El MP no tiene premura: posibles actos de corrupción de la era Giammattei-Martínez quedan en el olvido

Una buena cantidad de denuncias por posibles hechos de corrupción en el gobierno pasado se han presentado de manera formal en el Ministerio Público (MP) y en medios de comunicación en los últimos meses, de los cuales pocos muestran algún avance, aunque ya se han iniciado investigaciones.

Los casos denunciados han sido diversos, desde las vacunas Sputnik V, el aeródromo San José hasta las escuelas Bicentenario o proyectos de infraestructura por los cuales se cobraron millones, sin que fueran terminados.

La ciudadanía espera que las fiscalías actúen con diligencia en estos casos; sin embargo, aunque hay investigaciones abiertas, no se conoce de acciones judiciales contundentes en contra de algún funcionario de la administración de Alejandro Giammattei.

Estos son algunos de los casos que han sido denunciados.

ESCUELAS BICENTENARIO

Uno de los más sonados al inicio del actual gobierno fue el de las escuelas Bicentenario uno de los programas estelares de Giammattei y que consistía en la construcción, en principio, de 16 edificios escolares de primer nivel.

Al final, solo se adjudicaron 13 construcciones por Q541.8 millones, las cuales se pagaron Q486.1 millones. Según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 12 se comenzaron y solo dos se concluyeron.

En abril pasado, las autoridades denunciaron a antecesores por posible fraude porque, aparentemente, las bases de licitación fueron elaboradas para favorecer a una empresa en particular puesto que uno de los requisitos decía que el material para la construcción debía ser lego PVC, que solo una empresa, FAME Sistema Constructivo, S. A., distribuye.

Entre las autoridades denunciadas están los exdirectores de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay. Meses después, en julio pasado, a las denuncias se sumó la Contraloría General de Cuentas (CGC).

AERÓDROMO ABANDONADO

Otro de los proyectos estandartes de la anterior administración de gobierno fue la construcción de un aeropuerto de carga en el Aeródromo San José, en Puerto San José, Escuintla. El presidente Giammattei dijo que la intención era convertirlo en el más moderno de la región.

Para ello el Fondo Social de Solidaridad (FSS) del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) lanzó seis eventos de licitación en los cuales se gastaron Q480 millones. De estos, solo dos se finalizaron, el muro perimetral y las garitas, y la sala de abordaje, aunque esta quedó con defectos puesto que con las primeras lluvias de mayo se inundó.

El resto de los proyectos está a medias, la construcción de una estación de bomberos, la torre de control, la remodelación de la pista de aterrizaje y la urbanización (instalación de servicios). En algunos casos el monto pagado excedió el del contrato.

COCINAS DIGNAS

La instalación de cocinas para preparar alimentos a estudiantes de una diversidad de escuelas también se convirtió en otro proyecto que despertó fuertes críticas a los anteriores funcionarios.

Para ejecutar el programa llamado “cocinas dignas” la UCEE adjudicó 33 concursos por un monto de Q53.8 millones, pero, al igual que las escuelas Bicentenario, las bases de licitación decían que el material debía ser LEGO PVC, lo cual obligaba a las empresas que resultaran adjudicadas a comprar el producto a FAME, Sistema Constructivo.

Una revisión aleatoria de las anteriores autoridades del CIV determinó que la mayoría de las escuelas no contaba con acceso a agua potable y que los materiales utilizados podrían ser inflamables y no eran compatibles con las cocinas rurales ya que las estufas eran de gas y en estas áreas se suele cocinar con leña.

PROYECTOS CARRETEROS

De igual forma, medios de comunicación han publicado diversas notas que muestran cómo proyectos carreteros y puentes se quedaron a medias, por los cuales se otorgaron millones de quetzales

Por ejemplo, La Hora dio a conocer, en mayo pasado, el riesgo que representaba para familias que viven en la zona 3 de Palín, Escuintla, el que la construcción de la 8ª calle se dejara a medias desde el gobierno pasado porque la empresa no previó que le faltaba al menos un estudio de ingeniería.

La obra fue adjudicada por Q25 millones y se le pagaron Q30 millones. La calle fue inaugurada el 12 de enero de 2024, a pesar de que no había sido concluida. A la fecha los vehículos no pueden utilizarla.

Los recursos para esta carretera y otro centenar de proyectos salieron del Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica. La Hora también documentó otra veintena de proyectos de infraestructura que, en el marco de esta ley, se dejaron a medio construir o no se terminaron de pagar, pese a que el Congreso le había aprobado fondos.

HOSPITALES

La construcción de los hospitales de San Benito, Petén, de Coatepeque, Quetzaltenango, y San Pedro Necta, Huehuetenango, también han sido focos de posible corrupción por los que no se han conocido acciones judiciales.

Estos hospitales fueron adjudicados a un monto de Q264 millones (San Benito), Q259.9 millones (Coatepeque) y Q72.8 millones (San Pedro Necta). El gobierno pasado desembolsó por estos proyectos poco más de Q186 millones.

Por este último, el pasado 7 de agosto las actuales autoridades del CIV presentaron una denuncia por posibles actos de corrupción.

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Asimismo, la supervisión de la construcción del edificio en San Benito estuvo a cargo de un contratista que recibió Q2 millones, a pesar de que la obra quedó abandonada, solo se aplanó el terreno y se levantaron unos muros.

El supervisor fue Douglas Alexis Espinales Baños, que durante el gobierno de Giammattei a través de la empresa Construcciones y Transportes Espiba, recibió Q147.7 millones.

Este proveedor pasó de tener contratos por Q11.6 millones —de 2015 al 2019—, a recibir una fortuna en contratos —de 2020 al 2023—.

OTRAS DENUNCIAS

El gobierno actual también ha presentado una serie de denuncias al MP por irregularidades que han hallado al tomar posesión de los cargos.

Una de estas fue por la compra de las vacunas Sputnik V, un negocio de Q614 millones por el que Estados Unidos (EE. UU.) señaló a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, por haber recibido, supuestamente, coimas para concretar el contrato.

El gobierno enumeró 11 posibles irregularidades detectadas, entre estas, que el contrato se firmó con un ente que no era productor de vacunas, no se negociaron condiciones favorables para el país, el documento se firmó en inglés y no en el idioma oficial de Guatemala, que fue ilegal reconocer regalías a Human Vaccine y que se negociaron sanciones de incumplimiento dañinas para el Estado, entre otras.

Por aparte, hasta el 26 de septiembre, la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) del Gobierno registraba que distintas dependencias del Organismo Ejecutivo habían presentado162 denuncias, según su sitio en internet, de las cuales el MP ha desestimado ya 17 acusaciones.

Además, ha archivado siete y 114 se encuentren en investigación, dos en etapa preparatoria, 19 han sido “conexadas” con otras denuncias, y dos están en etapa de asignación.

Las denuncias incluyen un abanico de posibles ilícitos, entre estos por apropiación, retenciones indebidas, estafa caso especial de estafa, fraude, abuso de autoridad, falsedad ideológica, usurpación de calidades, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, malversación, enriquecimiento ilícito y abuso sexual, entre otros.

Por otro lado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) también se sumó a las denuncias que podrían involucrar a funcionarios del gobierno pasado. Solo producto de las auditorías que efectuó en 2023 sumaron 96, por posibles malos manejos de Q7 mil 900 millones.

La más voluminosa es la denuncia presentada por Q7 mil 375 millones que involucraría a las anteriores autoridades del CIV.

Entre los hallazgos se señaló el mal manejo de Q6 mil 960 millones, producto del Decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica, que el Congreso aprobó y que incluía proyectos que no nacieron desde el CIV, sin respaldo técnico y a gusto de diputados distritales.

Adicionalmente, la CGC también presentó denuncias relacionadas a otros seis ministerios.

DIPUTADOS

Legisladores también han acudido al MP a presentar otras denuncias por el posible mal manejo de recursos. Estas son algunas:

El diputado Samuel Pérez presentó una por daños al patrimonio en contra del diputado Allan Rodríguez, debido a la construcción de un búnker dentro una de las oficinas del Palacio Legislativo.

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El mismo legislador también denunció a extrabajadores de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) por el delito de estafa.

La bancada VOS también señaló a las anteriores autoridades del CIV por los daños en la autopista Palín-Escuintla, puesto que aseguran que a pesar de que tenían conocimiento de los daños que podría sufrir nunca lo advirtieron.

DEFRAUDACIÓN MILLONARIA

Asimismo, el pasado 14 de agosto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció la existencia de una red de aproximadamente 410 empresas que fueron utilizadas para defraudar al fisco cerca de Q300 millones.

Estas empresas hicieron negocios con 21 constructoras que a su vez se convirtieron en grandes proveedores del Estado, entre 2021 y 2023, algunas de las cuales obtuvieron ganancias importantes durante el gobierno pasado.

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Según una nota publicada por La Hora, la estructura apunta a la operación de Miguel Martínez ya que al menos una de las constructoras tiene nexos con él.

En ese sentido, la bancada VOS presentó una querella en contra del expresidente Giammatte y Martínez por su posible participación en este caso, conocido como B410.

QUÉ HA HECHO EL MP

De las denuncias que se han presentado este año el Gobierno por ninguna se han efectuado capturas. Tampoco se conoce si han citado a declarar a alguno de los exfuncionarios señalados.

La Hora consultó a la oficina de Comunicación del MP por el número de denuncias que ha recibido la institución, relacionadas al gobierno pasado, pero nos remitieron a hacer la solicitud con la Unidad de Acceso a la Información.

Posteriormente se les consultó qué opinaban de las críticas por un supuesto retardo para agilizar estas investigaciones y cuántas denuncias ya se han judicializado.

«El Ministerio Público se debe a la población guatemalteca y actúa conforme a la Constitución Política de la República, en ese sentido todas las denuncias son investigadas de forma oportuna, con objetividad e imparcialidad, muestra de ello es la reducción de 99% de mora de los 1 millón 266 mil casos heredados de la administración anterior», afirmaron.

Asimiso, afirman que respecto a denuncias contra el gobierno anterior, hay varias y que estas se encuentran en investigación y en muchos casos hay personas aprehendidas, ordenes de aprehensión vigentes y citaciones a primera declaración.

Además, el ente investigador dice que entre algunos de estos casos se puede mencionar lo siguiente:

Caso Insivumeh
Caso de las Vacunas Sputnik,
Caso del remozamiento de las clínicas de psicología del Hospital San Juan de Dios.

A la vez hacen alusión a «varios casos más de actos de corrupción en dicho hospital, caso del Hospital Nacional de Mazatenango, caso Hospital de Chimaltenango, el aeródromo San José, puente Belice, irregularidades en la adquisición de las escaleras eléctricas del aeropuerto, irregularidades en el tramo de autopista Palín- Escuintla, irregularidades en obra inconclusa paso a desnivel Petapa, irregularidades en obra inconclusa del paso a desnivel calzada Roosevelt, entre muchos otros más».

De momento, según varias publicaciones de este medio, el MP ha abierto investigaciones en casos, como los recursos gastados con el Decreto 21-2022 por posible peculado y fraude.

También dio a conocer que desde el pasado 4 de junio, la Fiscalía contra la Corrupción, a raíz de “información de la cual se tuvo conocimiento”, inició una investigación de oficio por los proyectos del Aeródromo San José.

En relación con la compra de vacunas Sputnik V, se conocen varias diligencias, pero hasta el momento no hay detenciones.

En el caso B410 días después de que fue presentado, el MP efectuó algunos allanamientos, aunque no se conocen resultados. La investigación esta a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, se desconoce si se involucrarán otras, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) o contra la Corrupción.

De igual forma, en abril pasado dijo que analizaría si la fallida construcción de la 8ª calle en Palín, Escuintla, ameritaba una investigación. Además, el pasado 13 de junio confirmó que recibió una denuncia en contra de Giammattei y Martínez interpuesta por Roberto Arzú, y que esta ya se había judicializado.

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