Los cuatro boletos de avión con destino a Panamá, adquiridos mediante la suplantación de identidad de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron pagados con una tarjeta bancaria, confirmó un togado a La Hora. Ahora, la investigación penal recae en el Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, quien se ha opuesto al retorno de los magistrados a sus funciones y ha emprendido múltiples maniobras en el proceso que enfrenta.
El pasado 31 de marzo, la defensa de los magistrados Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranufo Rojas y Mynor Franco se presentó ante el Juzgado Segundo Penal para informar al juez Mario Hichos sobre una supuesta maniobra en su contra. Según el abogado terceras personas están «fraguando una inescrupulosa estrategia» para hacer creer que los magistrados electorales planean huir del país y evadir su caso.
La cuenta 5to Poder La Verdad sin Miedo —que se presenta como un medio de comunicación, pero que difunde desinformación— afirmó en X que los cuatro magistrados compraron boletos de avión con escala en El Salvador y destino final en Panamá. La publicación incluye imágenes de los vuelos a nombre de los funcionarios. Ante ello, los togados accionaron para evitar que el MP solicitara la revocación de su arresto domiciliario, bajo el argumento de un supuesto riesgo de fuga.
RUTA PARA DAR CON RESPONSABLE
El magistrado Gabriel Aguilera, quien tuvo que asumir la presidencia del TSE en enero pasado, confirmó a La Hora que acudieron a las oficinas de la aerolínea, donde les informaron que, desde el 25 de marzo, existían cuatro boletos de avión en clase económica pagados a su nombre con escala en el país vecino y destino final en Panamá.
Los boletos costaron alrededor de 123 dólares y fueron pagados con una tarjeta bancaria cuyo titular no pudieron conocer debido a las políticas de privacidad de la aerolínea, contestó a La Hora.
Según el magistrado Aguilera, la empresa solo puede revelar esa información si el MP la solicita mediante un juez en el marco de una investigación, con el objetivo de identificar al responsable de la suplantación de identidad.
Además, los boletos fueron adquiridos de manera consecutiva utilizando un correo electrónico falso, y la información de los pasajeros estaba incompleta. Según el magistrado, solo se registraron la fecha de nacimiento y el sexo, pero quedaron en blanco datos clave como el país de nacionalidad y residencia, el número de pasaporte, el país emisor del documento y su fecha de vencimiento.
Por este hecho, los magistrados Aguilera y Rojas presentaron una denuncia ante el MP a título personal. La magistrada Palencia también interpuso una, pero en su caso incluyó a los cuatro magistrados como agraviados.
PRESENTAN DENUNCIA
En contraste, el medio de comunicación Quinto Poder, presentó una denuncia por intimidación ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, esto en contra de los cuatro magistrados.
El señalamiento, de acuerdo por el denunciante, es porque se desacredita una de sus publicaciones.
De acuerdo con información publicada por TN23, «la denuncia responde a un memorial presentado por parte del abogado defensor de los magistrados donde asegura que el medio, con la publicación, pretende «justificar una orden de rebeldía ante una supuesta huida».
Según una imagen compartida por ese medio, la denuncia la presentó Gustavo René Soberanis, quien se identifica como periodista y director de 5to Poder.
ESTRATEGIA PARA ENVIARLOS A PRISIÓN
Los magistrados del TSE fueron ligados a proceso el pasado 14 de marzo por la supuesta sobrevaloración en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ellos lo denuncian como un caso de persecución política, impulsado tras su negativa a respaldar las acciones del MP, que califican de antidemocráticas y parte de un intento de golpe de Estado para impedir que Bernardo Arévalo asumiera la presidencia.
El abogado defensor Jorge Pinto advirtió que detrás del caso se gesta un nuevo movimiento en su contra. «Se está fraguando una inescrupulosa estrategia para fabricar una orden de rebeldía y justificar órdenes de captura con el argumento de una fuga», afirmó.
Ante la publicación en redes sociales que insinuaba una salida del país, la defensa presentó una denuncia para evitar que el juez Mario Hichos sea inducido a error y que la información sea utilizada en su contra. La denuncia, interpuesta de forma electrónica, señala los delitos de amenazas y falsificación de documentos.
«Es totalmente falso. Hemos cumplido rigurosamente con todas las medidas sustitutivas. Estos son señalamientos infundados. En ningún momento pretendemos evadir el proceso; al contrario, queremos demostrar nuestra inocencia y que todo lo actuado en el Tribunal fue conforme a la ley», subrayó el magistrado Aguilera.
Los cuatro magistrados del TSE fueron suspendidos de sus cargos por decisión de la antigua Sala Primera de Apelaciones, pese a que el artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que solo la prisión preventiva puede suspender el ejercicio de un cargo público. Ninguno de ellos está en prisión. Dos amparos presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrían revertir la decisión, pero siguen sin resolverse.
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