El Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, guarda silencio ante una de las decisiones más polémicas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su primer año, tras ser integrada por 13 nuevos magistrados. Se trata de la designación directa de magistrados suplentes como titulares en las nuevas Salas de Apelaciones, un procedimiento que la Constitución le otorga al Congreso de la República.
La maniobra, avalada por el bloque dominante de la CSJ, encabezado por su presidente, Teódulo Cifuentes Maldonado, ha generado un choque institucional que expone la fragilidad de la independencia judicial. Pese a las denuncias públicas y las acciones legales presentadas ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el MP no ha anunciado si abrirá una investigación ni si pedirá el retiro de inmunidad a los magistrados que promovieron la medida.
UN MP SIN RESPUESTAS
La Hora consultó al MP si solicitará el retiro de inmunidad de los magistrados que votaron a favor de nombrar a suplentes como titulares, una decisión que contraviene el artículo 217 de la Constitución, el cual es categórico al establecer que los magistrados de las Cortes de Apelaciones deben ser designados por el Congreso de la República.
Abogados especializados en derecho constitucional coinciden en que la Corte Suprema tiene la facultad de crear nuevas salas, pero no la de nombrar a quienes las integran.
Sin embargo, el MP optó por el silencio. Ante la pregunta de si iniciaría una investigación de oficio —como ha ocurrido en otros casos contra el Gobierno de Bernardo Arévalo— la institución se limitó a responder, de forma escueta, que “no hemos recibido ninguna denuncia”.
La Fiscalía dirigida por Porras—sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por obstaculizar la lucha anticorrupción— ha evitado cualquier pronunciamiento público sobre el caso, tampoco aclaró si evalúa abrir una pesquisa por su cuenta.
BLOQUE COHESIONADO Y CON PODER
La decisión de crear 17 nuevas Salas de Apelaciones, presentada como un intento por reducir la mora judicial, derivó en una crisis de legitimidad.
En las actas del pleno, a las que tuvo acceso La Hora, quedó constancia de que los magistrados Mauricio Corado Campos, Gustavo Morales Duarte, Claudia Paredes, Jenny Alvarado, Ramiro Contreras, Igmaín Galicia Pimentel, Flor García Villatoro y Clemen Juárez —alineados con Cifuentes— votaron en bloque para aprobar los nombramientos.
Del otro lado se situaron los magistrados Estuardo Cárdenas, Flor de María Gálvez, Carlos Lucero y René Girón Palacios, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento e incluso Cárdenas advirtió, entre líneas, que la Corte usurpaba funciones del Congreso.
Este último magistrado recordó que el Acuerdo 33-2017 fijó un precedente claro: cualquier vacante de magistrado titular debe ser cubierta mediante votación parlamentaria tras la notificación del Consejo de la Carrera Judicial.
“Compete al Congreso de Guatemala nombrar, no a la Corte Suprema de Justicia”, insistió Cárdenas, según el acta. Pero su advertencia fue desoída.
FRACTURAS INTERNAS Y LEALTADES CAMBIANTES
El pulso dentro de la Suprema evidenció no solo la fractura entre magistrados, sino también los realineamientos que consolidaron la mayoría de Cifuentes.
La magistrada Flor García Villatoro, que en un inicio figuraba entre las voces críticas, viró hacia el bloque dominante tras conseguir el nombramiento de jueces afines en Huehuetenango, según fuentes internas de la Corte Suprema. Desde entonces vota sistemáticamente con el bloque dominante y fue una de las principales defensoras del acuerdo.
“El precedente de 2012 permite la designación directa de suplentes cuando se crean nuevas salas”, argumentó García Villatoro, aludiendo a una práctica que nunca fue ratificada por el Congreso ni respaldada por norma expresa.
La magistrada Flor de María Gálvez, en cambio, dejó constancia de sus reservas y criticó la falta de transparencia del proceso. “Las propuestas presentadas hacían pensar que hubo una reunión previa”, escribió en el acta.
AMPAROS Y RESISTENCIA LEGAL
El constitucionalista Edgar Ortiz —junto a otros abogados— encabezó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los nombramientos, argumentando que la Corte Suprema “usurpó funciones” del Congreso.
Sin embargo, el 2 de octubre, la CC resolvió por mayoría no otorgar el amparo provisional, con cuatro votos contra uno. La presidenta del máximo tribunal, Leyla Lemus, fue la única que votó a favor y razonó su voto explicando las razones por las cuales debía haberse otorgado el amparo.
La decisión dejó en vigor los nombramientos y, de momento, se está a la espera de que la misma Corte de Constitucionalidad confirme la resolución de su amparo provisional o de un giro en el amparo en definitiva para suspender los nombramientos que han sido tildados de ilegales.
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