A criterio de Edwin Asturias, epidemiólogo y exjefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), la investigación que sigue el Ministerio Público (MP) por la compra millonaria de las vacunas Sputnik-V debe alcanzar a más funcionarios públicos, incluso al expresidente Alejandro Giammattei, y no solo a la exministra de Salud, Amelia Flores, como refirió el ente investigador a La Hora.
Asturias en su columna publicada en este diario y titulada «Caso Vacunas Sputnik: el sendero de los delitos» resumió las anomalías detrás del contrato que Guatemala firmó a través del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y la empresa con quien negoció el convenio de las vacunas y además precisó en que otros funcionarios y dependencias habrían incurrido en delitos.
«¿Fue esta una estrategia sutil y premeditada para forzar la mano de la ministra de Salud a firmar un contrato perverso con el fondo ruso?», cuestionó el epidemiologo.
MÁS RESPONSABLES QUE LA EXMINISTRA
Asturias recordó que para marzo del 2021, 6 mil 700 personas habían fallecido a causa del COVID-19 y el Gobierno de Giammattei «se empecinaba en signar en una negociación oscura el contrato con Human Vaccine LLC vía el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex)».
«Por supuesto que la ministra (Amelia Flores) lo rubricó, era eso o renunciar y abandonar a la población a los designios del pacto de corruptos. Hay que tener claro que en el gobierno de Giammattei poco ocurría sin su tácita venia», refirió sobre como por medio del Minex se lideró la firma del contrato con Salud.
Según un reportaje de La Hora, el extitular del Minex, Pedro Brolo, y Giammattei recomendaron a Flores firmar el convenio con el RDIF. Por su parte, la entonces administración de Giammattei lo negó, pero Flores aseguró que el Minex fue quien tuvo el primer acercamiento.
Vacunas Sputnik V: Giammattei y Brolo sugirieron a los rusos; ministra firmó contrato
«Los rusos no despacharon, luego cambiaron la vacuna contratada, y cuando finalmente dispensaron, lo hicieron a cuentagotas. La esperanza de millones de guatemaltecos que aguardaban la tabla de salvación se desmoronó semana tras semana al retrasarse las entregas de las Sputnik», refirió Asturias.
A la vez, mencionó que Giammattei como presidente no tomo el liderazgo de declarar el contrato de vacunas como lesivo, «a pesar de que pudo y debió hacerlo mediante Acuerdo Gubernativo según la legislación de lo Contencioso Administrativo».
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MP Y CONGRESO CON RESPONSABILIDAD
El epidemiólogo refirió que el Congreso de la República pudo haber incurrido en un delito luego de que aprobaran la Ley de Exención de Responsabilidad por el Uso de Vacunas contra la COVID-19 hasta el 5 de julio del 2021.
«Esta negligente demora por más de 6 meses a pesar de los dictámenes públicos de la CoPreCOVID, provocaron la muerte adicional de casi 12,000 personas durante la más mortal ola de coronavirus Delta. La desidia de la Junta Directiva del Congreso y del expresidente al no actuar para garantizar y proteger la vida humana pudiera ser procesada como una violación grave al artículo 155 Constitucional», destacó.
Asturias también apunta al MP como responsable, en su caso por no «investigar, acusar y someter a juicio ante la evidente lesividad del contrato y de la falta de la maquinaria rusa de cumplir con lo pagado». A criterio del profesional de la salud, el expresidente Giammattei debió ser enjuiciado, pero el MP y «su complicidad en la impunidad fue evidente y su desidia bochornosa», dijo.
IMPUNIDAD
«El caso de las vacunas Sputnik fue orquestado por una mafia de políticos y funcionarios a los que poco importó la vida de la mayoría. Para la cúpula, el negocio siempre fue primero, la vida de ellos y sus familias siempre superior, y ahora esperan que la impunidad les permita limpiarse las manos y la conciencia», sostuvo Asturias.
El epidemiólogo remarcó a que el «sendero legal para derivar responsabilidades de este pérfido contrato no puede quedar solo en los firmantes, debe perseguir y hacer pagar a la caterva de progenitores que se beneficiaron del desfalco».
«El nuevo gobierno debe enjuiciar con coraje y pericia, sobre todo en nombre de la memoria de los que perdimos en la batalla contra la pandemia», concluyó.
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