La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) fue objeto de disputas en los entes electores, siendo el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos instituciones en las que además incidió un lobby en Estados Unidos.
El 30 de marzo último, La Hora publicó un trabajo en el que se evidenció cómo la alianza que Samuel Pérez formó con Luis Aguirre y Roberto Arzú, por medio de la cual querían impulsar al magistrado de la CC, Rony López, y al abogado, David Pineda, vinculado a farmacéuticas y al expresidenciable Roberto Arzú, incentivó más las acciones de quienes venían operando por medio de lobby.
De esa cuenta, el denominado “lobby antiembajada” logró incidir en favor de Roberto Molina Barreto por el Congreso de la República y Dina Ochoa por la CSJ. Sin embargo, junto con ellos se colaron Luis Rosales y Claudia Paniagua, dos magistrados que fueron señalados por las mismas agencias de EE. UU. de haber recibido dinero de un agente chino, exfuncionario de Huawei.
Ambos fueron sancionados por EE. UU. Esto ocurrió luego de que, junto con el también magistrado suplente, Walter Paulino Jiménez Texaj, restituyeran provisionalmente en el cargo de presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab) a Jorge Mondal Chew, vicepresidente regional por 13 años de la tecnológica china Huawei, compañía vetada por el Gobierno de EE. UU. a la que acusa de ser un posible brazo de espionaje de Beijing.
En una visita a Guatemala en febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó su preocupación, ya que los negocios con el gobierno asiático —dijo— representan un peligro “muy grave” y pueden dañar la seguridad de los países que hagan negociaciones con ellos.
La sanción a Paniagua se conoció el 2 de septiembre de 2024. Según la publicación oficial del Departamento de Estado, incurrió en un “grave acto de corrupción al aceptar sobornos a cambio de fallos favorables del Tribunal Constitucional”.
Esa misma fecha se supo del retiro de la visa a los magistrados Rosales y Jiménez Texaj.
Los tres votaron en favor de Mondal Chew, a pesar de que este no contaba con las credenciales para ser presidente de la entidad. Luego de la sanción, Jiménez Texaj cambió de postura y votó en contra de Mondal.
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Al hacer una lectura de los resultados de la elección, cabe cuestionar: si las políticas para la región de la administración del presidente Donald Trump se centran en combatir al narcotráfico y la influencia de China en la región, ¿por qué la incidencia que tuvieron quienes han pagado el lobby terminó beneficiando a dos señalados de operar en favor de un agente chino y a su vez, para lograrlo, se contó con el apoyo de diputados que tienen vasos comunicantes con extraditados a EE. UU. por el tema de drogas?
EL LOBBY Y LOS RASTROS DE MARÍA ELVIRA SALAZAR
El 5 de noviembre de 2025, se hizo pública una carta que fue amplificada y aplaudida por actores guatemaltecos sancionados por EE. UU., en la que la congresista de ese país, María Elvira Salazar señalaba de interferencia en los procesos de elección de segundo grado a la Embajada de su país y pedía la remoción del anterior embajador Tobin Bradley y del exencargado de Negocios, Patrick Ventrell.
El 25 de noviembre del mismo año, La Hora reveló que las magistradas Dina Ochoa (CC) y Jenny Alvarado Teni (CSJ) viajaron a EE. UU., también para reunirse con Salazar. La visita se produjo un día antes de que la congresista hiciera pública la carta que dirigió a Rubio.
Finalmente, el 16 de enero de este año, previo a las elecciones claves del sector justicia, se produjo la salida de Bradley y Ventrell y al mismo tiempo ocurrieron otros cambios internos en las jefaturas de la sede diplomática norteamericana.
SE OCUPA DE LA CC
Luego de eso, el trabajo de cabildeo en EE. UU. vio uno de sus resultados más notorios el pasado 26 de febrero, cuando la congresista Salazar —paradójicamente a la carta que envió a Rubio— emitió pronunciamientos relacionados a la elección de magistrados de la CC.
En un mensaje compartido en sus redes sociales, a pocos días de la votación en el Congreso, advirtió que la decisión en Guatemala se reduciría a una disyuntiva: elegir a un “jurista intachable” o a un abogado “impulsado por alianzas oscuras que protegen al crimen”.
Aunque no mencionó nombres, en el contexto político guatemalteco el mensaje fue interpretado como un respaldo a Molina Barreto, extremo que en círculos privados fue reconocido por actores que respaldaban al magistrado de la CC.
LA FOTO QUE INTENSIFICÓ EL LOBBY
Las acciones del lobby se intensificaron cuando el 12 de febrero pasado, el diputado Luis Aguirre —quien ha sido señalado de tener vínculos con el crimen organizado— publicó una fotografía en donde aparece con los diputados Samuel Pérez, Nery Ramos, Adim Maldonado y Jorge Mario Villagrán. La acompañó del texto: “Hablando de CC y TSE, aquí en la presidencia del Congreso con la mayoría de los votos”.
Hablando de CC y TSE, aquí en la presidencia del Congreso con la mayoría de los votos pic.twitter.com/yFnU84dZAt
— Luis Aguirre (@luisaguirre1010) February 12, 2026
Ese mismo día, República publicó un artículo en el que la Embajada de EE. UU. en Guatemala negó que apoyara alguna candidatura, según la nota, porque en el Congreso legisladores de Cabal y Semilla atribuían el aval de la sede diplomática a la candidatura de López y Pineda.
Meses antes, los congresistas que figuraron en dicha fotografía, también habían presumido de otra reunión en la que habrían consensuado la Junta Directiva del Congreso, la cual ganaron con la elección de Luis Contreras, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo), en detrimento de Álvaro Arzú Escobar, el candidato de la oposición y del lobby.
Esto, junto con las acciones de Samuel Pérez, fue aprovechado por el grupo de cabildeo, que vendió a EE. UU. la idea de que la salvación para la causa conservadora y de derecha de Guatemala eran Dina Ochoa y Molina Barreto.
El lobby se sentía por demás incómodo con la dupla que impulsaban Aguirre y Pérez, principalmente porque se le había sumado —vía David Pineda— Roberto Arzú, potencial candidato de Cabal para 2027 y quien mantiene una abierta disputa con su hermano Álvaro.
Asimismo, David Pineda fue el candidato vicepresidencial de Arzú en las elecciones de 2023, aunque las cortes anularon su participación. Además, fue abogado defensor del expresidente Alfonso Portillo y se le relaciona con los dueños de La Botica, farmacéutica vinculada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno en la administración de Alejandro Giammattei.
LOS MENSAJES DE BARRETT
Tras la salida de Bradley y Ventrell de la Embajada estadounidense, el 23 de enero vino a Guatemala el nuevo encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., John Barrett. Sus primeros pronunciamientos fueron claros en contra del crimen organizado y China.
Su primera entrevista la concedió al medio Prensa Libre, a quien le dijo que no tolerarían “contaminación de narcos, criminales o asociados con estas personas” en las elecciones de segundo grado.
Luego concedió otra a República, en la que habló de las prioridades de EE. UU., entre ellas la lucha contra el crimen organizado y contrarrestar la influencia china en la región.
EL LOBBY QUE ESTÁ, PERO DEL QUE NO HABLAN
Según han reportado medios de comunicación, hay más de un esfuerzo que se financia actualmente en EE. UU. con tal de cabildear apoyo político de altos funcionarios del Congreso y de la Casa Blanca. El 21 de enero pasado, Plaza Pública dio a conocer un nuevo esfuerzo que empezó en noviembre de 2025.
Uno de estos cabildeos, que dejó su huella clara con la carta de María Elvira Salazar, se inclinó por Molina Barreto y Dina Ochoa para que repitieran en la CC.
En virtud de ello, La Hora se comunicó con Rodrigo Arenas para ahondar en los detalles del lobby, quiénes lo financian y cómo se explican ellos que, si ganaron sus esfuerzos porque Molina Barreto y Ochoa repitieran, también se colaron dos magistrados sancionados por sus acciones con China. La conversación fue grabada por ambas partes.
A pesar de lo evidente, Arenas negó que el cabildeo al que pertenece haya tenido algún tipo de influencia en las elecciones de segundo grado; es decir, rechazó que hayan intermediado por algún candidato a magistrado ante la CC. Además, en la conversación prefirió referirse al lobby como un “proyecto”.
“Yo soy parte de este lobby… de este proyecto, más que lobby, que es para generar desarrollo social y económico y promover las ideas de la libertad en diferentes países de Latinoamérica”, expuso Arenas.
Sin embargo, el documento en el que se formaliza el contrato de lobby y que está publicado en el sitio web de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés) del Departamento de Justicia de EE. UU. detalla que uno de los fines es “la interacción con organismos y entidades del Gobierno Federal, legisladores y otros grupos de política pública, así como la facilitación de debates con candidatos, en apoyo de los partidos políticos conservadores y las causas de Guatemala”.
La compañía de cabildeo contratada es Corcoran & Associates, INC., mientras que la contratante es Generations of Life and Liberty LLC. Empresa que, según una investigación de El Observador, tiene vínculos con República Media Group LLC, entidad de la cual Arenas aparece como administrador.
“Yo fui invitado por esta gente de Liberty, una organización en Estados Unidos, y estoy participando, pero quiénes más están invitados no lo sé”, respondió Arenas a la consulta de qué otros actores más son parte de este lobby y quiénes lo financian.
“Había que aportar una parte económica y lo estoy pagando de mi parte. Desconozco quiénes más lo financian. No sé quiénes están confirmados, solo sé que todos tenemos un perfil similar, en el sentido de que somos empresarios que promovemos ideas de libertad y conservadores”, añadió. Además, dijo desconocer “hasta donde yo sé” si hay participación de más guatemaltecos.
DICEN QUE NADIE “APOYÓ” A MOLINA BARRETO
Arenas descartó que el “proyecto” tenga que ver con las elecciones del sector justicia de Guatemala. No se promovió a nadie en específico “absolutamente”, aseveró. “Puedo tener mis inclinaciones personales. Fueron 10 personas nominadas para la CC. ¿Estoy de acuerdo con las 10? No necesariamente, pero es mi opinión personal”, agregó.
ROSALES, PANIAGUA Y SU RELACIÓN CON CHINA.
Sin embargo, y dada la afinidad que varios grupos, incluyendo este lobby dicen tener con las prioridades de EE. UU. en la región, se le hizo esta consulta: ¿Qué opina de algunos magistrados electos, como Luis Rosales y Claudia Paniagua, que se ha demostrado que tienen vínculos con China y que incluso fueron sancionados por EE. UU.?
Arenas prefirió no opinar en ese sentido porque, dijo, “no tengo ninguna información al respecto”. “Yo no tengo evidencia de eso, ni tengo que darte ninguna opinión de esos magistrados que me mencionas, no tengo evidencia al respecto y al final fueron magistrados nombrados por cada uno por su diferente institución”, enfatizó.
¿INFORMACIÓN INCOMPLETA A BARRETT?
Además, se le hizo la consulta: Hay quienes dicen que al encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, John Barrett, se le trasladó información incompleta y parcializada por parte de personas que hacen lobby. ¿Qué responde a eso?
Ante lo cual el entrevistado tampoco emitió opinión. “No. Pregúntale a esos quienes que dicen eso, no sé quiénes dicen eso” (Sic).
- Se le aclaró: «son críticos. Se lo pregunto porque usted me responde que es parte de este proyecto de lobby en EE. UU.»
- Ante lo cual respondió: “Sí, pero el rol del lobby en el que yo participo no tiene nada que ver con eso”.
Arenas también negó que haya buscado a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien a inicios de noviembre publicó una carta en la que demandaba la destitución de los exfuncionarios de la embajada estadounidense en Guatemala.
Puntualmente, se le preguntó: «Usted pretendía reunirse con la legisladora estadounidense María Elvira Salazar cuando se produjo la carta —que envió al senador Marco Rubio, donde se pedía el cambio de las anteriores autoridades de la Embajada— y la defensa por el tema de Claudia Paredes. ¿Cuál era la intención de esa reunión?»
- A esto respondió: “No entendí. ¿A qué reunión te referís?”
- Usted pretendía reunirse con la legisladora estadounidense María Elvira Salazar. ¿Es correcto?
- A lo cual dijo. “No. No es correcto”.
Posteriormente, en otro momento de la conversación, cuando se le hizo la consulta de la información incompleta y parcializada que se le habría trasladado a John Barrett, dijo:
“La carta a la que te referís de la congresista Salazar, yo no tuve nada que ver con eso. Yo sí tengo certeza de que el lobby con el que participo tampoco tuvo nada que ver con eso, lo puedo decir con absoluta certeza”, aseguró. “Yo sí sé quién tuvo que ver con esa carta y sé quién fue quien promovió esa reunión. No es ninguna empresa de lobby”, agregó, sin dar detalles.
Asimismo, Arenas también negó que pretenda apoyar candidaturas del partido Valor, como Zury Ríos o del diputado Elmer Palencia.
La Hora ha conocido que Ríos pretende volver a la escena política en las elecciones del próximo año, aunque no por el partido Valor.
BALDIZÓN, AÑOS DESPUÉS
La Hora también le consultó su opinión sobre su participación en la Gala de la Prosperidad Hispana. Esta actividad se llevó a cabo el pasado 10 de febrero en la casa de descanso del presidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida. Arenas coincidió, entre otros políticos guatemaltecos, con Jorge Baldizón Vargas, hijo de Manuel Baldizón, quien en 2019, confesó haber lavado dinero del narcotráfico y fue condenado a 50 meses de prisión por un tribunal del Distrito Sur de Florida.
La pregunta hecha fue: Recientemente se publicaron algunas fotos en una reunión en Mar-a-Lago —Florida— en donde figuraban personalidades políticas —de Guatemala—. Se vio a personas cuestionadas como el hijo del señor Manuel Baldizón. ¿Qué opinión le merece haber coincidido con él?
Arenas restó importancia a este hecho y respondió: “Está en su libertad. Yo no tengo capacidad ni debo opinar sobre su asistencia. Eso te recomiendo que le preguntes a las autoridades de Estados Unidos que manejaron el caso de Manuel Baldizón; es problema de ellos”.
Posterior a la entrevista, La Hora le consultó vía WhatsApp si no le preocupaba la participación del hijo de Baldizón en una actividad en la que también él estuvo, puesto que en el pasado Arenas justificó sus asuntos legales como acciones para evitar que Manuel Baldizón ganara las elecciones presidenciales.
Arenas no respondió a esta consulta que buscaba matizar la situación con Baldizón. Si lo hace, se incluirá en este espacio.
En una nota de Prensa Libre del 2018, se explica esa preocupación que Arenas compartió por la candidatura de Manuel Baldizón. En agosto de 2017 se detalló que el Movimiento Cívico Nacional, del cual Arenas fue fundador, recibió fondos vinculados a Sinibaldi para impulsar la campaña “No te toca”, que buscaba evitar que Baldizón (quien encabezaba las encuestas en aquel momento) ganara la elección presidencial. Arenas fue absuelto tras una reforma clave al Código Penal por el tema de financiamiento electoral. En el caso Construcción y Corrupción, los señalamientos no derivaron en ninguna acusación y, por consiguiente, ni en condena o sentencia judicial.
De igual forma, se le enviaron por escrito otras consultas que tampoco respondió.
Este medio le preguntó puntualmente: ¿Qué tanto factor cree que jugó para el resultado (que se dio en la CC) el que Roberto Arzú haya sido quien unió a Samuel Pérez con Luis Aguirre, dado el historial de Arzú y el distanciamiento que tiene con su hermano, el diputado Álvaro Arzú, puesto que se dice que, junto con él, ha operado algunos aspectos en la elección del máximo tribunal?
También se le preguntó: ¿Al lobby al cual usted pertenece le preocupa el diputado Luis Aguirre? —por sus señalamientos de vínculos con el crimen organizado—, y si es así, qué opinión le merecen, por ejemplo, Felipe Alejos, Allan Rodríguez, los López, los diputados allegados a Sandra Torres y todos aquellos que tienen vínculos con actores del crimen organizado?
LOS DIPUTADOS CON VASOS COMUNICANTES
La narrativa de que la opción de Aguirre, Pérez y Cía estaba ligada al crimen organizado tomó fuerza; no obstante, para lograr la reelección de Molina Barreto y de Rosales vía el Congreso, se sumaron al apoyo varios diputados con vasos comunicantes con personajes extraditados a los Estados Unidos, precisamente, por narcotráfico.
Los 100 diputados que votaron a favor de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la CC
De esa cuenta, uno de los que apoyó la reelección de estos magistrados fue Felipe Alejos, una de las figuras principales del partido Todos. Durante dos legislaturas también representó a este partido el diputado José Ubico, quien guarda prisión en EE. UU. luego de reconocer que contribuyó para trasegar drogas a ese país.
Ubico pretendía ser reelecto por ese partido en representación del distrito electoral de Sacatepéquez en las elecciones de 2023, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su inscripción. Antes, en diciembre de 2003, el Juzgado de Nueva Jersey ya lo había condenado una primera vez a 46 meses de prisión y tres años de libertad condicional, también por delitos relacionados con el narcotráfico.
Las veces que el exdiputado José Ubico ha sido mencionado en casos vinculados con el narcotráfico
En febrero del año pasado recibió su segunda condena. Un tribunal de Texas lo sentenció a 18 años de prisión.
Entre otros de los diputados que votaron a favor de reelegir a estos magistrados también está Sofía Hernández, representante del distrito electoral de Huehuetenango. Aunque fue electa por el partido Vamos, también pasó por la Unión del Cambio Nacional (UCN), donde llegó a ser primera vicepresidenta de la Junta Directiva.
La UCN fue una agrupación fundada por Mario Estrada, político que también fue condenado en EE. UU. por narcotráfico, específicamente por haber pedido dinero directamente del cartel de Sinaloa para financiar su candidatura presidencial de 2019.
Además de haber figurado en este partido y aunque Hernández no ha sido procesada por narcotráfico. Su hermano Henry Hernández aceptó haber colaborado con Los Huistas, cartel narco que opera principalmente en Huehuetenango. En enero de 2021 fue detenido y admitió su culpabilidad para obstaculizar la justicia y ayudar a uno de los miembros del cartel.
Por aparte, Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, sobrino de la legisladora, fue extraditado a EE. UU. en 2022 señalado de haber conspirado para traficar cientos de kilos de cocaína para el mismo cartel.
Esduin Javier Javier (Tres Kiebres) es otro de los legisladores que apoyó la reelección de Rosales. Una investigación del Ministerio Público de 2021 vincula al congresista, único diputado que representa al partido Cambio —de Manuel Baldizón e hijos—, como parte de una estructura criminal denominada “Los Ipala”.
La fiscalía estableció, mediante una investigación, que la estructura “creó rutas para trasladar diferentes ilícitos hacia otros países como México y Estados Unidos, entre ellos drogas y armas”.
En mayo de 2024, Carlos Guerra, presunto líder de “Los Ipala”, aceptó ser extraditado a EE. UU., país que lo requería por haber distribuido cocaína o sustancias que contienen dicha droga.
Varias veces, el MP ha intentado, sin éxito, retirarle la inmunidad para poder profundizar en la investigación de la cual hasta ahora solo hay indicios.
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