La economía guatemalteca se encuentra en un punto de inflexión ante las calificadoras de riesgo. Aunque el país ha consolidado una resiliencia macroeconómica envidiable en la región, el ascenso hacia el ansiado “grado de inversión” demanda ahora una transformación que trascienda la prudencia fiscal y monetaria.
Históricamente, la estabilidad económica de Guatemala y su disciplina financiera han sido sus mejores cartas de presentación ante la comunidad internacional y especialmente ante las calificadoras. Actualmente, el país se sitúa a un solo peldaño de ser designado como apto para el “grado de inversión”, una calificación crediticia que certifica un bajo riesgo de incumplimiento y que funciona como un imán para el capital global, permitiendo acceder a financiamiento en condiciones mucho más competitivas y atraer más capitales.
“La perspectiva macroeconómica de Guatemala se ha mantenido muy fuerte durante estos años y esto ha logrado que la calificación mejore dentro del grado especulativo”, afirmó Patricio Vimberg, director asociado del equipo de Soberanos y Finanzas Públicas Internacionales de Standard & Poor´s Global Ratings.
Sin embargo, la actual calificación “BB+ con perspectiva estable”, otorgada por la firma Standard & Poor’s (S&P), refleja una realidad ineludible explicada por ellos mismos: Guatemala ha alcanzado un «techo» donde los factores positivos tradicionales ya están plenamente incorporados en la nota, pero no son suficientes para el siguiente salto.
Entre los factores positivos del desempeño económico nacional, Guatemala ha mantenido estabilidad económica durante más de una década. Su deuda pública se mantiene baja, la inflación está controlada, el tipo de cambio ha permanecido estable y el flujo constante de remesas funciona como un “colchón” frente a choques internacionales, como los que enfrenta actualmente la economía global.
Pero esto todavía no es suficiente de cara a los exigentes mercados financieros internacionales e inversionistas que buscan colocar sus capitales. Con la calificación BB + Guatemala todavía se considera riesgosa. La perspectiva estable indica que, si mantiene disciplina fiscal y estabilidad política, podría mejorar en el futuro. El analista reitera que “para lograr el grado de inversión hace falta mejoras más consistentes, sobre todo en el ámbito institucional y económico.”
Si Guatemala alcanza el grado de inversión, los consumidores y usuarios del sistema financiero se benefician directamente porque acceden a créditos más baratos, mayor estabilidad en precios y un sistema bancario más sólido.
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RÉCORD ALENTADOR
A pocas semanas de que la calificadora publique su nueva evaluación, Patricio Vimberg, analista de la firma, habló con La Hora y ofreció un balance detallado de la economía guatemalteca. Según explicó, la estabilidad del país se sostiene en una combinación de crecimiento moderado —entre 3.5% y 4%— y el papel cada vez más determinante de las remesas, que han impulsado el consumo interno y representan alrededor del 20% del PIB.
Este flujo constante de divisas ha generado efectos estructurales relevantes. Guatemala acumula cerca de diez años consecutivos de superávit en cuenta corriente, lo que significa que el país recibe más divisas de las que gasta. Esto ha permitido mantener la estabilidad del quetzal, fortalecer las reservas internacionales y sostener una posición externa sólida incluso ante contextos globales adversos.
Vimberg también destacó que Guatemala mantiene uno de los niveles de deuda pública más bajos de la región y un déficit fiscal contenido, lo que refuerza su perfil de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, advirtió que esta fortaleza ya está plenamente incorporada en la calificación actual, por lo que no constituye un factor suficiente para un ascenso hacia el grado de inversión.
El principal reto, explicó, no está en la estabilidad macroeconómica, sino en la capacidad de convertirla en crecimiento sostenido. Para avanzar hacia el grado de inversión, el país necesita mejoras consistentes en el ámbito institucional y económico. Entre los principales obstáculos mencionó la baja ejecución de infraestructura estratégica —puertos, aeropuertos y carreteras—, así como la limitada inversión extranjera directa.
LOS CUELLOS DE BOTELLA
Para los inversionistas y analistas de mercado, el diagnóstico es coincidente: la infraestructura es el principal freno al desarrollo. El director de Fundesa, Juan Carlos Zapata, confirma que la infraestructura es el cuello de botella que impide transformar la estabilidad en desarrollo. A su juicio, Guatemala debe cambiar su sistema de obras públicas si quiere mejorar sus indicadores y volverse más atractiva para la inversión internacional.
Vimberg, advirtió que el crecimiento actual depende en exceso del consumo impulsado por remesas, lo que plantea riesgos de sostenibilidad si estos flujos se estabilizan o disminuyen en el futuro. A esto se suman rezagos estructurales como el bajo ingreso per cápita, los altos niveles de pobreza y la elevada informalidad laboral, factores que colocan a Guatemala en desventaja frente a economías que ya alcanzaron el grado de inversión.
En el ámbito fiscal, señaló que, aunque el déficit se mantiene bajo, los ingresos del Estado siguen siendo reducidos en comparación internacional. Esto limita la capacidad de inversión pública en educación, salud e infraestructura. Si bien ha habido mejoras en la eficiencia de recaudación, aún no se han implementado reformas estructurales de fondo.
“Desde el punto de vista institucional, hemos visto que distintos gobiernos han enfrentado desafíos a la hora de ejecutar sus planes. Lo hemos visto, por ejemplo, a la hora de ejecutar obras de infraestructura y hemos visto un gobierno que ha tenido planes de aumentar la infraestructura, sobre todo en infraestructura estratégica, como han sido los puertos, el aeropuerto, carreteras”.
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Un elemento que vendría a fortalecer el compromiso de Guatemala con los estándares internacionales es también la aprobación de la Ley Anti Lavado de Dinero, actualmente bajo discusión en el congreso. Para el economista independiente Luis Pablo San José G., ello sería un paso en la dirección correcta para la fiscalización de recursos financieros.
El economista señaló que la aprobación de esta ley es crucial para que el país cumpla con los estándares internacionales de transparencia, evitando el riesgo de ingresar a la “lista gris”, lo que implicaría aislamiento financiero, freno a la inversión extranjera directa y un mayor costo de la deuda; en cambio, alinearse a estas recomendaciones fortalece la confianza internacional, garantiza la permanencia en el sistema financiero global, proyecta al país como un destino seguro de inversión y protege la estabilidad económica y del quetzal en beneficio de la población.
Por su parte, Zapata ha insistido en que parte de esa transformación en el sector de infraestructura debe venir de la creación de una institucionalidad más ágil para ejecutar obra pública. En esa línea, ha promovido la puesta en marcha de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), la cual según su visión— permitiría acelerar proyectos estratégicos de infraestructura vial.
A lo cual Vimberg, señala: “Lo que hemos visto es que a la hora de ejecutar proyectos de infraestructura existen desafíos importantes y esa ejecución no se ha logrado. En parte, el déficit fiscal bajo que estamos viendo es un reflejo de que la infraestructura y la inversión en Guatemala son relativamente bajas en comparación con sus pares internacionales”.
Desde el punto de vista monetario, Vimberg reconoció la credibilidad del Banco de Guatemala, que ha logrado mantener la estabilidad de precios y del tipo de cambio. No obstante, advirtió debilidades en la profundidad del mercado de capitales y en los mecanismos de transmisión de la política monetaria, lo que reduce su efectividad frente a economías con grado de inversión.
Finalmente, aunque se han registrado avances normativos como la ley de asociaciones público-privadas, tanto analistas como actores del sector privado coinciden en que la ejecución sigue siendo insuficiente. Para Zapata, este rezago es precisamente lo que hace urgente que la DIPP funcione de manera efectiva.
En ese sentido, ha planteado que dicha entidad debería asemejarse a modelos como el de la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia, encargada de estructurar, contratar y supervisar grandes proyectos de transporte bajo esquemas de concesión.
La experiencia de este tipo de agencias muestra un punto clave: no basta con estabilidad macroeconómica si no existe una institución capaz de convertirla en proyectos concretos de infraestructura.
El mensaje para los tomadores de decisión es contundente. Guatemala ha construido una base macroeconómica sólida, pero el Grado de Inversión no se alcanzará por inercia. El salto hacia la élite de los mercados financieros dependerá menos de la estabilidad ya alcanzada y más de la capacidad del Estado para ejecutar reformas estructurales, modernizar su infraestructura y fortalecer la certeza jurídica.
Solo así, el equilibrio macroeconómico dejará de ser una cifra estadística para convertirse en bienestar tangible, créditos más baratos y un ecosistema de negocios de clase mundial.
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