La aprobación de la ley del sistema portuario nacional deberá esperar al menos tres semanas más, ya que los diputados se han atrasado en la discusión de iniciativas de ley como la que busca castigar el lavado de dinero u otros activos.
Mientras eso ocurre, la comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior busca los consensos para las 24 enmiendas enfocadas en tres grupos, entre ellas requerimientos que presentaron los sindicatos para ocupar un espacio en direcciones de la Autoridad Portuaria Nacional.
El presidente de esa mesa de trabajo, Jorge Ayala, explicó que otro de los cambios tiene que ver con el Código de Comercio respecto al usufructo oneroso, mecanismo que se analiza para facilitar puertos bajo la modalidad de alianza público-privada o privados, y otros ajustes que tienen relación con la naturaleza de la Autoridad Portuaria como encargada de las inspecciones de carga, bajo un enfoque diferente en temas de la aplicación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
«Básicamente son tres categorías, unas requeridas por la Comisión Portuaria Nacional, por usuarios y otras relacionadas con el sector laboral de los puertos. En el primer grupo de enmiendas todos estuvieron de acuerdo con el cambio de enfoque, pero creo que vamos a dejar pendiente la propuesta de gobernanza; algunos diputados consideran que debe ser diferente a la que se dictaminó», comentó Ayala.
PATRIMONIO Y OTRAS PETICIONES DE SINDICATOS
A la vez, el diputado Ayala se refirió a las peticiones que presentó la diputada Thelma Ramírez, que recibió de sindicalistas de las portuarias, por algunos impedimentos que ellos (sindicatos) tienen para integrar cuerpos directivos, tanto para optar a cargos directivos como a puestos en el directorio.
Ayala agregó que otras de las propuestas están relacionadas con el patrimonio, donde se acordó que ciertos montos, por ejemplo, el 15% del 2% del canon para los contratos de administración portuaria, se había considerado que se asignaran a la Autoridad Portuaria Nacional y ellos requirieron que fueran parte del patrimonio del puerto en el que se lleven a cabo esos contratos.
«Lo que está pendiente es que los sindicatos plantean que haya un representante del sector sindical en la gobernanza de la Autoridad Portuaria; en este momento no tenemos los consensos adecuados para el tema. Además, requerían que fuera por exclusión participar en ciertos modelos de contratación. Lo que desarrollamos es que ellos conservan la posibilidad de seguir contratando bajo su modelo actual, pero la parte de contratos de administración portuaria y de alianzas público-privada son optativos para los puertos existentes», respondió Ayala.
En cuanto a la inspección de la carga, el legislador indicó que se tienen avances para separar las funciones de inspección que estarían a cargo de la fuerza de tarea que es coordinada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con apoyo del gobierno de Estados Unidos, y lo que se estableció es que la Autoridad Portuaria sea la responsable de la parte del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, y dar la oportunidad para que la autoridad establezca convenios con países socios cooperantes para el equipamiento y capacitación, y se garantice el cumplimiento del Código de Protección de Buques.
«Estamos considerando convenios denominados G2G, que es de gobierno a gobierno, que pueden ser desarrollados en ambas partes. También hay una posibilidad para que ciertas contrataciones, por ejemplo, los dragados, sean atendidos por los puertos públicos de forma más ágil en su contratación. También la adquisición de maquinaria y tecnología, por lo que estamos habilitando que los puertos existentes tengan mecanismos para que avancen en su modernización», puntualizó Ayala.
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