Una serie de transferencias estatales por Q112.27 millones hacia una constructora encendió las alarmas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). En 2023, el ente fiscalizador denunció una presunta «estratificación de fondos públicos» derivada de la ampliación de la pista del aeropuerto San José, en Escuintla. Sin embargo, pese a la gravedad del hallazgo, el expediente permanece estancado en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP).
Tras analizar 11 depósitos realizados por la Tesorería Nacional entre junio y septiembre de 2022, la IVE rastreó el flujo del dinero, revelando una red que conecta a contratistas, empresas vinculadas entre sí y figuras clave del financiamiento político en Guatemala.
En el epicentro de este esquema destaca Alejandro Matheu Escamilla, un nombre recurrente en investigaciones previas. Matheu es identificado como parte de un círculo de contratistas con nexos directos al poder de turno y, específicamente, con el financiamiento de la campaña del expresidente Alejandro Giammattei.
EL GÉNESIS DEL CASO
Fuentes a lo interno del MP confirmaron que a la citada fiscalía y al propio despacho de la fiscal general, Consuelo Porras, llegó en 2023 un expediente en el cual se documenta cómo la IVE detectó que la Tesorería Nacional acreditó Q112.27 millones a una cuenta de constructora Carmor, propiedad de Carlos Francisco Carías Sandoval.
Los fondos estarían relacionados con el proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de San José, en Escuintla, una obra que quedó incompleta y ha sido señalada de irregularidades desde su inicio.
El análisis financiero concluyó que las transacciones podrían no tener un fundamento económico o legal evidente y que el dinero habría sido distribuido en múltiples cuentas, un patrón compatible con “estratificación de fondos”, según el memorial presentado por la IVE.
Al seguir el rastro, las autoridades determinaron que Q92.5 millones (82% del total) terminaron en manos de cuatro grupos de beneficiarios, quienes, de acuerdo con los hallazgos, están vinculados entre sí mediante transacciones, relaciones societarias y coincidencias legales.
MATHEU ESCAMILLA, EL PRINCIPAL BENEFICIARIO
El primer grupo identificado por la IVE concentra uno de los puntos más sensibles del caso, pues es el que recibió más dinero procedente del contrato para la ampliación de la pista del aeropuerto de Escuintla.
Las averiguaciones indican que Q39.1 millones que salieron originalmente de la Tesorería Nacional para Carmor llegaron a tres cuentas bancarias. Dos de ellas están a nombre de Transportes Estratégicos, S. A., y Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), cuyo representante legal y gerente general es Alejandro Matheu Escamilla. La tercera cuenta que recibió parte de esos recursos estaba a nombre de él.
Este dato cobra trascendencia, tomando en cuenta que investigaciones anteriores revelaron los nexos de este contratista, primero con el gobierno de Jimmy Morales y luego con la administración de Giammattei.
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En la primera de esas gestiones se conoció la cercanía de Matheu Escamilla con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en cuya administración, entre 2017 y 2018, el proveedor incrementó considerablemente sus contratos con el Estado, pasando de tres anuales a un promedio de 14, con ganancias millonarias.
Además, en febrero de 2022, una investigación del medio salvadoreño El Faro, reveló que el contratista habría formado parte de una estructura que financió la campaña electoral de Giammattei, en 2019, lo cual explicaría por qué en ese gobierno la empresa SCM, de su propiedad, se convirtió en una de las favoritas del Ministerio de Comunicaciones.
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EL DINERO QUE QUEDÓ EN CARMOR
El segundo grupo de beneficiarios detectado por la Intendencia está conformado por la empresa que se encargaría de ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Escuintla, Carmor, y su propietario, Carlos Francisco Carías Sandoval, los cuales tenían varias cuentas.
Según la denuncia, se movilizaron Q38.5 millones entre las cuentas bancarias tanto a nombre de la constructora como de Carías Sandoval, en distintas fechas.
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Originalmente, el dinero llegó a Carmor, “posiblemente como anticipo del contrato”, se lee en el documento, y ahí se detalla que el costo total de los trabajos sería de Q522.9 millones.
Además, se enumeran varias inconsistencias en la forma en que la compañía obtuvo la adjudicación:
- Fue la única oferente en la licitación
- Su capacidad técnica autorizada mediante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) era menor al monto que se le adjudicó
- Pasó de contratos máximos de Q42.2 millones en períodos anteriores a más de Q524.6 millones en 2022 —un incremento de 12.4 veces—.
EMPRESAS VINCULADAS ENTRE SÍ
Al seguir el rastro del dinero por el contrato en el aeropuerto, la IVE también encontró que Carmor transfirió un total de Q11.8 millones a seis sociedades que comparten los mismos socios fundadores y representantes legales; además, fueron constituidas en fechas similares y por los mismos notarios. Se trata de las siguientes:
- Tomahawk, S.A.
- Grupo Touchdown, S.A.
- Constructora Tierra Media, S.A.
- DAECO, S.A.
- Agro Industrias Chapinas, S.A.
- Agro Comercial Piedra Amarilla, S.A.
Un elemento destacado en este, que fue identificado por la Intendencia como el tercer grupo beneficiado con fondos públicos, es que Tomahawk, S.A. está registrada para cría de ganado, es decir que no tiene ninguna relación con el área de la construcción, a la cual se dedica Carmor, de donde salió el dinero.
Además, varias de estas entidades ya figuran en denuncias previas presentadas por la IVE ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, confirmaron las fuentes a lo interno del Ministerio Público.
CASI Q3 MILLONES LLEGARON A PERSONAS INDIVIDUALES
El último grupo de beneficiarios detectado por la Intendencia está integrado por dos personas individuales, los cónyuges Pablo Emilio Torres Ixchop y Linda América Solís de León. Tanto a sus cuentas como en efectivo llegaron Q2.92 millones del monto total que salió de la Tesorería en pago para Carmor.
Un foco de alerta que se encendió en este caso, es “la forma en que se realizaron los retiros en efectivo”, dice el memorial que lleva casi tres años en manos del ente investigador.
Según registros actuales en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Torres Ixchop es el representante legal de la constructora ARCAS, la cual ha brindado diversos servicios a municipalidades.
LA COMPRA QUE CONECTA A UN ALCALDE DE VAMOS
Otro detalle destacado dentro de la ruta del dinero indagado por la IVE está relacionado con una operación atípica: la compra de dos picops RAM modelo 2022 —último modelo para aquel entonces—, por un total de Q1.15 millones.
De acuerdo con lo documentado por la Intendencia, el primer pago de cada vehículo fue hecho por dos personas individuales. Una de ellas fue el entonces jefe financiero del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Sololá, Francis Daniel Chavajay Herrera, quien en los pasados comicios fue electo alcalde de San Juan La Laguna por el partido VAMOS y fue encontrado muerto en abril de 2024 en un residencial de Santa Catarina Pinula.
El reporte de la concesionaria donde se efectuó la compra permitió a las autoridades establecer que el 30 de diciembre de 2021, Chavajay pagó Q20 mil por el vehículo y el 3 de mayo de 2022 trasladó el saldo a la empresa Tomahawk, S.A. Esta terminó de pagarlo seis días después, desembolsando Q556 mil 419.99.
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DIRECTOR DEL RENAP FIGURA EN LA TRANSACCIÓN
El reporte que la concesionaria envió a la IVE también menciona al actual director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas (Renap), Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera. En la misma fecha que Chavajay, él pagó Q20 mil por el segundo picop RAM modelo 2022, cuyo saldo fue trasladado a Tomahawk, S.A, el 3 de mayo de 2022.
Según los registros del negocio, la empresa pagó Q556 mil 419.99 dos días después para culminar la compra.
Ambas transacciones siguieron el mismo patrón. “La negociación inicia con personas individuales, pero finalmente se factura y escritura a favor de Tomahawk, S. A,”, denunció la Intendencia ante la Fiscalía.
También añadió que no se logró identificar el vínculo que podría existir entre Daniel Chavajay y Rodolfo Arriaga con la empresa, que justificara el traslado de saldos. Esto, considerando los puestos que ocupaban ambas personas, uno como miembro de un Codede y el otro como director de Renap.
INDICIOS QUE SUGIEREN UN POSIBLE ESQUEMA
Tras las verificaciones y seguimientos efectuados, la IVE presentó a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero seis indicios que calificó como los más relevantes en este caso:
- Posible estratificación de fondos públicos, por la forma en que se distribuyó el dinero que la constructora Carmor recibió de la Tesorería Nacional para la ampliación de la pista del aeropuerto de Escuintla.
- Concentración del dinero en grupos vinculados, los cuales obtuvieron en conjunto el 82% de los Q112.27 millones que remitió la Tesorería a Carmor.
- Irregularidades en la adjudicación, por anomalías observadas en Guatecompras en el contrato para la ampliación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Escuintla, incluyendo la capacidad autorizada por el RGAE para la constructora.
- Operaciones financieras sin justificación, por la compra de los picops último modelo por personas políticamente expuestas, sin aparente vinculación con la entidad Tomahawk, S. A.
- Coincidencia con investigaciones previas, por la vinculación de empresas denunciadas anteriormente por la IVE ante el MP.
- Presencia de actores señalados en otros casos, “por beneficiarios o proveedores de fondos de las cuentas analizadas que figuran en diferentes publicaciones por su posible vinculación con diferentes delitos”.
OTRA DENUNCIA ESTANCADA EN EL MP
A casi tres años de la denuncia, el rastro del dinero está documentado. Lo que sigue sin aparecer es una respuesta del Ministerio Público, igual que ha ocurrido con otros casos denunciados en el gobierno de Alejandro Giammattei.
Entre estos figuran la compra de propiedades en Dubái con fondos procedentes de contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el entramado de empresas que habría diluido por lo menos Q468 millones procedente del programa Seguro Escolar, de los cuales una parte se habría transferido a China.
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