Tres meses le bastaron a la jueza Abelina Cruz Toscano frente del Juzgado de Mayor Riesgo D para no pasar desapercibida y provocar masivas reacciones de ciudadanos guatemaltecos ante las últimas resoluciones que favorecieron a dos exministros de los gobiernos de Jimmy Morales y Otto Pérez Molina, así como al ex secretario de la Presidencia del entonces presidente Álvaro Colom. Todos acusados de incurrir en corrupción y lavado de dinero.
Abelina Cruz asumió una de las judicaturas que dilucida los casos de mayor impacto de Guatemala en enero, luego de que el juez Juan José Jiménez Texaj —también señalado de beneficiar a personajes políticos— solicitara su traslado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside Oscar Cruz.
ARRIBO AL JUZGADO D
En septiembre de 2023, la jueza Abelina Cruz conoció el caso Comisiones Paralelas junto a dos colegas en el Tribunal de Mayor Riesgo E. Ahí los tres decidieron absolver y declarar inocentes de todo delito al abogado Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como el «Rey del Tenis», su hermana Clara Guadalupe y el exmagistrado Giovanni Orellana Donis.
«El Rey del Tenis», su hermana y magistrado Orellana logran absolución en caso Comisiones Paralelas
En dicho proceso penal se le señalaba a «el Rey del Tenis» de influir en el amaño de las comisiones de postulación para elegir a magistrados de la CSJ y Salas de Apelación. La investigación contaba con evidencias de la supuesta organización de eventos y festejos, pago de dinero, promesas y entrega de beneficios a favor de algunos comisionados.
La nota titulada «La rebelión de los 12 magistrados en contra de Oscar Cruz por el Rey del Tenis» refiere que el abogado López Villatoro mantiene su poder en el sistema de justicia, puesto que es «el padrino político» de Oscar Cruz. De esa forma, el presidente de la CSJ ha realizado cambios en el Organismo Judicial (OJ) bajo órdenes de «el Rey del Tenis», según el reportaje.
De esa cuenta, la CSJ de Oscar Cruz decidió trasladar a la jueza Abelina Cruz al Juzgado de Mayor Riesgo D, para conocer las primeras declaraciones y etapas intermedias de procesos de mayor envergadura. Entre estos, Odebrecht, Q122 millones y Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.
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BENITO, CRUZ Y LA SALA
El pasado 9 de febrero, a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, la jueza Abelina Cruz celebró una audiencia de aceptación, en la cual el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, de Jimmy Morales, se declaró culpable de lavar más de 122 millones de quetzales hallados en octubre de 2020 en una residencia que el exfuncionario arrendaba en Antigua Guatemala.
Al acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, la jueza otorgó penas mínimas al exfuncionario, consistentes en: 2 años de prisión conmutables, una multa de Q1 millón 600 mil. Además, le ordenó el pago de reparación digna consistente Q220 mil quetzales, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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La decisión de la jueza fue criticada por diversos sectores de la sociedad, quienes reprocharon el fallo. Asimismo, la PGN, en representación del Estado de Guatemala, apeló la resolución y de esa cuenta, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aumentó los años de prisión a seis e incrementó la multa a Q40 millones.
No obstante, Benito interpuso un recurso a la misma Sala y esta resolvió a su favor, modificando por segunda vez su resolución. A la fecha, la sala redujo la condena a tres años de prisión conmutables a razón de Q25 por día con abono de la prisión ya padecida como consecuencia del beneficio que con lleva la aceptación de cargos a la que Benito se sometió.
Además, modificó su decisión de un pago de una multa por Q40 millones y en su lugar reconfirmó la decisión de la jueza de imponer una multa por Q1.6 millones.
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ALEJOS Y ALIADOS
Para el 12 de febrero, tres días después de lo de Benito, la juzgadora emitió otra cuestionada resolución. Esa vez a favor del exsecretario de la Presidencia, Gustavo Adolfo Alejos, quien hasta esa fecha era acusado de cometer cinco delitos en el caso denominado “Red de Poder”.
La jueza cerró el proceso contra Alejos y dictó sobreseimiento por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, evasión y defraudación tributaria, bajo los argumentos de una acusación que no logró demostrar la supuesta responsabilidad del empresario.
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Asimismo, la esposa de Alejos, Beatriz Jansa Bianchi y el arquitecto Rafael Escobar Pereira fueron beneficiados con el cierre de la persecución penal tras una acusación de blanqueamiento de dinero. De esa forma, los tres se libraron de ir a un juicio y correr el riesgo de una posible sentencia.
SINIBALDI NO VA A JUICIO
La última resolución de la togada también libró al exministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi, de ir a juicio por el caso Construcción y Corrupción, un entramado millonario en el cual el exfuncionario es señalado de liderar una estructura criminal que efectuaba una serie de pagos y cobros ilegales.
Sinibaldi era acusado, hasta el pasado 26 de abril, por los de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza calificó la acusación del MP de débil.
Sinibaldi suma un portafolio de casos de corrupción, actos que que se le sindican de haber realizado durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arca y Odebrecht.
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