Durante el foro Ley de Competencia en Acción: La Experiencia Centroamericana, representantes de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá, compartieron los beneficios de las leyes de competencia en vigor en sus países.
Afirmaron que estas leyes constituyen la herramienta de política económica que utilizan para brindar certeza jurídica y protección tanto a empresas y consumidores. Y que no solo es beneficioso tener una Ley de Competencia, sino que es esencial para garantizar un mercado libre y competitivo.
El viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Antonio Romero, señaló que la iniciativa 5074 Ley de Competencia en Guatemala se encuentra en discusión en el Congreso de la República.
Añadió que la aprobación de esta ley representaría un paso importante para alinear a Guatemala con las mejores prácticas internacionales y promover una economía dinámica, transparente e inclusiva, con beneficios significativos para los consumidores.
Romero agregó: «una ley de competencia no solo promueve la eficiencia económica, sino que también protege directamente a los consumidores, asegurando que tengan acceso a una variedad de opciones y precios razonables».
«Muchas empresas radicadas en Guatemala operan exitosamente bajo estas condiciones en otros países. Esto demuestra que podrían operar de igual forma con una ley de competencia en Guatemala, asegurando de esa manera un terreno de juego equitativo para todas las empresas”, afirmó.
EL SALVADOR
Gerardo Henríquez, titular de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, expuso sobre los beneficios de la competencia e indicó que el proceso competitivo es intangible.
Explicó que cuando existe sobreprecio debido a un acuerdo entre competidores, este es altamente regresivo, impactando más a los hogares más pobres.
Henríquez añadió que los acuerdos entre los competidores, conocidos como colusión o cárteles, no tienen beneficios y son intrínsecamente nocivos, resultando en efectos negativos. Mencionó que la detección de cárteles genera beneficios inmediatos, especialmente significativos para los hogares más pobres y también para los consumidores y las empresas.
COSTA RICA
Mientras que Guillermo Rojas, presidente de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) de Costa Rica, indicó que la decisión de Guatemala de aprobar una Ley de Competencia es una fase ya vivida por los países de la región.
Destacó la importancia de crear condiciones y un sistema de abogacía o una ley de competencia que justifique adecuadamente los beneficios para la economía nacional, los ciudadanos y los empresarios.
Rojas presentó dos casos prácticos analizados por COPROCOM: uno relacionado a un proceso de concentración económica y otro con una práctica cartelaria. En el primer caso se refirió al acuerdo en el que la línea aérea JetBlue adquiriría Spirit por US$3,800 millones.
En el segundo, mencionó a los industriales del arroz en aquel país quienes suspendieron la recolección del grano nacional como medida de presión para que el Gobierno implementara un incremento del 1.9% en el precio al consumidor.
Isaura Guillén, Comisionada de COPROCOM abordó el tema de programas de clemencia, indicando que es un poderoso instrumento para la detección de los cárteles ya que son los atentados más dañinos contra la competencia.
HONDURAS
Arturo Ochoa, director de la Comisión para la Defensa y Promoción a la Competencia de Honduras, habló sobre las restricciones verticales.
Explicó que en la mayoría de los mercados, los productores no venden sus bienes directamente, sino a través de distribuidores. La producción se desarrolla en distintas etapas: obtención de materias primas, de otros inputs intermedios y elaboración del bien final.
Ochoa añadió que las empresas pueden utilizar restricciones verticales que resulten favorables para el mercado y consumidor como evitar la doble marginalización, potenciar la provisión óptima de servicios y prevenir el «hold-up», siempre y cuando estas eficiencias excedan los riesgos y efectos anticompetitivos que tales restricciones puedan producir.
También mencionó que las restricciones y fusiones verticales permiten a las empresas maximizar sus beneficios conjuntos y aumentar el bienestar general, aunque no siempre son necesarias para conseguir tales objetivos.
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PANAMÁ
Jovany Morales, Jefe del Departamento de Análisis y Estudio de Mercado de Panamá destacó los hitos del programa de clemencia en su país. Explicó que, dado el desarrollo de la economía digital, si las autoridades no se modernizan, será más difícil detectar cárteles.
Morales afirmó que la probabilidad de que un agente económico se delate será mayor cuando perciba que la autoridad cuenta con herramientas modernas de detección, como el «data screening», que contribuyen a identificar a los agentes económicos involucrados en acuerdos para no competir.
Concluyó mencionando que la experiencia comparada muestra que los programas de clemencia son un gran aliado en la lucha anticarteles de las autoridades de competencia. Según la red internacional de competencia, los principales beneficios de implementar un programa de clemencia son: disuasión, detección y sanción de la conducta ilícita.
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