Quito (EFE).- Familiares del candidato presidencial asesinado la semana pasada, Fernando Villavicencio, presentaron este viernes una denuncia por el delito de “asesinato por omisión dolosa” contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, como representante del Estado, y contra otras autoridades.
La denuncia también se dirige contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, entre otros, por considerar que no se cumplieron los protocolos de seguridad ni la protección completa que debía tener Villavicencio, quien tenía un nivel de riesgo del 97 %, determinado por la propia Policía.
Marco Yaulema, abogado de la familia, recordó que Villavicencio realizó investigaciones desde 2007, entre ellas algunas relacionadas con actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado.
Realizó “alrededor de 200 investigaciones y denuncias de corrupción” y escribió unos once libros sobre los mismos temas, dijo al agregar que Villavicencio “soportó una de las mayores persecuciones tanto del ámbito político como el ámbito judicial”.
Una semana antes de su asesinato al salir de un mitin político, en Quito, Villavicencio había denunciado amenazas en su contra y aseguró que en la institución policial existían miembros policiales que presuntamente con relaciones con la mafia.
Protocolos de seguridad
Yaulema cuestionó los protocolos de seguridad del 9 de agosto, cuando asesinaron a Villavicencio al entrar en la parte trasera de una camioneta de doble cabina, que estaba en la calle, que no estaba blindada, ni tenía conductor, mientras que el vehículo que sí contaba con blindaje estaba a dos minutos de llegar, según comentó.
“Oh sorpresa, no esperaron estos dos minutos, lo trasladaron a Fernando Villavicencio sujetado de brazos, con una botella en la mano izquierda, no sé de qué sustancia, sujetado por miembros policiales de los brazos, impidiendo su movilidad”, señaló.
Agregó que no existió el número adecuado de custodios, aunque la Policía dice que Villavicencio tenía tres anillos de seguridad.
“Cuando ya estaba en el asiento posterior, recibió dos balazos en la cara y uno en el cerebro”, detalló al subrayar que “hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante”, por lo que presentaron la denuncia por el delito de asesinato por omisión dolosa, penado con hasta 26 años de cárcel.
Subrayó que irán hasta distintos organismos internacionales de ser necesario pues no confían en la justicia del país.
En una rueda de prensa, en la que estuvieron la hija mayor, dos hermanos, el tío y Patricia Barragán, que recibió disparos durante el atentado a Villavicencio, Yaulema cuestionó también que el sospechoso de haber disparado, no haya sido trasladado inmediatamente a una casa de salud con custodia, sino llevado a instalaciones de la Fiscalía, donde murió.
Seguridad a la familia de Villavicencio
Yaulema apuntó que el núcleo familiar y los cercanos a Villavicencio necesitan protección urgente, y dijo que si les ocurre algo, “será responsable el Estado”, por omisión.
Al conocerse del asesinato, Lasso expresó sus condolencias y dijo que el crimen no quedará impune.
“Si él (Lasso) quería en realidad proteger a Fernando Villavicencio, tenía que haber realizado políticas idóneas que no las hizo”, comentó el letrado.
El próximo domingo, los ecuatorianos irán a las urnas para votar en una consulta popular nacional y otra local sobre temas vitales para el medioambiente y para elegir a quien completará el período en la Presidencia para el que fue elegido Lasso, entre 2021 y 2025.
En mayo pasado, Lasso disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, cuando se disponía a debatir y votar su destitución en un juicio político de censura en su contra por presunta malversación, que él negaba.
Al mismo tiempo, invocó la llamada “muerte cruzada”, contemplada en la Constitución, y pidió la convocatoria de elecciones extraordinarias, acortando así su mandato a la mitad, por lo que quien lo reemplace gobernará hasta el 24 de mayo de 2025.
Siete aspirantes buscan suceder a Lasso, mientras que el Consejo Electoral calificó la candidatura de Christian Zurita en reemplazo de Villavicencio, que aún está pendiente de inscripción.
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