En junio de 2023, La Hora publicó una serie de artículos con los que dio a conocer que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adquiría medicamentos a un precio más elevado que el del mercado.
Puntualmente, el clopidogrel, de la marca Plavix, y el irbesartán, marca Aprovel. En esa ocasión, este medio documentó que el IGSS compraba el primero de los productos a Q18.81 por unidad, mientras el precio en el mercado era de Q5.33, un 253% más.
Mientras que el segundo, el Seguro Social, lo compraba a Q7.58 cada tableta, cuando el precio en el mercado rondaba los Q2.75, es decir, el sobreprecio acá era de 176 por ciento (%).
En octubre de ese año, cuatro meses después de publicado el reportaje, el Ministerio Público (MP) dio a conocer el inicio de una investigación que estarían a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, por la posible sobrevaloración, pero al día de hoy no se conocen resultados.
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No se sabe si se confirmaron los indicios, si hubo citaciones a declaración, si se judicializó el caso o se desestimó, porque el MP simplemente no responde a las consultas.
Seis meses después, en abril de 2024, este medio consultó a la oficina de Comunicación del MP si se podían conocer los avances de las pesquisas; y, aunque ofrecieron responder, nunca lo hicieron.
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A TAMBOR BATIENTE
Ambos medicamentos, de las marcas Plavix y Aprovel, son distribuidos al IGSS con exclusividad por Compañía Farmacéutica Lanquetin, S. A., debido a la interpretación que el Seguro Social ha hecho de amparos que se han otorgado en el pasado para garantizar la vida de las personas.
En 2023, el IGSS concretó la compra por Q377.3 millones en ambos medicamentos. El sobreprecio, de acuerdo con los artículos periodísticos pudo llegar a los Q251 millones.
Un año y dos meses más tarde, en agosto de 2024, se repitió la historia, ya que volvió a comprar millones de tabletas de Plavix y Aprovel, evidentemente con la misma farmacéutica, por Q371.7 millones.
Aunque se publicaron las bases de licitación y se convocó a empresas para que ofertaran, fue solo un trámite, puesto que el final de la historia ya se conocía.
Las compras siguieron por millones en 2025; sin embargo, el pasado 4 de agosto, el Sindicato de Trabajadores Multidisciplinario del IGSS (Sintraigss) informó que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resolvió el 16 de julio último darles amparo provisional a una acción que interpusieron en contra del Seguro Social para frenar la compra exclusiva de fármacos de estas marcas.
Así, en su resolución, la Sala ordenó al IGSS que «se abstenga de realizar interpretaciones, aplicar resoluciones o ejecutar procesos de adquisición de medicamentos que favorezcan de forma exclusiva y dirigida a una marca, laboratorio o proveedor específico».
En particular, prohíbe el «uso incorrecto o parcial del contenido de la sentencia emitida en el amparo 01022-2020-00082, de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, para justificar tales prácticas».
Asimismo, ordena garantizar que los procesos de compra se hagan «conforme a los principios de libre competencia, calidad, seguridad y eficacia, considerando todas las marcas comerciales, laboratorios y/o distribuidores que presenten productos con la misma sustancia activa, calidad igual o superior», a las marcas en mención.
También ordena a la autoridad denunciada «suspender toda práctica de adquisición directa, exclusiva o preferencial que beneficie únicamente a una marca o proveedor específico, como lo ha venido realizando en las marcas comerciales Plavix y Aprovel».
MAL MANEJO DE RECURSOS
El Sintraigss considera que las finanzas del Instituto están comprometidas y que se irá a la quiebra de continuar el manejo descontrolado y preferencial de los recursos.
El secretario general del Sintraigss, Jorge Hidalgo, expuso que la decisión de presentar el amparo se tomó después de investigar que, a través de los amparos, se han sobrevalorado los precios de los medicamentos, lo cual termina por afectar los intereses de los trabajadores y de los afiliados.
«Los aumentos salariales son miserables, no hay personal, la infraestructura está colapsada y hay hacinamiento de pacientes. No se ve el desarrollo de la institución porque el dinero se está administrando mal», dijo en una entrevista con La Hora.
El IGSS prefirió no emitir comentarios al respecto, debido a que «dicho recurso aún se encuentra en trámite y sujeto al conocimiento y resolución de las instancias jurisdiccionales competentes».
DANZA DE MILLONES
Antes de dicho amparo, las compras de Plavex y Aprovel continuaron a todo vapor. Aunque este año el IGSS no ha hecho ninguna licitación o cotización para comprar dichos medicamentos (que indudablemente ganaría Lanquetin), de igual forma le han adjudicado millones a través del mecanismo de compra directa.
De acuerdo con una plataforma tecnológica que utiliza La Hora y que recopila datos de Guatecompras, este año, el Seguro Social ha hecho 930 compras directas a Lanquetin por Q81.1 millones.
La venta de estos dos fármacos mediante amparos ha sido una de las principales fuentes de ingresos de la empresa en cuestión, al menos en lo que respecta a contratos con el sector público.
La Hora publicó el pasado 13 de agosto que, de 2020 a la fecha, esta farmacéutica ha recibido adjudicaciones por Q1 mil 146 millones gracias a amparos judiciales en Plavix y Aprovel, esto representa casi la mitad del total de concursos que ha ganado con el Estado desde 2004, año en que comenzó a proveer medicamentos a diferentes instituciones públicas.
A raíz de esta publicación, La Hora consultó de nuevo a la oficina de Comunicación y Prensa del Ministerio Público (MP) si tenía avances de la investigación dada a conocer en octubre de 2023.
El 5 de agosto respondieron que harían las consultas. Una semana después, el 13 de agosto se les volvió a consultar si ya habían conseguido la información, pero ya no respondieron a los mensajes.
Compras por medicamentos e insumos amparados suman Q2 mil 959 millones en 4 años
RAÍZ DEL AMPARO
El IGSS comenzó a comprar de forma exclusiva estas medicinas a raíz de un amparo otorgado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y ratificado por la Corte de Constitucionalidad (CC).
El amparo fue promovido por Mario Roberto Palomo Leonardo, quien en ese entonces era el mandatario de la Asociación de Afiliados cubiertos por el Régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social —ASFIGGSIA—.
La farmacéutica en cuestión tiene una larga trayectoria de ser proveedora del Estado. Entre 2004 y 2025 ha recibido adjudicaciones que suman más de Q2 mil 595 millones.
Pero, desde que José Adolfo Flamenco Lau fue nombrado para presidir la institución (junio de 2021), designado por el expresidente Alejandro Giammattei, la firma ha obtenido del IGSS contratos por más de Q1 mil 648 millones, producto de 6 mil 542 adjudicaciones, según los datos que arroja una plataforma tecnológica utilizada por La Hora y que recopila datos de Guatecompras.
Es decir que, en poco más de cuatro años, Lanquetín obtuvo el 63% del total de adjudicaciones que ha recibido de todas las instituciones del Estado desde 2004.
Diversos reportes de prensa han señalado nexos entre Lanquetin y Francisco Valdés Paiz, quien a su vez se le señala de tener relación con La Botica S. A., farmacéutica cuyo socio, Jairo Ernesto Ponce Fernández, es amigo de Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del exmandatario Alejandro Giammattei.
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