La reciente orden ejecutiva emitida por el Gobierno de Donald Trump que obliga a mayores controles al sistema financiero que es utilizado principalmente por migrantes, tiene vertientes que la hacen ambigua.
Analistas consultados por LHEconomía coinciden que en Washington no buscaba probablemente golpear las remesas, pero esas ambigüedades hacen pensar que puede terminar haciéndolo, y no por un impuesto directo, sino por la puerta de atrás: complicando la vida bancaria de millones de migrantes.
El 21 de mayo, el gobierno de EE. UU. anunció que aplicará controles más estrictos en los bancos para detectar irregularidades migratorias y financieras. La medida obliga a los bancos supervisados por agencias federales a revisar con mayor detalle a clientes cuya documentación migratoria esté vencida o que presenten datos inconsistentes en sus registros.
Donald Trump pone bajo vigilancia las remesas y endurece controles financieros a migrantes
EL RETO, LA ENTIDAD
Para Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano en Washington, el problema está en que el documento no regula remesas de forma directa, pero apunta a dos frentes sensibles: el uso de empresas de servicios monetarios no registradas y el uso del ITIN —el número tributario individual— para abrir cuentas o acceder a crédito. Aquí está el nudo.
El ITIN permite a los migrantes sin seguro social cumplir con el IRS (el ente recaudador americano) y bancarizarse. Hasta ahora, documentos como la matrícula consular o el pasaporte eran aceptados bajo la Ley Patriota para verificar la identidad.
La nueva orden, sin embargo, señala el ITIN como un “factor de riesgo” de empleo ilegal.
Si eso se convierte en directriz, los bancos podrían exigir SSN (número de seguro social) para mantener o abrir cuentas. El impacto sería masivo. Orozco calcula que hasta 20 millones de personas nacidas en el extranjero podrían verse afectadas.
En Guatemala, casi 70% de los migrantes tienen cuenta bancaria y más de la mitad envía dinero digitalmente desde ahí. Si los bancos cierran cuentas por falta de SSN, el efecto sería doble: menos bancarización y un retorno a la economía en efectivo, justo cuando el sector había avanzado hacia transferencias digitales.
“Es más perjudicial que un impuesto”, dice Orozco. Un impuesto encarece, pero esta medida puede excluir. Al empujar a los usuarios fuera del sistema formal, se debilita precisamente lo que busca proteger la normativa contra lavado de dinero y fraude, añadió el analista.
LOS BANCOS, LOS PRIMEROS IMPACTADOS
El economista Mario García Lara lo resume de forma clara. Los primeros en sentir el golpe serán los bancos estadounidenses, que verán subir sus costos de cumplimiento y se volverán más cautos para abrir cuentas y dar crédito.
Los segundos serán los migrantes sin bancarizar, que tendrán que pagar tarifas más altas al usar remesadoras no bancarias. La paradoja es que, en el corto plazo, podríamos ver lo contrario de lo esperado. García Lara advierte que los migrantes ya bancarizados suelen acelerar sus envíos en las primeras semanas tras medidas antiinmigrantes, como un reflejo de precaución.
“Veremos un aumento, no una reducción, el próximo mes”, agregó. Pero el efecto se revierte después: al encarecerse y complicarse los envíos bancarios, el flujo migrará hacia canales no bancarios, más lentos y caros. El resultado neto será una desaceleración del crecimiento de las remesas, no un desplome inmediato.
IMPACTO EN REMESADORAS
Las remesadoras seguirán operando, ya que la medida afecta a bancos en EE. UU., pero incurrirán en más controles y costos. El migrante indocumentado asumirá el riesgo y el precio.
El golpe, explica Rosario Martínez, coordinadora del programa Migración y Desarrollo de FLACSO, vendrá por la vía de los costos y los controles que esos mismos bancos estadounidenses tendrán que aplicar a sus plataformas.
Eso obliga a las remesadoras aliadas a bancos a actualizar registros, cambiar procesos y sumar tecnología de cumplimiento. El cambio no es inmediato para el usuario, pero sí lo es en la factura.
Los costos de adaptación se trasladarán a las tarifas y a los tiempos de envío. “Quien sentirá el impacto de inmediato es el migrante sin documentación” añade Martínez. Con más controles y filtros bancarios, muchos buscarán vías alternativas para enviar sus ahorros, sobre todo ante el temor de una deportación.
Buscar opciones fuera del sistema bancario expone al migrante a canales más riesgosos y caros. La informalidad no solo implica comisiones más altas, también mayor vulnerabilidad para el remitente y para la familia que espera el dinero.
La medida, suma Martínez, se añade a las preocupaciones que ya cargan los indocumentados en EE. UU. y los empuja a tomar decisiones bajo presión. El problema, sin embargo, no se queda en Estados Unidos. La otra cara de la migración indocumentada es lo que pasa en Guatemala cuando el dinero deja de llegar.
MÁS LENTITUD
El ajuste ya se perfila. Los bancos en Guatemala reducirán sus operaciones con bancos estadounidenses y las moverán hacia empresas no bancarias. Eso encarece el envío y lo hace menos inmediato.
Los expertos señalan que el escenario más probable es una transición lenta: menos remesas por banca estadounidense, más por remesadoras, y una velocidad de crecimiento menor. No hay ruptura, pero sí fricción. Y en un país donde las remesas representan cerca del 20% del PIB, cualquier fricción se siente en el consumo de millones de hogares.
La medida no cierra la llave de las remesas, pero sí estrecha la tubería. Si se implementa sin matices, corre el riesgo de sacar a millones del sistema financiero formal, elevar costos y empujar flujos hacia canales menos transparentes. El impacto no será inmediato, pero sí estructural: más caro, más lento y más informal.
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