La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.
Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 a los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.
Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE. UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.
En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.
Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.
El diagnóstico del informe impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.
Coincide con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.
Un modelo de negocio que busca el enganche
Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.
Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.
Responsabilidades sociales y administrativas
Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales.
La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.
Legislar más allá de la prohibición
En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.
Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.
La voz de los interesados
No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.
Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.
Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.
Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
