El Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras y Angel Pineda, tiene en la mira al menos a cuatro funcionarios y dos exfuncionarios del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La ofensiva del ente investigador en contra del suspendido partido Movimiento Semilla ahora se extiende contra personajes del Organismo Ejecutivo y, a cinco meses de haber tomado posesión en distintos cargos, la Fiscalía tramita con celeridad investigaciones de oficio y denuncias anónimas.
En mayo último, Porras, fiscal general y jefa del MP, se consagró como la piedra en el zapato de Arévalo luego de que en una conferencia de prensa asegurara que será «un obstáculo» para la administración del mandatario, a quien señaló de inoperante y puso en duda la bandera de la «lucha contra la corrupción» con la que Arévalo ganó las elecciones generales 2023.
El controvertido personaje de Porras está vetado de 42 países del mundo. La fiscal general sumó 41 sanciones luego de que fraguara un intento de golpe de Estado para impedir que Arévalo y la ahora vicepresidenta Karin Herrera tomaran posesión. Desde 2021, EE. UU. sancionó a Porras bajo la Lista Engel por obstaculizar casos de corrupción, pese a ello el expresidente Alejandro Giammatei la reeligió al cargo por cuatro años más.
GUERRERO
El Secretario General de la Presidencial, Juan Gerardo Guerrero, es uno de los funcionarios de mayor confianza de Arévalo denunciado este año en el MP. En los últimos cuatro años, el abogado se desempeñó como diputado de Semilla en el Parlamento Centroamericano y cobró notoriedad el último año ejerciendo la defensa del caso contra dicha agrupación política.
El pasado 22 de mayo, el expresidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal, presentó una denuncia penal contra Guerrero derivado de una visita que realizó a su despacho a principios de la semana en que fue destituido por Arévalo, tras confirmarse que había mentido en su experiencia laboral para que fuera nombrado en la directiva de esa entidad bancaria por el expresidente Alejandro Giammattei.
PALOMO
Según los hechos relatados en la denuncia penal de Mondal, Guerrero llegó a su despacho para «coaccionarlo» con el fin de que renunciara al cargo. En la misma también señaló al comisionado Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, de acompañar a Guerrero y exigirle su dimisión. Guerrero y Palomo han negado esa versión y refieren la denuncia que el Ejecutivo interpuso en contra de Mondal por mentir bajo juramento.
La semana pasada, autoridades del MP enviaron un oficio al Congreso de la República donde consultaron si Guerrero y Palomo, gozan de derecho de antejuicio, una protección que impide al ente persecutor iniciar una investigación sin que antes un órgano superior les haya retirado la inmunidad. De acuerdo con la Ley de Materia y Antejuicio, Palomo no goza de este fuero y lo hace vulnerable a ser sujeto de un proceso.
Palomo lidera dicha comisión, desde donde se encarga de identificar los patrones de corrupción, promover las reformas institucionales y legales necesarias para garantizar que los ilícitos no sean repetitivos desde el Organismo Ejecutivo.
Pese a que el gobierno de Arévalo denunció a Mondal por mentir en acta notarial y no poseer las calidades, el MP pasó esa denuncia a la Unidad de Desjudicialización, que tiene como fin desestimar las denuncias. El exdirectivo es señalado del delito de perjurio y falsedad ideológica.
Por su parte, Guerrero y Palomo aseguran que las acciones emprendidas por Mondal son parte de la resistencia a abandonar el Bantrab y a abandonar las prácticas corruptas. Además, rechazaron la denuncia interpuesta en su contra y la calificaron de «espuria e infundada».
SAAVEDRA
Otro caso es el del Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra. El pasado 24 de abril, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), solicitó información a la Presidencia relacionada con su persona por el caso de la compra de las vacunas Sputnik durante la emergencia el COVID-19.
Entre la información que el MP solicitó se encuentra el funcionamiento y contrataciones en la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid). Al respecto, Saavedra aseguró que es un intento del ente investigador para relacionarlo con la carpeta judicial.
El Procurador denunció a Porras en febrero por el delito de incumplimiento de deberes. También al secretario general del MP, Ángel Pineda, por pagar en el extranjero por la persecución de Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana, dos ex operadores de justicia que se encuentran en el exilio bajo señalamientos de persecución política.
Arévalo, por su parte, ha demostrado su apoyo al Procurador. “En estos meses me ha quedado muy claro que elegí a un Procurador honesto, capaz, pero sobre todo, valiente”, publicó en su cuenta de X el mandatario tras una citación de la FECI a Saavedra.
En los últimos cinco meses, la PGN ha impugnado las resoluciones que favorecen a exfuncionarios en casos de corrupción, lo anterior desde su figura de querellantes adhesivos en los casos. Los exministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi y Jose Luis Benito han sido uno de los desfavorecidos.
MENKOS
En otro caso, la semana pasada, autoridades del MP se presentaron al edificio del Ministerio de Finanzas Públicas como parte de una serie de diligencias. El ente investigador explicó que las pesquisas correspondían a una investigación de oficio que busca “recabar información de carácter documental que contribuya a fortalecer las investigaciones en curso”.
Según Finanzas, la información requerida por el MP era el libro de registro de ingreso de visitas y las imágenes de las cámaras de seguridad del nivel 18, lugar donde el titular de esa cartera, Jonathan Menkos, realiza sus labores diarias.
De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, se trata de una investigación que de forma oficiosa inició el MP por supuestos delitos en ofrecimiento de dinero a diputados para votar a favor de la ampliación presupuestaria que el gobierno de Arévalo pide.
La cartera de Finanzas recordó que Menkos tiene antejuicio y negó las insinuaciones del MP.
CORDÓN
Asimismo, fuentes del Ejecutivo que pidieron no ser citadas, indicaron que el MP ha solicitado información relacionada con el exministro de Salud, Oscar Cordón, quien renunció al cargo recientemente argumentando padecimientos de salud.
De acuerdo con la información proporcionada por una fuente con conocimiento del tema, la información que el ente investigador ha requerido es por el convenio que dicha cartera firmó en abril pasado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El convenio se signó por US$900 millones para los siguientes cuatro años que permite licitar a nivel mundial la compra de insumos. En contraste, los jefes de bloque del Congreso de la República de oposición se mostraron insatisfechos con el acuerdo de Salud y diputados señalaron la inexistencia de términos de transparencia y fiscalización adecuados para el mismo.
La Hora consultó al MP si existe una denuncia en su contra o investigación de oficio, pero al cierre de la edición de esta nota no se obtuvo respuesta.
DE LA VEGA
El último caso es contra la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, a quien Arévalo destituyó por autorizar “pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”. De esa cuenta, la exfuncionaria ofreció una conferencia de prensa para aclarar las dudas de la prensa, diciendo que no podía acatar “órdenes ilegales”.
Fue ahí cuando la Fiscalía contra la Corrupción entregó una citación a la exministra de Comunicaciones para brindar su declaración en una investigación. Lo anterior por una denuncia anónima en la cual se le señaló de posibles actos de corrupción que nunca se detallaron.
«Son varias denuncias, la primera fue presentada el 25 de abril por un ciudadano. A esta se conexaron otras tres denuncias, que se encuentran en investigación por la Fiscalía contra la Corrupción», refirió el MP tras ser consultado sobre las denuncias contra De la Vega.
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