El Instituto de la Víctima rescindió el contrato del abogado Edwin Antonio Castañeda González, el mismo día que este medio consultó sobre su vinculación laboral con la entidad y su participación en la defensa de Haroldo Mendoza Matta y dos acusados más en el caso Cancerbero, un proceso de alto impacto que durante una década no avanzó en los tribunales de justicia.
La institución confirmó que Castañeda trabajaba bajo el renglón 029, con un salario mensual de Q20 mil, adscrito a la Dirección General en la sede central. De acuerdo con los registros públicos de remuneraciones disponibles en línea, su contratación abarcó al menos de julio a septiembre de 2025, el mismo periodo en el que se desarrolló la etapa intermedia del proceso judicial en el que ejerció la defensa técnica de Mendoza Matta y los otros dos acusados.
El abogado, según información oficial del Ministerio Público (MP), fue agente fiscal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y en la Fiscalía contra la Corrupción. La primera de ellas fue precisamente la encargada de formular la acusación meses atrás contra Mendoza Matta y los otros 10 implicados en el caso.
CONFLICTO DE PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
La finalización del contrato fue confirmada por el Instituto de la Víctima luego de que el pasado 30 de octubre La Hora preguntara sobre la compatibilidad entre sus funciones institucionales —orientadas a asistir legalmente a víctimas de delitos— y la defensa técnica de sindicados.
“Cabe resaltar que el mismo no tuvo representación directa de víctimas en procesos judiciales. Además, por ser servicios profesionales, el mismo no está sujeto a un horario ni tiene imposibilidad para ejercer su profesión liberal. Sin embargo, al constatar su participación en dicho caso y al ser incompatible con los fines institucionales, se rescindió el contrato”, respondió la institución.
La directora del Instituto de la Víctima, Rebeca González Leche, ordenó la rescisión del contrato en cuanto tuvo conocimiento y verificó la información, según se informó.
“¿Cómo se garantiza que los abogados contratados bajo renglón 029 no incurran en conflictos de interés con la misión institucional?”, preguntó La Hora al Instituto antes de que se anunciara la rescisión del contrato. La institución no respondió esa pregunta en específico.
La medida adoptada, sin embargo, reconoce que la defensa de acusados por delitos violentos es “incompatible con los fines institucionales”, y confirmó que el caso reveló una grieta en el control interno de la entidad creada para asistir a las víctimas del delito.
El Instituto tiene como misión “brindar asistencia y atención a las víctimas del delito y acceso a la justicia para la reparación digna”, y como visión “ser la institución que asista y atienda a la víctima del delito con calidez, excelencia, especialización y gratuidad”. Su estructura, creada para acompañar a quienes han sufrido agresiones, busca precisamente evitar la revictimización y garantizar que los procesos penales avancen con un enfoque de reparación integral.
DE ACUSADOR A DEFENSOR
Documentos oficiales del MP consultados por este medio confirman que Castañeda González fue nombrado agente fiscal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida el 31 de enero de 2011, y posteriormente en la Fiscalía contra la Corrupción el 3 de septiembre de 2012.
Más de una década después, el mismo abogado representó a tres de los principales acusados en el expediente judicial conocido como Cancerbero, entre ellos Haroldo Mendoza Matta, señalado de encabezar una estructura criminal dedicada al despojo de tierras mediante asesinatos, secuestros y amenazas.
La investigación, desarrollada en 2014 por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), permitió capturar a más de una decena de presuntos integrantes de la red. Según la acusación, el grupo armado operaba como un “ejército privado” que impuso control territorial en el suroriente de Petén, expulsando a comunidades campesinas y apoderándose de fincas mediante la violencia.
CIERRAN CASO
Tras una década de estancamientos procesales, recusaciones y audiencias suspendidas, la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, resolvió el 9 de septiembre de este año cerrar el caso de forma definitiva. Dictó sobreseimiento a favor de Mendoza Matta y los demás acusados, ordenando su libertad inmediata y dejando sin efecto las medidas sustitutivas.
El fallo benefició a once personas acusadas por delitos como asesinato, plagio o secuestro, asociación ilícita y robo agravado, entre ellos Nelson Aroldo Machorro Fajardo y Jerzi Natael Velásquez Alvarado, también defendidos por Castañeda, quien logró que sus tres clientes no vayan a juicio.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que la Fiscalía de Delitos contra la Vida, actual encargada del caso, no apeló la decisión de la jueza, lo que dejó en firme el sobreseimiento. La Hora preguntó sobre este extremo desde la semana pasada al MP, pero no respondieron.
La resolución se suma a una serie de decisiones emitidas por Cruz en los últimos años, en las que han resultado beneficiados diversos perfiles.
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