Las empresas Spenwell Construcciones, S. A. y Distiloa, S. A. facturaron al Ministerio de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) poco más de Q8 millones 702 mil, entre 2023 y 2024, por el mantenimiento y reparación de sus instalaciones.
Ambas firmas tienen en común que fueron mencionadas en una denuncia penal por el director de otra unidad del Seguro Social en un caso donde habrían cobrado por trabajos no efectuados en el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP), de la zona 11.
Para adjudicar estos eventos las unidades ejecutoras fraccionaron las contrataciones, práctica que, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), se comete cuando una misma unidad compra el mismo bien o servicio en un cuatrimestre del año fiscal por montos que, sumados, superan el de la modalidad de compra siguiente.
Por compras de baja cuantía el límite es de Q25 mil, el de compra directa es de Q90 mil y el de cotización es de Q900 mil. Si el monto a gastar sobrepasa esta última suma se debe hacer una licitación.
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En el caso del IGSS, la unidad ejecutora fue el Hospital General Juan José Arévalo Bermejo, que se ubica en la zona 6 capitalina, ya que este adjudicó, entre noviembre y diciembre del año pasado, 16 contratos para trabajos de remozamientos de áreas del referido centro asistencial.
Entre los trabajos se cuentan, la instalación de piso vinílico, cielo falso, aplicación de pintura e impermeabilizante y reparación de ventanas. Por estos contratos se levantaron 16 eventos de contratación —cada uno cercano a los Q90 mil, que es el techo permitido en una compra directa—los cuales ganó Spenwell Construcciones a quien se le pagó Q1 millón 418 mil.
La LCE dice en el artículo 81 que “se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas”.
Especifica que se comete tal irregularidad cuando dicha unidad hace compras de baja cuantía o directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir de la cual la cotización pública es obligatoria”.
En 10 de los 16 concursos se presentó una segunda oferta que era de menor costo—hasta Q11 mil menos—, pero fueron rechazadas, debido a que, aparentemente, la empresa hizo unos trabajos en el CAMIP que no fueron satisfactorios.
TAMBIÉN EN EL SALUD
Por otra parte, el Hospital Roosevelt —unidad ejecutora del Ministerio de Salud— también fraccionó la contratación de los servicios de impermeabilización de la terraza de ese centro asistencial en favor de la misma empresa. En total, se lanzaron 27 eventos de compra directa por una suma total de Q2 millones 376 mil, todos fueron entre julio y agosto de 2023.
En la mitad de los eventos también presentó oferta Distiloa, S. A. y en al menos dos lo hizo una tercera empresa que fue descartada porque supuestamente no presentó la documentación requerida en las bases del concurso.
Sin embargo, Distiloa prestó el mismo servicio al Hospital Roosevelt —impermeabilización del techo— en compras fraccionadas. Ganó 27 concursos en los que se hizo de Q2 millones 199 mil 250.
En los eventos también presentó oferta Spenwell Construcciones. Esto quiere decir que los recursos erogados para estos trabajos en el Hospital Roosevelt estas empresas se dividieron los Q4 millones 575 mil.
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La Hora hizo una solicitud de comentarios a la oficina de Comunicación y Prensa del Hospital Roosevelt, pero hasta el cierre de esta nota no respondió. También le pregunto, sin éxito, si había alguna investigación sobre estos procesos de fraccionamiento.
PRESIONES EN EL IGSS
Fuentes internas del Hospital del IGSS de la zona 6 dieron a conocer que ha habido presiones sobre los responsables de autorizar las compras cuando se negaron a adjudicar contratos a la empresa Spenwell. A los jefes intermedios se les envió citaciones por parte de la jefatura de la Dirección Administrativa Financiera para que explicaran porque la negativa de adjudicar la compra.
En esta se les daba tres días para que, por escrito, dieran explicaciones y pruebas que explicaran la “obstaculización de los procesos de adquisición” en la referida unidad médica hospitalaria y que carecían de fundamento.
El IGSS rechazó por medio de la oficina de Comunicación Social que existan presiones para favorecer a alguna de las dos empresas y aseveró que «cada unidad ejecutora del IGSS desarrolla de manera individual y bajo su responsabilidad los procesos de adquisiciones y contrataciones según las disposiciones establecidas en el Decreto 57-92», Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Agregó que el IGSS convoca a todas las empresas interesadas a participar en los distintos procesos de contratación que desarrolla y que cada evento se desarrolla basado «exclusivamente en las necesidades de los afiliados y del Instituto».
SEÑALAMIENTOS
La Hora publicó un artículo, el pasado 29 de noviembre, en donde se narra este medio tuvo acceso a un documento en el cual, el director del CAMIP, Kenneth Arturo Portillo Vargas, denunció ser víctima de una persecución por parte de personal, supuestamente, vinculado a Spenwell Construcciones y Distiloa.
Según se conoció en esa ocasión las compañías recibieron pagos por remodelaciones que no se efectuaron en ese centro asistencial, razón por la cual puso una denuncia en el Ministerio Público (MP), lo que generó el malestar en dichos proveedores.
Portillo Vargas esgrimió que el artículo 11 del acuerdo 21/2020 de Gerencia establece que, para la entrega de los bienes, suministros, obras y servicios, así como en la prestación de servicios deberá hacerse el pago hasta finalizar o recibir los mismos.
Tanto para la nota del año pasado como para la presente, se consultó al MP si había avances en la investigación a raíz de la denuncia, pero no respondió.
De acuerdo con los datos de Guatecompras, el representante legal de Distiloa es Carlos Fernando Solórzano Pérez, quien también tiene el mismo cargo en la empresa Productos y Servicios de la Industria y Construcción, S.A. (Proseinco), la compañía que rentó una bodega al hospital Roosevelt, que nunca utilizó.
En el caso de Spenwell, los documentos dan cuenta que el domicilio fiscal está ubicado en la 20 avenida 23-70, zona 6. Sin embargo, un equipo de La Hora, llegó al lugar en noviembre pasado y determinó que la empresa no está establecida en esa dirección.
Se consultó con varios vecinos, quienes dijeron desconocer a la empresa y a la representante legal.
Para este artículo se intentó consultar al representante legal de Distiloa, Carlos Solórzano, pero no respondió a las llamadas y mensajes. También llamamos a un número de teléfono que aparece en Guatecompras, pero un hombre que no quiso identificarse dijo que en ese número era imposible hablar con el propietario de la compañía.
No obstante, dijo que él era el representante legal de Distiloa y reconoció que era la misma empresa que Spenwell Construcciones. «No tengo mayor información de los dueños», refirió y luego colgó.
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