La ley estipula que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe ser integrada por 13 magistrados, electos por el Congreso de la República para ejercer esa función al frente del Organismo Judicial (OJ) por cinco años. Sin embargo, la máxima autoridad de este organismo de Estado está formada en la actualidad por diez funcionarios, de los cuales ocho llegaron al cargo por la intervención de Manuel Baldizón, excandidato a la Presidencia por el extinto partido político Libertad Democrática Renovada (Lider), según una investigación en la cual participó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Silvia Valdés, presidenta del OJ, Nery Medina, Vitalina Orellana, Delia Dávila, Josué Baquiax, Sergio Pineda, Blanca Stalling, Silvia García, José Pineda y Manuel Duarte integran la CSJ. Por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) llevan casi cuatro años en el cargo, tras haber finalizado el período por el cual fueron elegidos.
De ellos, según la investigación del caso “Comisiones paralelas II”, desarrollada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), al frente de Juan Francisco Sandoval, y de la extinta CICIG, estableció que la elección de magistrados de la CSJ para el período 2014-2019 habría sino amañada.
La primera fase de ese caso abarcó el proceso de selección de los magistrados para la Corte de Apelaciones del referido período, pero derivado de varios indicios se le dio continuidad.
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BALDIZÓN Y SINIBALDI
Quienes intervinieron en ese proceso de selección, según la FECI y la CICIG, fueron Baldizón y Alejandro Sinibaldi, el primero entonces ocupaba escaños ante el Organismo Legislativo y el segundo era ministro de Comunicaciones.
Esos datos constan en una nota que fue publicada por La Hora en marzo pasado, la cual se titula: “Inscripción de Baldizón en manos de los magistrados de la CSJ que le juraron lealtad en 2014”, la cual se elaboró cuando el expresidenciable intentaba ser inscrito como candidato a diputado por el partido CAMBIO, el cual es encabezado por él y sus hijos.
En la nota se acompaña la presentación de la CICIG que describe el caso “Comisiones paralelas II”.
MAGISTRADOS DE BALDIZÓN
Según la presentación de la CICIG, Baldizón y Sinibaldi se repartieron a los candidatos que figuraban en la nómina de 26 profesionales del derecho que aspiraban integrar la CSJ 2014-2019.
Cada uno sostuvo entrevistas con un grupo de quienes competían por los referidos cargos.
De esa cuenta, según la CICIG, Baldizón se reunió con:
Sergio Pineda, vocal VI.
Silvia García, vocal VIII.
Delia Dávila, vocal IV.
Vitalina Orellana, vocal III.
Silvia Valdés, presidenta del OJ y vocal I.
Josué Baquiax, vocal V.
José Pineda, vocal XI.
Blanca Stalling, vocal II.
En tanto, Sinibaldi habló con:
Douglas Charchal, renunció tras ser vinculado a una investigación penal.
Vladimir Aguilar, renunció tras ser señalado en una investigación del MP.
Nester Vásquez, renunció para ocupar un cargo en la CC.
Nery Medina, vocal II.
Sergio Pineda, vocal VI (fue el único que habló con los dos).
En la referida nota se detalló que: “Según la investigación, Sinibaldi, como representante del ahora desaparecido Partido Patriota (PP), y Manuel Baldizón se reunieron en vísperas de la elección de magistrados a la CSJ para repartirse la nómina de 26 candidatos e imponer en el Congreso los que resultarían electos”.
BALDIZÓN NO LOGRA COMPETIR
CAMBIO presentó la candidatura de Baldizón como candidato a una curul en las pasadas elecciones generales 2023, desarrolladas el 25 de junio último, pero su inscripción fue rechazada por el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta dependencia estableció que la condena que el aspirante recibió en Estados Unidos por lavado de dinero, de origen del narcotráfico, le impedía cumplir con el requisito de idoneidad para optar a un cargo público.
La agrupación impugnó y logró que, en un fallo cerrado de tres a dos, el órgano electoral avalara su intención de competir.
Ante la crítica, el TSE decidió revertir su decisión y confirmar lo señalado por el RC, con lo cual Baldizón no podría ser inscrito.
Esa decisión generó una acción amparo de la agrupación política, la cual solicitó a la CSJ permitirle competir al revocar el cambio de opinión del TSE.
El caso llegó a sentencia, en la cual se confirmó que Baldizón no podía participar en los comicios.
CONDENA
Baldizón fue detenido en Estados Unidos por mantenerse en una situación migratoria irregular. Sin embargo, una investigación penal en su contra impidió que fuera deportado sin antes afrontar a la justicia.
El TSE pide a la CSJ que “deniegue” el recuento de votos solicitado por nueve partidos políticos. Más detalles
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 10, 2023
Fue acusado por lavado de dinero y enfrentó un juicio, en el cual se declaró culpable. La pena de prisión que se le impuso fue de 28 meses, pero se redujo a 18. Al salir de la cárcel fue deportado a Guatemala, a donde llegó a finales de 2022.
En Guatemala enfrenta dos procesos penales, uno por el caso Transurbano y otro por el caso Odebrecht, en los cuales se le señala por delitos relacionados a corrupción.
En los dos procesos fue beneficiado con arresto domiciliario y pagó, en conjunto, cauciones económicas que suman Q1.8 millones.
AMPARO SUSPENDE OFICIALIZAR RESULTADOS
Una acción de amparo que fue promovida por nueve partidos políticos, encabezados por CAMBIO, de los Baldizón, logró que se suspendiera la oficialización de los resultados de las elecciones generales 2023.
La CC otorgó el amparo provisional y ordenó a las juntas electorales (JE) realizar una nueva audiencia de escrutinio de actas electorales.
El expediente fue remitido a la CSJ, con ocho magistrados afines a Baldizón, quienes deberán decidir la sentencia de la referida acción constitucional.
La presidenta del OJ, de manera unilateral, evitó el pasado viernes 7 de julio que el TSE diera los resultados oficiales de los comicios, tras la finalización de la segunda verificación de las actas electorales.
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