La ampliación presupuestaria aprobada recientemente por el Congreso, mediante el Decreto 3-2026, incluye varias obras de infraestructura para las cuales el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) deberá buscar los recursos necesarios, mediante readecuaciones en el plan de gastos nacional.
El artículo 16 de la citada norma detalla cada uno de esos proyectos, los cuales estarán a cargo de distintas dependencias de los Ministerios de Comunicaciones, Desarrollo Social y Gobernación. Entre ellos figuran ocho pasos a desnivel, para los cuales se requeriría una inversión total de Q137 millones este año.
La primera de estas estructuras, con las cuales se busca mejorar el acceso a diferentes municipios y evitar accidentes de tránsito, estaría a cargo del Fondo Social de Solidaridad (FSS) y se ubicaría en el ingreso a Fraijanes.
El monto que se usaría para poner en marcha la edificación sería de Q10.5 millones, entre preinversión y la primera fase de ejecución.
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Otras siete estructuras serían adjudicadas por la Dirección General de Caminos y se construirán en los siguientes lugares:
- Calzada San Juan y 2ª avenida, en la zona 7 de Mixco – Q14 millones
- Totonicapán (Ruta Nacional 1) – Q17 millones
- Ingreso a Sanarate, El Progreso – Q21.5 millones
- Escuintla, interconexión con avenida Centroamérica – Q12 millones
- Ingreso principal a Sumpango – Q18 millones
- Intersección Jocotenango–Pastores, Sacatepéquez – Q18 millones
- Retalhuleu (Cito-Zarco) – Q26 millones
José Toledo, de Sacatepéquez; César Rodas, representante de El Progreso e hijo del alcalde de Sanarate, así como Juan Carlos Rivera, representante del Listado Nacional y hermano del alcalde de Escuintla, son algunos de los diputados que celebraron tal asignación de fondos, pues gestionaron para ello.
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TAMBIÉN PUENTES VEHICULARES
En el Decreto 3-2026 también se definió un presupuesto de Q33 millones para arrancar con cuatro puentes vehiculares en distintos departamentos.
Una de las obras estaría a cargo del FSS y correspondería a la reposición del puente Vega de Godínez, ubicado en el límite del departamento de Guatemala con Pachalum, Quiché. La suma prevista para este año es de Q3 millones, que servirían para los estudios de preinversión.
El resto de estructuras le correspondería a Caminos y se ubicarían en estas áreas:
- Puente Las Minas, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango – Q10 millones
- Sector Cantzil, San Sebastián, Huehuetenango – Q7 millones
- Caserío Canjá, Santa Bárbara, Huehuetenango – Q13 millones
De acuerdo con el artículo 16 del Decreto, el Minfin deberá realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para asignar recursos a estos y otros proyectos de infraestructura priorizados, mientras que las entidades ejecutoras deberán ajustar sus propios presupuestos para viabilizar las obras.
ADQUISICIONES POR EXCEPCIÓN
Uno de los aspectos destacados es que las entidades podrán contratar la preinversión bajo la modalidad de adquisición por excepción, sin que exista un límite de monto para este tipo de contratación. Así lo establece el citado artículo.
En ese apartado se menciona, además, que «los proyectos podrán ejecutarse bajo esquemas de diseño y construcción, o diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha, según corresponda».
Asimismo, indica que «los montos asignados son referenciales y corresponden únicamente al ejercicio fiscal 2026, por lo que podrían variar durante la ejecución, dependiendo del contexto económico nacional e internacional«. Esto quiere decir que el costo de la obra incrementaría, por asignaciones necesarias en los años siguientes.
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PROYECTOS SIN EVALUAR
Además de los pasos a desnivel y puentes vehiculares descritos, con la ampliación presupuestaria se busca readecuar fondos para el mejoramiento de caminos rurales, construcción de sistemas de agua potable, así como para edificar el nuevo hospital de la Policía Nacional Civil, por mencionar algunos proyectos.
Sin embargo, una de las críticas al respecto es que se incorporaron obras que no cuentan con código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Esto implica que «no han sido sometidos al proceso de aprobación técnica por parte de Segeplan (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia)», alertó Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Según el experto, tal situación abriría la puerta a retrasos, sobrecostos e incumplimientos. «Al final, esto puede llevar a que las obras no se ejecuten en los tiempos establecidos, que cuesten más de lo que se estimó o que, si se ejecutan, no tengan las calidades que se esperaban y no cumplan con satisfacer las necesidades de la población», dijo.
Al revisar los pasos a desnivel que se plantean con la ampliación del presupuesto, se evidencia que solo el de Totonicapán y Sanarate están registrados en el SNIP, por lo cual cuentan con la respectiva ficha técnica.
En cuanto a los puentes vehiculares, solo el que se ubicaría en el caserío Canjá, en Santa Bárbara, Huehuetenango, no cumple con ese requisito.
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