Brasilia (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó este jueves contra las cuerdas tras la primera audiencia de un juicio en el que se le acusa de “abusos de poder” durante la campaña para las elecciones de 2022, ganadas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El Ministerio Público, que es parte en el proceso, afirmó en la primera de las tres sesiones reservadas para el caso por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que los abusos “están presentes en los autos” y pidió que se apliquen “las pena de ley”, que supondrían despojar a Bolsonaro, de 68 años, de sus derechos políticos por un plazo de ocho años.
El eje de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia el 18 de julio de 2022, para descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia, y que incluso ordenó que fuera transmitida por la televisión pública.
La defensa de Bolsonaro responde
El abogado Tarcísio Vieira, defensor de Bolsonaro en el juicio por supuestos abusos electorales, aseguró que su cliente está acusado “en realidad”, de haber “expresado opiniones” sobre el sistema de votación.
Al presentar la defensa frente al TSE en la primera audiencia del proceso, Vieira reconoció que, en esa ocasión, “tal vez en un tono inadecuado, ácido, excesivamente contundente”, Bolsonaro no hizo más que “expresar sus opiniones sobre el sistema electoral brasileño”, en lo que calificó como una “franciscana” e “institucional” reunión con embajadores .
El abogado aseguró que se trató solamente de una “franciscana” e “institucional” reunión con embajadores y dijo que si constituyó una “propaganda anticipada”, pues la campaña aún no comenzaba, o si hubo “un uso indebido de edificio y medios públicos”, Bolsonaro debería recibir una multa, pero sin afectar sus derechos políticos.
La acusación habla de golpismo
El abogado Walber Agra, que representa a la acusación, afirma el movimiento de seguidores del exmandatario en las calles desembocó en el asalto a los tres poderes de la Nación ocurrido el pasado 8 de enero, ocho días después de la investidura de Lula, a quien la ultraderecha intentó derrocar ese día.
Agra afirmó que Bolsonaro debía ser condenado por sus “abusos de poder”, pero también por “prácticas golpistas”.
Ese último punto, según el abogado del Partido Democrático Laborista, autor de la demanda, se corrobora con sendos borradores de decretos hallados por la Policía en manos de cercanos asesores de Bolsonaro tras los sucesos de enero.
Esos documentos proponían, sin tapujos, anular el resultado de las urnas tras la victoria de Lula e incluso planteaban hasta una “intervención militar” para mantener a Bolsonaro en el poder hasta que se convocasen unas nuevas elecciones.
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