La disputa judicial que mantiene inmovilizados Q196.9 millones de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) ha puesto bajo escrutinio al juez Julio César Vásquez Xol, quien en tiempo récord dictó medidas dentro de un proceso que la administración de la entidad estatal asegura no está firme y continúa sujeto a discusión en instancias superiores.
El caso se origina en una querella penal presentada contra Empornac por Luis Pedro Chang Figueroa, administrador y representante legal de Equipos del Puerto, S. A., empresa dedicada al transporte marítimo y cabotaje, la cual fue admitida para su trámite por el Juzgado Tercero Penal.
Ante la resolución judicial, Empornac anunció que este lunes presentará un recurso de reposición y analiza interponer un amparo durante la semana para revertir las medidas. Además, evalúa acciones penales contra Chang Figueroa, a quien señala de haber impulsado mecanismos similares en otros litigios.
El presidente de Empornac, José de la Peña, quien conversó con LaHora.gt calificó como “impresionante” la actuación judicial, al señalar que, pese a existir fallos favorables a la Portuaria en instancias superiores, el proceso penal avanzó con rapidez hasta derivar en medidas que afectan las cuentas institucionales.
De acuerdo con la versión del querellante, existe un contrato de prestación de servicios vigente desde 1998 entre su empresa y Empornac. La resolución judicial señala que entre el 3 de junio de 2004 y el 26 de noviembre de 2008 la Portuaria habría dejado de realizar pagos, lo que habría generado una supuesta deuda.
Sin embargo, la administración de Empornac sostiene que no existe documentación que respalde dicho adeudo. Según De la Peña, se solicitó a la parte demandante pruebas formales de la relación contractual, pero estas no fueron presentadas.
La entidad afirma que el reclamo se sustenta únicamente en un acta notarial elaborada por la parte demandante, sin contratos, licitaciones ni documentación que acredite una relación legal vigente con la Portuaria.
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HISTORIA DEL LITIGIO
Empornac cuestionó el desarrollo del proceso judicial. Según su versión, un juez de primera instancia determinó que no procedía el pago de los Q206 millones; sin embargo, una Sala de Apelaciones de Izabal revocó esa decisión y ordenó el pago.
Posteriormente, la Portuaria interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que resolvió a su favor y ordenó revertir el fallo de la Sala. No obstante, la administración señala que dicha Sala mantuvo su criterio.
El caso llegó después a la Corte de Constitucionalidad, que también respaldó la resolución favorable a Empornac. A pesar de ello, la administración sostiene que aún existen amparos pendientes de resolución, por lo que el proceso no está firme.
En ese contexto, la empresa estatal cuestiona que el Juzgado Tercero Penal haya dado trámite a la vía penal y dictado medidas mientras persisten recursos en instancias superiores.
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Empornac también recordó que en 2019 el querellante habría promovido embargos contra miembros de la junta directiva como mecanismo de presión en un conflicto similar.
La administración sostiene además que en el entorno del caso han surgido señalamientos sobre posibles intentos de negociación a partir de porcentajes de una eventual recuperación económica, aunque estas afirmaciones no han sido respaldadas con pruebas.
Publicaciones periodísticas sobre el querellante, lo relacionan con presuntas investigaciones en casos de aeronaves con compartimentos ocultos y supuestos vínculos con financiamiento político, sin que exista una sentencia firme al respecto.
Foto La Hora: Daniel López.
CUESTIONAMIENTOS EN LA VÍA PENAL
Otro de los señalamientos de Empornac es que el proceso penal avanzó pese a la existencia de recursos constitucionales pendientes de resolución.
La administración considera cuestionable que el Juzgado Tercero Penal, a cargo de Vásquez Xol, haya dado trámite al caso y ordenado medidas en ese contexto.
“¿Cómo es posible que se reciba este caso penal y se le dé trámite con medidas mientras el proceso aún está en discusión?”, expresó una fuente de la entidad.
En 2021, el Ministerio Público solicitó el retiro de su inmunidad al juez Julio César Vásquez Xol por estar supuestamente vinculadoen otros casos que han generado cuestionamientos al vincularlo con un supuesto caso de sobornos relacionado con la estructura criminal conocida como “Los Lemus”, cuando fungía como juez de turno en Puerto Barrios.
Sin embargo, en 2025 el caso fue cerrado por falta de indicios suficientes.
En 2020 también fue cuestionado por ordenar el traslado del líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias “El Lobo”, al sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, decisión que finalmente no se ejecutó tras resoluciones posteriores.
El juzgador ha conocido además procesos vinculados con ex funcionarios, mandos policiales y estructuras de crimen organizado.
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