Las denuncias disciplinarias en contra del juez Séptimo Penal A, Fredy Raúl Orellana Letona, permanecen atrapadas en un punto muerto dentro del sistema judicial. Las quejas, que surgen por la controvertida resolución con la que el juzgador declaró la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, no han avanzado debido a que el propio juzgado mantiene bajo reserva el expediente que contiene el fallo cuestionado.
La situación ha generado un bloqueo institucional inusual: la Supervisión General de Tribunales —encargada por ley de investigar posibles faltas disciplinarias de los jueces— no ha podido acceder a la resolución original emitida por Orellana para determinar si incurrió en irregularidades.
Mientras tanto, el Organismo Judicial, presidido por la magistrada Claudia Paredes, ha optado por no responder a las consultas sobre el estado del proceso disciplinario.
INVESTIGACIÓN SE ESTANCA
Las denuncias contra Orellana se originan en su resolución del 24 de octubre de 2025, emitida dentro del denominado caso Semilla, en la que declaró la “nulidad absoluta” de ese partido político. La decisión fue ampliamente cuestionada por juristas y por el presidente Bernardo Arévalo, que la calificó como un nuevo intento de revertir los resultados electorales de 2023 y pidió la destitución del juez.
Ese fallo motivó denuncias administrativas presentadas por la Presidencia de la República, diputados de Semilla y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), así como una instrucción del entonces presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lucero, para que se investigara la actuación del juez.
Sin embargo, cuando la Supervisión General de Tribunales intentó revisar el expediente para reconstruir los hechos, encontró un obstáculo inesperado. El juzgado Séptimo Penal —bajo la potestad de Orellana— mantiene declarado el caso bajo reserva, lo que impide mostrar el expediente a terceras partes.
Según explicó la Presidencia de la República, la Junta de Disciplina Judicial ya remitió el caso a la Supervisión para su investigación, pero al intentar revisar el expediente en el juzgado, los funcionarios recibieron una respuesta negativa.
“Se encuentra en fase de investigación, la Junta ya lo remitió a Supervisión General de Tribunales y ellos se han encontrado con el inconveniente que al apersonarse al juzgado para revisar el expediente les indican que está bajo reserva y al no ser parte dentro del proceso no se los pueden poner a la vista”, indicaron.
La restricción alcanza incluso a las autoridades encargadas de supervisar a los jueces. Según la información trasladada por una oficial de la Junta Disciplinaria a la Presidencia, ni siquiera la propia Supervisión ha podido acceder al documento.
En la práctica, esto significa que el órgano encargado de investigar posibles faltas disciplinarias no puede examinar la resolución original que dio origen a las denuncias.
Desde el CANG confirmaron que el procedimiento también se ha visto afectado por retrasos administrativos.
Según su asesor legal, el trámite se detuvo en diciembre porque el juez se encontraba de vacaciones, lo que impidió notificarle formalmente de las denuncias. La notificación finalmente se realizó a finales de enero, cuando se le otorgó un plazo para presentar sus argumentos.
“Hasta el momento estamos esperando aún la primera resolución para ver si procede la suspensión”, explicó una fuente del Colegio de Abogados.
JUEZ CUESTIONADO
El caso tiene un trasfondo político y judicial. Orellana fue señalado en 2023 como uno de los actores clave en las acciones judiciales impulsadas por el Ministerio Público de María Consuelo Porras que intentaron suspender al partido Movimiento Semilla tras las elecciones.
Aquellas actuaciones fueron interpretadas por amplios sectores nacionales e internacionales como parte de un intento de revertir el resultado electoral para que Arévalo no asumiera. Como consecuencia, el juez fue sancionado con restricciones de ingreso por 42 países. Es el togado con más vetos internacionales del país.
La propia Corte de Constitucionalidad intervino posteriormente para reiterar que ninguna resolución judicial puede alterar los resultados electorales ya confirmados y advirtió a Orellana de abstenerse de emitir fallos que contradigan decisiones constitucionales firmes.
Las denuncias disciplinarias sostienen que la resolución de Orellana podría constituir una falta gravísima dentro de la Ley de la Carrera Judicial e incluso configurar el delito de prevaricato.
La Hora consultó desde finales de febrero al secretario de Comunicación Social del Organismo Judicial, Moisés Jerez, para conocer el estado del procedimiento disciplinario: si la Supervisión General ha logrado avanzar con la investigación, si el juez ya fue citado o si hay una sanción disciplinaria de la Junta de Disciplina Judicial.
La institución no respondió a los mensajes enviados por este medio.
JUNTA DECIDIRÁ SU FUTURO
Si la investigación logra avanzar, el caso deberá ser analizado por la Junta de Disciplina Judicial, el órgano encargado de determinar si existen faltas disciplinarias y, de ser el caso, recomendar sanciones que pueden ir desde una suspensión hasta la destitución e inhabilitación por 10 años, extremo solicitado en las cuatro denuncias.
La Junta está integrada por las magistradas Beyla Estrada y Dora Fuentes, junto con el magistrado Leonel Sáenz.
Estrada, quien preside ese órgano disciplinario, presentó recientemente su expediente para participar en el proceso de selección del próximo fiscal general del Ministerio Público, cargo que quedará vacante en 2026. Sin embargo, desde su presidencia se ha protegido a varios jueces. Incluso Orellana ha salido inmune de otras 12 denuncias administrativas.
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