En septiembre de 2024 el Ministerio Público (MP) encabezado por la fiscal general María Consuelo Porras, informó que tenían dos denuncias en contra del contratista individual Douglas Espinales Baños, quien en noviembre del mismo año fue señalado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el caso de Eureka-B410 por posible evasión tributaria.
Sin embargo, luego de siete meses se desconoce si las investigaciones han avanzado o en qué proceso están, debido a que el ente investigador no ha brindado información al respecto.
En contraste destaca que en 2023 el MP, dio a conocer a La Hora que llevaba una investigación en contra de Espinales Baños, tras publicaciones y consultas de este medio.
Esa investigación, ahora ya no es mencionada por el MP, aunque en esa oportunidad indicaron algo diferente.
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Cabe resaltar que Espinales Baños es un contratista del Estado, que según los registros del portal de Guatecompras durante el gobierno de Alejandro Giammattei de 2020 a 2023 obtuvo adjudicaciones por Q147.7 millones en diferentes instituciones por medio de la empresa Construcción y Transportes Espiba.
El MP informó en su momento que la primera querella ingresó en julio, en la cual se denuncian anomalías en el remozamiento del Hospital Nacional de Jutiapa, mientras que la segunda fue interpuesta en los primeros días de septiembre por posibles irregularidades en el Hospital San Benito de Petén.
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CASO EUREKA
Otra denuncia se sumó a su expediente el martes 26 de noviembre, cuando la SAT dio a conocer en una conferencia de prensa el caso Eureka-B410, en el cual detalla que es sindicado de una posible defraudación al Estado de Q6.9 millones; Q1.7 millones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Q5.2 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El superintendente Marco Livio Díaz, informó que las auditorías que le hicieron al contratista comprenden movimientos del 2022, ya que solo en 12 meses la empresa recibió del Estado Q72 millones en adjudicaciones, pero facturó solamente el 50%.
De acuerdo con Díaz detectaron una “muy baja tributación” del IVA y casi nula del ISR, por lo que el contribuyente “pudo haberse apropiado” de esos impuestos que debía pagar al fisco.
Asimismo, se detallaron múltiples irregularidades detectadas en el proceso de la auditoría, como que el constructor no fue localizado en ninguna de las direcciones que tenía reportadas, ni en la capital ni en las que tenía en San Benito y Santa Elena, Petén.
Además, al requerir direcciones adicionales de dónde ubicarlo, obtuvieron otras dos, en Santa Elena, Petén, y una más en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 de la capital, donde tampoco fue encontrado.
La información da cuenta que fue hasta que le inhabilitaron el Número de Identificación Tributaria (NIT), que se acercó a la SAT y brindó una dirección correcta, la cual se ubica en la colonia Eureka, zona 21.
Una vez localizado, facilitó la contabilidad solo del 2022 y argumentó que las de los otros años se las habían robado, informaron las autoridades tributarias.
Los expertos de la SAT al llegar a la dirección pudieron constatar que había poco mobiliario y ningún trabajador, de hecho, la empresa no tenía ningún registro de empleados, pero aún así, el contratista recibió Q147.7 millones en el mandato de Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
Sumado a esos hallazgos, el empresario también pagó pocos impuestos a pesar de que recibió adjudicaciones del Estado entre 2021 y 2024 por Q133.5 millones, por un abanico de proyectos como el mejoramiento del Instituto María Josefa Rosado Lara, en Santa Lucía Cotzumalguapa por Q32.5 millones.
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ALGUNOS CONTRATOS
De acuerdo con la información, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), le adjudicó contratos por Q78 millones, mientras que la cartera de salud por Q22.3 millones, entre los cuales se cuentan el remozamiento de un centro de salud en El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, y diferentes áreas dentro de los hospitales de Jutiapa y el Roosevelt en la ciudad capital. La mayoría de compras fueron inferiores a Q90 mil.
Además, en San Benito, Petén, la constructora de Arenales Baños era la encargada de supervisar la construcción del hospital de la localidad, pero la misma tiene poca ejecución.
Para la SAT es una incongruencia los millones que ha facturado la compañía al compararse con sus instalaciones, puesto que en la única dirección que se pudo encontrar, se ve que no cuenta con una infraestructura comercial, es una oficina con muy poco mobiliario y “no hay vestigio comercial o contable importante”.
LOS INGRESOS DESDE EL 2020
Douglas Alexis Espinales Baños es un proveedor que en el gobierno de Alejandro Giammattei, obtuvo el 90% del total de contratos que ha firmado con el Estado desde su existencia.
Este medio ha publicado una serie de notas, en las cuales ha dado a conocer las irregularidades encontradas en varias adjudicaciones que las diferentes instituciones del Estado le han otorgado.
Entre ellas se destaca la supervisión de obras a medias, trabajos no realizados, sobrevaloración, entre otras.
En el Sistema de Información de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, hay registros que dicho contratista pasó de tener contratos por Q11.6 millones de 2015, hasta Q147.7 del 2020 al 2023.
En 2020 obtuvo 20 adjudicaciones por Q16.2 millones en varias entidades como el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, así como varias municipalidades de Quetzaltenango y Guatemala.
En 2021 firmó 10 contratos por Q16.8 millones, mientras que en 2022 fueron Q72.3 millones por varios proyectos.
El contrato más costoso en ese año fue el de Q32.6 millones para el mejoramiento del Instituto Básico Nacional de Educación INEB, María Josefa Rosado Lara, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
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