En este sentido, Calviño ha destacado que solicitará un informe en el que se identifique si hay factores “que están afectando a las entidades para la remuneración de los depósitos”, y si hay posibles elementos “que estén impidiendo el funcionamiento de la competencia efectiva en este mercado”.
Tras la reunión mantenida este jueves por representantes de su departamento, de la banca y de los consumidores, la ministra ha indicado que “hemos constatado que las entidades bancarias españolas están trasladando más lentamente que en el pasado y que otros países de nuestro entorno la subida de los tipos de interés en sus pasivos. Ya he expresado que el sector financiero debe empezar a remunerar estos depósitos y trasladar la política monetaria no solo al activo sino también al pasivo”.
Calviño no ha querido adelantar cuáles podrían ser algunos de estos factores y ha indicado que habrá que esperar a los resultados del informe, aunque sí ha avanzado que habrá que ver “si se necesita algún cambio legislativo para actuar en este ámbito”.
En cuanto a la revisión del Código de Buenas Prácticas hipotecarias, la ministra ha comunicado que hasta mayo se habían registrado 33.000 solicitudes, aunque alrededor de un 40% de ellas está todavía en tramitación.
Asimismo, ha detallado que en 2023 se han llegado a acuerdos de refinanciación, renegociación o restructuración de casi 29.000 hipotecas, al margen de los Códigos de Buenas Prácticas. “La evolución de las solicitudes depende de la economía, la salud financiera de familias y la subida de tipos de interés y la carga correspondiente”, ha dicho.
Calviño también ha explicado que ha propuesto la posibilidad de una extensión automática de las hipotecas a tipo variable en la adquisición de primera vivienda en tres años para aliviar la carga de la rápida subida de tipos de interés.
No obstante, esta propuesta ha sido rechazada por el Banco de España y el sector financiero al considerar “prematuro” modificar los Códigos y se han emplazado a septiembre para recalibrarlos y garantizar así que se amplía la cobertura a todas las familias que puedan necesitar este alivio en un contexto de rápida subida de las tasas.
Del mismo modo, se ha planteado la creación de un comparador de inversión y ahorro para los ciudadanos, en pro de la transparencia y para facilitar la competencia.
Desde el sector bancario, AEB, CECA y Unacc han querido poner de manifiesto las mejoras en la atención personalizada a las personas mayores, con más de 6,3 millones de beneficiarios directos y 245.000 participantes en iniciativas de formación, y la ampliación de la inclusión financiera en el ámbito rural, con más de 400 municipios para los que se ha habilitado acceso a los servicios financieros.
El sector ha resaltado que está avanzando en los trabajos técnicos para la creación de un cajero de marca blanca para la España rural, por si fuera necesario para complementar el resto de las medidas ya tomadas. “Una medida novedosa fruto del esfuerzo conjunto de las entidades y de su compromiso de ofrecer servicios financieros en todo el país”, han expresado.
Las asociaciones de usuarios han incidido en que, para la efectividad de estas medidas y la efectiva protección de los ciudadanos, especialmente de los mayores y vulnerables, es fundamental el relanzamiento de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
El Gobierno ha reiterado su compromiso e instará al resto de partidos políticos a tramitar urgentemente el proyecto de Ley en los términos que habían sido recogidos con amplio consenso parlamentario.