La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, reformó este martes tres leyes que cambian el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que tendrán ahora que formar «alianzas» con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
Ese paquete de reformas, propuesto por el Ejecutivo que preside Daniel Ortega, fue aprobado de carácter urgente y de forma unánime por los 91 diputados que integran el Parlamento, y un día después que el Gobierno disolviera 1.500 ONG.
Las enmiendas pretenden «regular» la ejecución de los programas y proyectos que las ONG desarrollan en Nicaragua.
El fin es el de que se rijan bajo un nuevo modelo de operatividad denominado «‘alianzas de asociación» con el Estado, de acuerdo con el Ejecutivo, que propuso reformar la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley de Concertación Tributaria.
LAS NUEVAS REGLAS A LAS ONG
Ahora cada ONG presentará a las entidades públicas a través del Ministerio del Interior o la Cancillería, según sea el caso, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares, de acuerdo a su definición o vocación, según el paquete de leyes reformadas.
El Gobierno y las entidades del Estado podrán o no aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las leyes de la República.
Una vez que el proyecto se desarrolle, ejecute y cumpla a cabalidad, la ONG puede proponer una nueva alianza de asociación conforme a su naturaleza o campo de acción, de acuerdo con las iniciativas.
«Estas reformas permitirán que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación, y que ya no exista duplicidad ni despilfarro ni competitividad entre lo que hace el Estado y algunas expresiones de la sociedad» civil, dijo en el pleno el diputado sandinista Carlos Emilio López.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, celebró la reforma de ese paquete de leyes, los cuales, dijo, permitirán «que de forma correcta se ejecuten los programas y proyectos que desarrollan esas organizaciones sin fines de lucro, en el nuevo modelo de operatividad alianzas de asociación».
Consideró que las mismas vendrán a fortalecer «la transparencia, la seguridad jurídica, el respeto, la armonía, el desarrollo de proyectos de interés para las familias, las comunidades en un marco de solidaridad y apego a las leyes nacionales».
ESTADO HA DISUELTO MÁS DE 5.000 ONG
En la víspera, el Gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica a 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas ONG católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados.
Ordenó traspasar sus bienes al Estado, con lo que suman casi 5.200 tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
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