En alguna ocasión, cuando periodistas hicieron una pregunta sobre la corrupción, Roxana Baldetti se limitó a decir que eso es un monstruo de mil cabezas y ahora vemos que lo que entonces pareció una forma de evadir el tema de fondo, es una dramática y grave realidad. El tema de las postuladoras para proponer a los aspirantes a Magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, vital para el rescate del cooptado sistema de justicia, nos está mostrando cuán grande es ese monstruo que trabaja intensamente para asegurar que los magistrados que eligió a finales del año pasado el Congreso de la República bajo la supervisión de Miguel Martínez.
Está visto que no tienen el menor interés de entrar en el debate sobre las cualidades de abogados que dispongan presentarse como aspirantes a las magistraturas porque es mucho más fácil y sencillo entrampar el proceso, evitando que se llegue siquiera a la convocatoria a los profesionales porque, de todos modos, tienen la sartén por el mango mediante las tácticas dilatorias que harán imposible cumplir los plazos de ley.
Y ya sabemos que no hay a quien recurrir ante esta situación, porque ni siquiera se puede confiar en que ninguna Corte, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, otorgue un amparo para ordenar que se cumplan los plazos y sancionar a quienes traten de entretener la nigua. La ley establece claramente esos plazos, pero se sentó el precedente hace ya muchos años, cuando los anteriores magistrados permanecieron en sus puestos casi el doble del tiempo para el que fueron electos, simple y sencillamente porque, en ese caso, el Congreso no elegía a sus sustitutos.
Con ese antecedente, los que controlan para su beneficio todo el sistema de justicia se sienten tranquilos de que aquellos que fueron “electos” por los diputados luego de aquella reunión de Martínez con los diputados de Vamos, encabezados por Allan Rodríguez, en la que se armó la lista de los que tendrían el control de la Corte Suprema y de las Salas de Apelaciones. Es el mismo Allan Rodríguez que, según diputados al Congreso, advirtió a sus colegas que quienes se dispongan a aprobar la ampliación presupuestaria serán perseguidos penalmente por el Ministerio Público.
La mafia sabe que su poder depende de cuán firme sea el control que mantiene en el sistema de justicia, porque allí es donde se asegura no solo a impunidad, sino también la persecución penal de los que se quieran pasar de listos. Con ese mecanismo capturado pueden vivir tranquilos y seguir, como pasa con el IGSS, haciendo micos y pericos.
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