El caso de la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, y del viceministro de Infraestructura, Pedro Roberto Martinez —quienes mantienen una demanda laboral contra la institución que ahora dirigen— ha abierto un debate en torno al uso del renglón 029, los límites éticos en la función pública y el impacto de estas prácticas en las finanzas del Estado.
Ambos funcionarios reclaman por la vía judicial el pago de prestaciones e indemnización por el tiempo en que trabajaron bajo el citado modelo en distintas dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), antes de ser nombrados en los cargos actuales.
Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de un derecho laboral, analistas advierten que el caso expone una contradicción institucional difícil de sostener.
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“NO SE PUEDE DIRIGIR Y DEMANDAR AL MISMO TIEMPO”
Para el exministro de Trabajo, Luis Felipe Linares, la situación configura un conflicto de interés, aunque no necesariamente una ilegalidad directa. “No se puede estar litigando contra el ministerio y al mismo tiempo dirigirlo”, señaló, pero reiteró que el asunto «es más ético que legal, aunque no menos grave».
Desde su perspectiva, hay una incompatibilidad en esta combinación, ya que la ministra podría verse obligada a defender al CIV frente a reclamos similares al suyo, mientras mantiene su propio reclamo activo.
“¿Va a seguir su demanda y rechazar otras iguales? No tiene lógica. Si está en la misma situación, tendría que allanarse a esas demandas”, expresó el exfuncionario, y añadió que en este caso solo ve dos salidas posibles:
- Desistir de su proceso contra la cartera
- Renunciar al cargo
“Lo más lógico, si quiere seguir en el puesto, es retirar la demanda. No se pueden tener dos sombreros al mismo tiempo”, afirmó el entrevistado, respecto de la ministra Norma Zea, y acerca del viceministro Pedro Martinez, dijo que «por ética, tendría que hacer lo mismo».
PATRONOS Y DEMANDANTES
El caso de los funcionarios salió a la luz el pasado 23 de marzo, en una citación del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), donde el diputado Jairo Flores cuestionó la situación.
El legislador también calificó el asunto como un problema ético. En ese marco, criticó que los señalados mantengan simultáneamente su rol como autoridades y demandantes del Estado.
“¿Cómo le están cobrando prestaciones al ministerio donde ahora son patronos?”, reprochó Flores durante la reunión, en la que solo estuvo presente el viceministro Martinez. Además, opinó que al asumir los puestos que ahora tienen en la cartera —Zea y él— debieron «desistir de la demanda».
«No puede estar en una institución donde ella misma se va a despachar», recriminó el parlamentario, en alusión a la ministra, mientras que Martinez justificó que «es un derecho».
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ANALISTA ADVIERTE POSIBLE INHABILITACIÓN
Pese a la postura de las autoridades, quienes defienden su derecho a reclamar una indemnización por los servicios que prestaron anteriormente, el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, considera que el caso podría tener implicaciones legales.
En su opinión, mantener la demanda activa contra el CIV «no solo es una falta a la ética», sino que podría constituir una causal de inhabilitación, por lo menos para la ministra Norma Zea.
“Para poder ejercer un cargo público, uno de los requisitos es no tener reclamaciones contra el Estado. Si hay una reclamación vigente, eso implica una incompatibilidad”, explicó el experto.
Quezada basó su análisis en el artículo 197 de la Constitución Política, que, en su literal «c», prohíbe ser ministro a quienes tengan reclamaciones pendientes derivadas de contratos estatales.
“Aquí el fondo es claro: no es posible estar reclamándole al Estado por un servicio prestado y al mismo tiempo ocupar el cargo. Se trata de un principio constitucional”, indicó.
Aunque el profesional reconoció que accionar por la vía judicial es un derecho, remarcó que «el problema es la coexistencia de ambas condiciones —ser patronos y demandantes—”. Asimismo, consideró que «como ya se dio una incompatibilidad, debería haber una destitución inmediatamente».
EJECUTIVO NIEGA CONFLICTO DE INTERÉS
Cuando se conocieron los procesos iniciados por los funcionarios del CIV, el Ejecutivo negó alguna incompatibilidad entre las demandas y sus funciones actuales.
«Los procesos laborales que tienen el viceministro de Infraestructura y la ministra de Comunicaciones responden a un derecho que tienen todas las personas trabajadoras a reclamar prestaciones que por ley son irrenunciables», indicó el organismo. También hizo ver que «las afirmaciones que sugieren la existencia de un conflicto de interés carecen de sustento fáctico y legal».
En aquel entonces, por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se descartó alguna destitución. «Ambos funcionarios cuentan con la confianza del Ejecutivo y continúan desempeñando sus cargos con normalidad», informó la dependencia.
Para este artículo, La Hora volvió a consultar a la Secretaría y solicitó la postura al respecto del análisis del exministro y el analista del CIEN, pero no hubo respuesta. También se preguntó la opinión del Ministerio de Trabajo y, aunque se ofreció gestionar una respuesta, todavía no se brinda.
A la Procuraduría General de la Nación (PGN) se le preguntó si, desde el ámbito de su competencia, evalúa la posible existencia de un conflicto de intereses en procesos donde funcionarios mantienen litigios activos contra el Estado y si ha emitido algún lineamiento para impedir que se repita este tipo de casos en la administración pública.
«La PGN no tiene facultad para emitir lineamientos sobre ese tema. No obstante, en su calidad de defensora de los intereses del Estado, puede emitir un dictamen jurídico si alguna autoridad o entidad estatal lo solicita formalmente por la vía establecida», respondió la entidad.
También manifestó que en caso de que se requiriese, «dicho pronunciamiento se emite dentro del expediente respectivo y se dirige exclusivamente a la autoridad nominadora o entidad solicitante. En estos temas, la PGN actúa a requerimiento institucional y no de oficio«, recalcó.
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FUNCIONARIOS DEFIENDEN SUS LITIGIOS
Por su parte, la ministra Zea y el viceministro Martinez rechazaron los cuestionamientos relacionados con sus funciones al frente del CIV y los procesos mediante los cuales buscan una compensación por contratos pasados. En un comunicado oficial, calificaron los señalamientos como “infundados”.
Las autoridades también rechazaron «categóricamente las tergiversaciones y señalamientos infundados que buscan desinformar a la ciudadanía», y resaltaron que «las afirmaciones que insinúan privilegios, injerencias indebidas o ventajas institucionales no resisten análisis jurídico alguno y no responden a intereses ajenos a la institucionalidad y al Estado de Derecho».
Aparte, subrayaron que cualquier monto difundido públicamente acerca de los pagos que exigen “carece de validez”, ya que no existe una resolución judicial firme que lo determine. No obstante, la cifra que solicita la ministra —Q906 mil— aparece en el expediente que sustenta su reclamo ante los tribunales.
El viceministro Pedro Martinez no reveló cantidades; sin embargo, se conoce que la indemnización y prestaciones que exige corresponden a un período que va de febrero de 2019 a noviembre de 2025. Según registros de Guatecompras, en ese lapso tuvo contratos 029 en el Ministerio de Comunicaciones.
A ambos se les preguntó si han considerado desistir del litigio, pero no dieron una respuesta directa. Por medio de la unidad de Comunicación Social del CIV, también se consultó si la ministra accionó por los contratos 029 que tuvo en la Secretaría Privada de la Presidencia entre 2024 y 2025, pero tampoco contestó.
CIV ENTRE LOS QUE MÁS PAGAN
Más allá del caso de estos funcionarios, el fondo del problema está en el modelo de contratación del Estado, indicó Luis Linares.
De acuerdo con el entrevistado, el uso extendido del renglón 029 —creado para servicios técnicos y profesionales sin relación laboral— ha derivado en prácticas donde colaboradores cumplen funciones permanentes, con horario y subordinación, pero sin derechos laborales, «lo cual constituye una simulación”.
“El contrato dice que no hay relación laboral, pero la realidad demuestra lo contrario. Y en derecho laboral, lo que cuenta es la realidad”, afirmó el experto. También refirió que esa distorsión ha generado una ola constante de demandas que los tribunales suelen fallar a favor de los trabajadores.
Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), solo el año pasado, el Estado pagó Q724 millones en prestaciones, indemnizaciones y salarios caídos, además de algunos casos en los que se concedió una compensación por daños y perjuicios. El Ministerio de Comunicaciones estuvo entre los que más dinero desembolsaron por ese rubro, con Q77.6 millones.
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