La aprobación de la Ley contra las maras en el Congreso de la República, en medio de la crisis en el Sistema Penitenciario, busca combatir las extorsiones desde las cárceles. En la nueva normativa se busca controlar las cuentas bancarias que reciban depósitos provenientes de ese delito, como también se permite el traslado de presuntos mareros y pandilleros a otros países.
Aunque varios diputados de Vamos, UNE y Valor se opusieron a incluir un artículo para que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) emitiera alertas para bloquear cuentas bancarias que recibieran fondos por posibles extorsiones, lograron acuerdos para que en el artículo de obstrucción extorsiva de tránsito de la Ley contra la delincuencia organizada, se permita que durante el proceso penal relacionado con este delito, el juez pueda dictar, precautoriamente, la inmovilización o inhabilitación de productos financieros, incluidas cuentas bancarias de las personas vinculadas a proceso penal por este delito.
También, los legisladores incluyeron un nuevo artículo de medidas de seguridad nacional, donde el Sistema Nacional de Seguridad podrá coordinar medidas contra las organizaciones criminales y terroristas, se podrá pedir cooperación internacional por medio de los ministerios de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
«En el caso de los grupos delictivos u organizaciones criminales organizadas y designadas como terroristas, se generen y fortalezcan los mecanismos de cooperación en materia de inteligencia, seguridad y procedimientos de extradición, conforme a los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala», resalta el inciso b del artículo 20 de la Ley para el combate frontal a las actividades delictivas de las maras.
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CONTROL POR AUTORIDADES EN CÁRCELES
Además, en la nueva ley se autoriza que el Ministerio de Gobernación construya un centro de detención preventiva de máxima seguridad para presuntos pandilleros y mareros, como también una cárcel para cumplir condena, como también se podrá suscribir convenios con otros países que contemplen el cumplimiento de condenas, en los centros de máxima seguridad legalmente reconocidos.
En materia de fortalecimiento, ese ministerio contará hasta con Q200 millones para adquirir equipo táctico para la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), la División Especializada en Investigaciones Criminal (DEIC), el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) y otras unidades.
Dichas compras estarán exentas de los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado, y se podrán realizar con mecanismos de país a país, entre ellos con Estados Unidos.
Asimismo, la Dirección General de Sistema Penitenciario está obligada a crear y mantener actualizada una base de datos de todos los presos en los distintos centros de detención.
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DISCUTEN INICIATIVA CONTRA LAVADO DE DINERO
La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior inició con la discusión de la propuesta de ley contra lavado de dinero u otros activos que envió el organismo Ejecutivo, con la que se busca evitar que el país sea incluido en una lista gris por no colaborar en la lucha contra ese delito y el financiamiento al terrorismo.
Entre los diputados que no están de acuerdo con ciertos puntos de la propuesta de ley fueron los integrantes de las bancadas Vamos y Cabal, que cuestionaron el contenido y resultados de tener una nueva ley.
El diputado Julio Portillo pidió a la Superintendencia de Bancos (SIB) las mejoras que se pretende alcanzar con la propuesta de ley para suplantar la normativa actual.
«La ley actual que tenemos es muy mala, pues a mi esposa la pusieron de sospechosa de lavado de dinero por una tarjeta de crédito, no podemos ser tan rigurosos en esa parte. Vengo trabajando, vengo a la política por tema de mi hijo, y en vez de mejorar, me vuelvo Persona Expuesta Políticamente (PEP) y en vez de tener créditos nos los quitan, entonces estas leyes ahora nosotros los diputados somos los más golpeados, aprobamos la ley para todos los demás financieros», resaltó Portillo.
Y agregó: «Al final los diputados estamos aprobando la ley, nos quedamos fuera de créditos, entonces esta ley de lavado dinero, ¿cómo es posible que uno la aprueba y uno es el más perjudicado? El banco no puede decir si se relaciona con uno, eso se llama discriminación a la clase política, uno viene a servir a su patria, pero la verdad que esta ley necesita un artículo de como regular y ponerse del lado de los que vamos a dar el voto para apoyarles a ustedes, porque a los que veo más preocupados es a ustedes».
A la lista se sumó el diputado Mynor de la Rosa quien aprovechó para elogiar a las autoridades de la Superintendencia de Bancos, que fueron designados por el expresidente Alejandro Giammattei.
De la Rosa señaló dudas de cómo está Guatemala en la calificación contra lavado de dinero y en terrorismo, por lo que pidió copia de los informes a la SIB, que haya emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
«Recuérdese que nosotros nos tenemos que defender después. En el artículo 35 mencionan que la Intendencia de Verificación Especial podría obligar a cualquier empresa pública o privada a proporcionar información, ¿qué alcance tiene ese artículo y cómo darle la tranquilidad y certeza a las instituciones de que no transgrederán sus derechos?», cuestionó De la Rosa.
A lo que el jefe de la SIB, Saulo De León, comentó que ese procedimiento ya existe, y recordó que ya hay conceptos que se aplican. En ese sentido, dijo, solo se trae la buena práctica que se tiene de la ley actual contra el lavado.
De esa cuenta, el diputado insistió en que si ya existe debe volverse a colocar y se le informó que la propuesta de ley va a derogar a la vigente.
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