El Ministerio Público (MP) utiliza la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para dos de los casos más emblemáticos de Guatemala: el del periodista Jose Rubén Zamora y el que busca cancelar el partido Movimiento Semilla, que llevó al presidente Bernardo Arévalo al poder. En otro extremo, ahora la Fiscalía contra la Corrupción ha sido designada para conocer dos denuncias que involucran al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.
La FECI es dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado y vetado por 42 países del mundo luego de judicializar las elecciones generales 2023 con el fin de impedir que Arévalo asumiera la presidencia. La FECI ha sido señalada por organizaciones sociales y operadores de justicia como la dependencia del MP dedicada a emprender investigaciones con fines políticos y en venganza contra personas que lucharon contra la corrupción.
Mientras que la Fiscalía contra la Corrupción fue desbaratada con la salida de su exjefe, Stuardo Campo, quien hoy se encuentra detenido y atribuye estar en prisión por investigar al círculo cercano de Giammattei. Campo fue removido por la fiscal general María Consuelo Porras y a la cabeza de esa fiscalía se encuentra el fiscal Raúl Figueroa, señalado del delito de falsedad ideológica.
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Dicha Fiscalía desestimó una investigación sobre un entramado de sobornos que salpicaba al expresidente en el caso denominado «Alfombra Mágica».
FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Figueroa fue nombrado por Porras como jefe de la Fiscalía contra la Corrupción en diciembre de 2021, ocho meses después de que removiera a Campo de ese cargo tras anunciar investigaciones contra el expresidente Jimmy Morales. Durante la administración de Figueroa varios casos de presunta corrupción fueron desestimados y no se presentaron magnos procesos, a excepción del desfalco millonario a través del Hospital de Chimaltenango.
En dicha fiscalía labora el esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres. En septiembre pasado, Porras premió a esa dependencia. Un mes después se conoció que el MP había cerrado un caso vinculado a Giammattei por haber recibido una supuesta suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra.
Ahora esta fiscalía conocerá dos denuncias en contra de Giammattei y Martínez. Se trata de una que interpuso el excandidato a la presidencia Roberto Arzú en octubre pasado y una que ingresó en mayo último, ambas relacionadas con la existencia de una supuesta estructura dedicada a desfalcar al Estado y enriquecerse a costas de adjudicaciones millonarias.
El MP había negado la existencia de investigaciones y denuncias contra el exmandatario y su pareja hasta la semana pasada; sin embargo, un medio cercano al ente investigador dio a conocer sobre la pesquisa contra Martínez y de esa cuenta confirmaron que la misma abarcaba al expresidente.
Pese a que la denuncia de Arzú fue interpuesta hace ocho meses no presenta avances, la Fiscalía justificó que el Juzgado Duodécimo Penal B no ha programado audiencia para que puedan solicitar el registro en sistemas bancarios y demás diligencias.
MP confirma una segunda investigación contra Giammattei, Martínez y Cía. que no presenta avances
Giammattei y Martínez comparten la prohibición de entrar a Estados Unidos. Ambos son señalados de recibir sobornos durante la administración pasada. En cuanto a la pareja del exmandatario, el Departamento del Tesoro de EE. UU. le congeló los activos y asegura que negoció con rusos para que el Gobierno de Guatemala pactara un contrato millonario para la compra de las vacunas Sputnik-V.
FECI
La FECI y sus fiscales cobraron relevancia a nivel internacional en julio pasado, luego de que el entonces candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, obtuviera un sorpresivo y significativo apoyo en la primera vuelta de las elecciones y asegurara su pase a la segunda vuelta para disputarse la silla presidencial con Sandra Torres, impulsada por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Previo a que oficializaran a Arévalo y Torres como los que irían a segunda vuelta, el MP por medio de un video reveló una investigación contra el partido Semilla que aparentemente cambiaba el panorama. Las autoridades acusaron a Semilla de irregularidades en la recolección de firmas necesarias para su inscripción como agrupación política.
La investigación y las acciones judiciales contra el proceso electoral en los meses siguientes fueron vistas y calificadas por la comunidad internacional como un intento de interferir en el proceso electoral y de socavar la candidatura de Arévalo, quien se había posicionado como un fuerte opositor a la corrupción y al status quo político.
Organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, así como diversas organizaciones de derechos humanos, expresaron su preocupación por la posible instrumentalización del sistema judicial para influir en las elecciones. Pese a estos desafíos, Arévalo avanzó a la segunda vuelta y finalmente ganó la presidencia en agosto de 2023, en un resultado visto como una victoria para la democracia y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
El otro caso más emblemático de la FECI es la persecución contra el periodista y fundador del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien ha sido señalado como víctima del MP de Porras por exponer la corrupción de Giammattei. Zamora fue condenado por el delito de lavado de dinero, pero una Sala ordenó la repetición de su juicio, que a la fecha se encuentra entrampado y sin avances por recursos legales pendientes de resolver.
Además, periodistas y columnistas también se vieron incluidos en otro proceso derivado de la petición de la exfiscal de esa unidad, Cinthia Monterroso, de abrir una carpeta en su contra por el delito de obstaculización a la justicia por publicar que Zamora era víctima del MP. Este hecho le valió una sanción de Estados Unidos a Monterroso y al juez Jimi Bremer, quien avaló iniciar una investigación.
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