La salida de Consuelo Porras del Ministerio Público (MP) comenzó a abrir una ventana a información que durante años permaneció fuera del escrutinio público. Un día después de que la ex fiscal general dejara el cargo y fuera sustituida por Gabriel García Luna, La Hora solicitó, por acceso a la información, detalles sobre los recursos destinados a su seguridad personal durante los dos periodos que ocupó la jefatura del ente investigador.
La respuesta oficial permite reconstruir, por primera vez, la dimensión del esquema que acompañó a Porras en su doble gestión, entre 2018 y 2026: una estructura que llegó a estar integrada por 51 agentes de protección, una flota de hasta 21 vehículos y un gasto acumulado de Q2.04 millones en combustible.
Los datos, proporcionados por la Unidad de Información Pública del MP, muestran que la ex fiscal general inició su primera gestión con 43 agentes asignados a su seguridad y ocho vehículos destinados a su movilización y protección.
Ocho años después, al concluir sus dos mandatos, el número de vehículos prácticamente se había duplicado y la cantidad de agentes había alcanzado niveles inéditos durante su administración.
La evolución del esquema no fue lineal. Mientras el número de agentes permaneció relativamente estable durante los primeros años, la flota vehicular creció de forma acelerada. De los ocho automotores registrados en 2018 se pasó a 14 en 2019, 15 en 2020 y 21 en 2021, el punto más alto de toda la serie.
Aquel año coincidió con uno de los periodos de mayor poder político de Porras. Su administración ya acumulaba cuestionamientos por el cierre de investigaciones de corrupción y por las acciones emprendidas contra fiscales, jueces y abogados que participaron en casos que revelaron corrupción de gobiernos pasados.
Sin embargo, el cambio más significativo ocurrió después.
EL PICO DE SU PROTECCIÓN
En 2023, el MP quedó en el centro de una crisis política sin precedentes tras las elecciones generales. Las actuaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que dirigió Rafael Curruchiche, avaladas por Porras, contra el proceso electoral y contra el partido Movimiento Semilla provocaron condenas de organismos internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos, que calificaron las acciones como un intento por impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo.
Las protestas se instalaron durante meses frente a la sede central del MP, en el barrio Gerona, y tuvieron como principal demanda la renuncia de Porras y de otros funcionarios del ente investigador que pertenecieron a la cúpula de su administración.
A partir de entonces, las apariciones públicas de la entonces fiscal general se volvieron cada vez más escasas. Si antes evitaba a la prensa, sus conferencias de prensa desaparecieron prácticamente de la agenda institucional y su presencia en actividades públicas se redujo totalmente.
Pero mientras la figura pública de Porras —sancionada por 44 países por sus acciones corruptas y antidemocráticas— se volvía menos visible, el aparato de seguridad destinado a protegerla alcanzaba su mayor tamaño.
Los registros muestran que el número de agentes pasó de 40 en 2022 a 49 en 2023. Un año después aumentó a 51, la cifra más alta de toda su gestión. En 2025 descendió a 47 y en los primeros meses de 2026 cerró con 46 agentes asignados.
Este año la presencia de su esquema de seguridad volvió a hacerse visible en varias actividades públicas relacionadas con sus intentos por mantenerse en espacios de poder. Sin embargo, sus aspiraciones no prosperaron: quedó fuera de la nómina final para la Fiscalía General y tampoco logró obtener una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Uno de los episodios que mejor retrató la dimensión y la actuación de su aparato de seguridad ocurrió durante la elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la CC.
Ese día, el dispositivo de protección desplegado alrededor de Porras protagonizó varios incidentes con periodistas que daban cobertura a la jornada. Mientras la ex fiscal general emitía su voto, agentes de seguridad impidieron el acercamiento de reporteros y camarógrafos.
Posteriormente, cuando abandonaba el lugar para abordar una camioneta blindada, integrantes de su equipo retuvieron a un camarógrafo y le exigieron su documento de identificación. La cobertura también registró empujones y agresiones contra periodistas, incluso una cachetada por parte de una agente a un fotoperiodista.
En medio del operativo, Jesús Porres de Paz, esposo de Porras y entonces subjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, participó en la formación de un cordón humano alrededor de la funcionaria para evitar que fuera abordada por la prensa.
La misma tendencia puede observarse en los recursos destinados al funcionamiento de ese esquema.
Q2 MILLONES EN COMBUSTIBLE
Entre 2022 y 2024, los años que abarcan la crisis poselectoral y los momentos de mayor aislamiento público de la fiscal general, el gasto en combustible se mantuvo entre los más elevados del periodo. En 2022 alcanzó Q285 mil 450; en 2023 sumó Q290 mil 50; y en 2024 llegó a Q256 mil.
En total, el MP reportó una ejecución de Q2 millones 49 mil 200 en gasolina y diésel para los vehículos vinculados a la seguridad de la fiscal general durante los ocho años de administración.
Los registros también muestran que la flota estuvo integrada principalmente por camionetas y pick-ups de las marcas Toyota, Volkswagen y Nissan, además de una camioneta Lexus. La mayoría de los vehículos correspondían a modelos fabricados entre 2011 y 2020.
Aunque el número de automotores comenzó a disminuir después de 2021, cuando alcanzó las 21 unidades, la reducción fue gradual. En 2022 se registraron 19 vehículos; en 2023 fueron 18; en 2024 y 2025 se mantuvieron 16; y en 2026 la administración concluyó con 15 unidades asignadas.
La información fue entregada semanas después de que La Hora presentara la solicitud de acceso a la información pública.
Durante la administración de Porras, diversos sectores cuestionaron las restricciones para acceder a información relacionada con el despacho superior del MP. Datos vinculados con salarios, incrementos y otros aspectos administrativos fueron objeto de controversias y recursos legales que limitaron el escrutinio público sobre la gestión de la fiscal general.
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