dudas de por qué se adjudicó a esa empresa el contrato. La semana pasada los magistrados Blanca Alfaro, Ranulfo Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, asistieron al Congreso, pero debido a que varios funcionarios electorales lograron un amparo provisional por la Corte de Constitucionalidad, los diputados tuvieron que consultar a la máxima corte.
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MUESTRAN APURO
La prisa que han mostrado tres de los cinco integrantes de la pesquisidora se evidenció el pasado viernes, cuando la Contraloría General de Cuentas informó que el 28 de noviembre podía presentarse para informar sobre hallazgos y desvanecimientos en la adjudicación a DATASYS por Q148 millones. No obstante, los diputados votaron en contra para reprogramar la audiencia.
Casualmente, en horas de la madrugada de este sábado 25 de noviembre, el contralor, Frank Bode Fuentes, presentó una denuncia contra varios magistrados electorales.
ACUERDOS EVIDENCIADOS
La semana pasada, la pesquisidora tuvo que reprogramar las audiencias, ya que los diputados Julio Longo Maldonado, Douglas Rivero Mérida y Flavio Muñoz habían apresuraron las actividades, pero por el atraso de los denunciantes Karen Fischer y Giovanni Fratti, cambió el calendario.
Durante la presentación de Fischer y Fratti, ambos pidieron recomendar el retiro de la inmunidad a los magistrados para que sean investigados, donde no se descarta que sean capturados a petición de la fiscal Consuelo Porras.
Los delitos por los que se les acusa a los magistrados son incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
La alianza oficialista apresura para que la pesquisidora entregue el informe el 28 de noviembre para que en la plenaria del miércoles se vote para que se retire la inmunidad, para esa votación se requiere de 107 votos a favor. La urgencia del oficialismo es que el 30 finaliza el periodo ordinario y después de eso no podrían conocer el informe, a pesar de que la comisión tiene hasta 60 días para escuchar versiones y elaborar su recomendación.
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